Estos tiempos son exigentes para quienes se han propuesto, sobre todo, comprender lo que pasa, porque para actuar tiene que haber un sentido que vaya más allá de la tarea inmediata. La acción inmediata que, más que acción creativa, es reacción, respuesta condicionada en un ambiente polarizado (o sea, llevar la contraria, como sea, al "enemigo"), tiende a dejar pasar los verdaderos cambios en la situación global, y así llega a ser equivalente paradójico de la inercia; un simple reflejo automático. El tan comentado "empate estratégico", la imposibilidad de cada lado de eliminar al contrario, contribuye a esa sensación de estancamiento en los automatismos estúpidos, los cuales, para funcionar, no necesitan ninguna reflexión. Porque, si bien hay una sorpresa diaria en las redes sociales que han generalizado el amarillismo como el estilo propio de la época (con todo y el escándalo y las falsedades virales), y crean la ilusión de que todo cambia demasiado rápido; se constata que, en realidad, nada ha cambiado, y se mantienen las mismas fatales tendencias: empobrecimiento sin fondo, oscurecimiento de las visiones, violencia verbal y física, desintegración social. Hay una distorsión en la percepción del tiempo. Y no sólo debido a la cuarentena. Esa es la exigencia: detectar, describir y tratar de entender los cambios verdaderos; que quizás no sean espectaculares, aunque sí puedan preparar grandes sorpresas y virajes. Por eso la reflexión y el debate acerca de las tendencias generales, propia de la teoría, no debe fallar.
Desde la crisis de hegemonía y legitimidad de los años 1998 y 1999, el lenguaje político en Venezuela se llenó de referencias a la Constitución, a lo constituyente y a lo constituido. Tres veces la promesa de una nueva Constitución, ha adquirido relevancia en el discurso político venezolano en los últimos 20 años. La incapacidad de aquella cúpula dirigente bipartidista (AD, COPEI, pero también los grupos de "notables" que venían haciendo notar la necesidad de reformar el estado venezolano desde hacía años), fue un factor para que la figura de ruptura de Chávez se impusiera. En aquel momento, aquellas fuerzas sociales innovadoras se amalgamaron en un solo significante central, una consigna, una tarea, que significó toda la cadena de demandas sociales: la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución de 1999.
La cuestión de la legitimidad y las instituciones se convirtió en tema de masas. Hoy todavía lo es. Fue muy sabio el pueblo venezolano, al concentrarse en ese punto y darle una salida pacífica, a través de la participación electoral, plebiscitaria, y no otras vías, como la armada. No se trataba únicamente de elegir un nuevo presidente; sino de asumir una nueva institucionalidad, un nuevo acto de fundación de la república. Esto no lo entendió la oposición de aquel momento, dirigida por los sectores más impulsivos y soberbios, el de los dueños de los medios televisivos, inflados por su logro de sustituir en muchas de sus funciones a los Partidos Políticos, los gremios empresariales y sindicales, en plena desintegración. Tampoco lo entendió la llamada "meritocracia" de aquella PDVSA, referencia inevitable por sus valores para una clase media de profesionales que no se identificaba en el mar de pobres en que se había convertido su bello país de paisajes increíbles. Por esa fatal incomprensión, propia de los grupos que pierden la hegemonía, se fue de error en error, de derrota en derrota: del golpe de estado, al "paro general", al paro petrolero, a la derrota en el referendum, de la abstención en las parlamentarias en 2005, etc.
Cuando Chávez recapacitó de sus devaneos ideológicos (recordar que fue, desde la autoayuda esotérica del "oráculo del Guerrero", hasta el "Tercer Camino" de Tony Blair) y asumió la consigna "socialismo del siglo XXI" (¿Distinto del del siglo XX?¿Cómo sería?), al calor del crecimiento de las opciones políticas antineoliberales en el continente, abrió una nueva etapa en el proceso. Pero deshizo con los pies lo que había ido construyendo, con la alegre impulsividad de las masas: la posibilidad de resolver el problema de la hegemonía y la legitimidad. La derrota de los enemigos de la Constitución, no significaba su aniquilamiento. Así como Chávez seguiría allí, los otros también. Y también la Constitución.
No sabemos con precisión qué pasó por el cerebro de Chávez cuando propuso la reforma constitucional de 2007. No se trataba únicamente de personalismo, de una percepción megalómana de su significación personal en la historia venezolana, aunque hubo algo de eso. Pero, si sólo hubiera sido eso, habría propuesto, de entrada, la enmienda que, a la postre, se aprobó en referéndum, con el fin de repetir indefinidamente su postulación como presidente de la República; aunque haya tenido que condescender en otorgarle el mismo derecho a todos los funcionarios electos.
No. La propuesta de reforma se convirtió en un nuevo proyecto constitucional. Un mamotreto de 69 artículos el cual debió haber motivado una nueva Asamblea Nacional Constituyente para su discusión, dada la profundidad de algunos de los cambios que allí se proponían. No se trataba de una simple reforma. Incluso cambiaba el carácter del estado, pasando a ser "socialista", significara lo que significase esa palabra ¿Fueron los diputados de la Asamblea Nacional, entonces en manos totalmente del mismo partido chavista, los que inflaron el proyecto? ¿O Chávez, como líder supremo, se los pidió? Por otra parte, ¿se debió a una "viveza criolla" la elección del camino de la reforma, para la cual bastaba con el referendum aprobatorio, y no el de una nueva Constituyente, con todo el engorroso proceso de consultas y deliberaciones amplias? ¿La decisión de este camino tuvo que ver con la confianza producida por el reciente éxito electoral de 2006? Es muy posible. "Si este instrumento fue exitoso, no hay por qué cambiarlo", debió haber sido el razonamiento del líder. El poder de Chávez se había hecho plebiscitario ¿Y si el plebiscito no funcionaba? Pues, para eso estaba el famoso "Poder constituido". Ya veremos cómo terminó imponiéndose.
En el nuevo proyecto constitucional, presentado astutamente como reforma, entre otras muchas cosas, se sobredimensionaban los poderes del presidente, principalmente en la reestructuración de la división Político territorial del país. Aunque se mantenía declarativamente el carácter federal de la Nación, el dibujo de las instituciones indicaba claramente una centralización acentuada en torno al Presidente de la República.
Otro punto polémico, quizás decisivo, fue la confusa definición de las variantes de propiedad. No se sabía si una "propiedad social" era lo mismo que la "colectiva", y si esta era del Estado, pues él tenía su propia forma de propiedad, al mismo tiempo que se reconocía de pasada la propiedad privada y las propiedades comunitarias, personales, etc. Por otra parte, se planteaba el exabrupto (y la inmensa confusión) de llamar "Poder Popular" a un nuevo Poder Público que, en la realidad de la norma propuesta, no era más que un órgano local del mismo Poder Ejecutivo. Las organizaciones populares perdían así toda su autonomía respecto del Estado. Nada raro, entonces, que el mecanismo de la "cooptación" se comenzara a emplear masivamente en organizaciones como los consejos comunales, para garantizar el control por parte del "aparato".
Sabemos en qué paró aquello. La oposición obtuvo su primera "victoria de mierda", sin siquiera haber hecho nada al respecto, aunque ella, su "poderío mediático", el apoyo del imperialismo, etc., hubiesen sido señalados como "culpables" de aquella derrota de Chávez. Este manifestó, repetida y amargamente, su despecho. Acusó varias veces de "atraso político" y "traición" a esos millones de votantes que se abstuvieron, después de haber votado por él. Aunque luego abrió la posibilidad de las críticas a las políticas y a los desempeños de los funcionarios, aquella limitada apertura al nacimiento de las "mil flores y mil escuelas de pensamiento" (como diría Mao: fueron los tiempos de las "tres erres" ¿se acuerdan?), que remató en el señalamiento de "hiperliderazgo" de parte de un grupo de intelectuales que apoyaban al presidente, sólo consiguió un sarcasmo del entonces Canciller Maduro ("habladores de paja") y una explicación, un tanto confusa, de su estilo gerencial, de parte de Chávez. Luego vino la convocatoria a la enmienda, en la cual, sí, su electorado apoyó la reelección repetida. La verdadera respuesta vino después.
La Asamblea Nacional de entonces (en manos exclusivas del PSUV) aprobó el conjunto de leyes llamadas "del Poder Popular", que consistieron, en la práctica, en la conversión en Poder Público (o sea, parte del Estado, y más específicamente del Poder ejecutivo) las organizaciones de base popular que habían proliferado en los momentos anteriores del proceso. Eso estaba en la reforma constitucional derrotada. Por otro lado, el poder del presidente creció exponencialmente al hacer desaparecer de hecho la autonomía del Banco Central y subordinar completamente a PDVSA a las masivas inversiones del Gobierno. Millardos y millardos salieron para garantizar el esquema cambiario con que se financiaron las importaciones masivas para compensar la creciente parálisis del parque industrial nacional, el enriquecimiento de importadores fraudulentos, fuga gigantesca de capitales y el negocio del "raspar tarjeta". El presidente designó "protectores" con presupuesto propio, como figura paralela a los gobernadores de estado. Es decir, Chávez intentó implementar su reforma constitucional por la vía de hecho.
La tercera vez en nuestra historia reciente que la Constitución, lo constituyente y lo constituido, volvieron al debate, fue con motivo de la generalización de las "guarimbas" en 2016. Nunca llegó a ser una "insurrección", aunque algunos grupos opositores (los trotskistas, por ejemplo) hablaron de eso. Las grandes marchas ya habían dado paso a expresiones localizadas de encapuchados, de delimitados enfrentamientos con la policía de grupos relativamente pequeños con armamento casero. Eventos de gran efecto, como la presunta quema de un muchacho señalado como "chavistas" por esos encapuchados, enturbiaron el ambiente más allá de la real significación política. Frente a esta "violencia", el presidente Maduro convocó una Asamblea Constituyente, como si la Constitución fuera la causa de la violencia opositora y la política del imperialismo. Dijo apoyarse en la Constitución, aunque en esta no figuraba por ninguna parte su integración corporativa por sectores sociales, además de haber dejado de lado el principio (constitucional también) de la progresividad de los derechos, por la cual la convocatoria debía ser consultada mediante un referéndum. Maduro optó por imponer su potencia electoral, estimulada por un uso hábil del chantaje de la intervención imperialista y la amenaza asesina de la oposición. Así, y gracias a esa escalada destructiva de las instituciones mediante un TSJ integrada por militantes, se garantizó un poder "supraconstitucional" que significó en la práctica la muerte del Poder Legislativo y, con él, del orden institucional de la Constitución de 1999.
Ahora, hace poco, el mismo Presidente Maduro, ha anunciado que la Constituyente desaparecerá en diciembre, después de varios años sin haber conocido ni siquiera un esquemita de la nueva Constitución, cuya confección es la única tarea que le asigna la Constitución. Como diría uno de los mismos constituyentes, no sorprendería que saliera una versión "express" de una nueva Constitución, improvisada, un bodrio sin la activa consulta que caracterizó al proceso constituyente de 1999, sin debate y sin deliberación, impuesta por la disciplina mecánica de un aparato que hace tiempo no conoce una discusión libre de ideas, y sí la mentalidad de adulantes, resumida en la frase "lo que diga el jefe".
Y a pesar de esos irrespetos a la institución constitucional, tanto de la oposición, como del gobierno (e incluso, de Chávez), la Constitución persiste como referente. Y es que es necesaria, precisamente, por el "empate catastrófico" visible en el plano de la lucha real por el poder. Por eso la línea general de cualquier agenda legislativa a adelantar en el futuro debe ser reanudar el funcionamiento institucional establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es ella la que da el marco de reglas para dirimir los conflictos entre los venezolanos. Es en ella donde podremos soñar y trabajar por un futuro y salir de este estancamiento que se hunde en la miseria y la inviabilidad nacional.