La pandemia por COVID-19 ha representado el marco ideal para que la administración de Maduro haya consolidado en buena medida un proyecto neoliberal que venía cocinándose en Venezuela desde hace varios años. Tanta crítica de las autoridades dizque socialistas al puntofijismo, al imperialismo, y en general al capitalismo, para nada, considerando que las medidas económicas procapitalistas adoptadas por la "revolución" de Maduro ya superaron con creces, por ejemplo, a las ejecutadas por el tristemente célebre Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Aquí es clara la reciente Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional (10-2020), planteando la menor intromisión posible del Estado en la economía: "Artículo 15. Se creará el Centro Internacional de Inversión Productiva, como ente encargado del registro, estudio y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de la evaluación, aprobación y promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de esta Ley Constitucional y la gestión de la Marca País, como estrategia orientada a la promoción de inversiones y el comercio exterior".
De manera que usando como excusas los bloqueos y sanciones cortesía del Imperio estadounidense y sus aliados, la cada vez menor disponibilidad de recursos financieros, la casi quiebra de PDVSA y la emergencia sanitaria del presente año (2020), que ciertamente son situaciones reales, el nefasto Gobierno "revolucionario" ha actuado inequívocamente en favor del gran capital local y foráneo, y por obviedad en perjuicio de las masas, afectando de forma notable a los asalariados gracias a medidas y acciones como:
1.- La brutal y progresiva liberación de precios, que incluyó la eliminación del precio justo, antiguo PVP (precio de venta al público), y PMVP (precio máximo de venta al público). En este sentido se dio vía libre desde el Ejecutivo, para que numerosos empresarios-comerciantes hayan producido y distribuido sus mercancías y prestado diversos servicios a los costos que les ha venido en gana, sin ningún control gubernamental (dejar hacer, dejar pasar). De esta forma se ha estimulado la delincuencia económica de todo tipo, siendo protagonista la élite industrial, comercial y financiera, que en corresponsabilidad con los gobiernos nacional, estadales y locales, sumieron a buena parte del pueblo venezolano en un total estado de indefensión.
2.- La megadevaluación cambiaria, factor responsable en buena medida de la hiperinflación que azota con más dureza a los pobres. El dólar, a pesar de que su liderazgo-referencia en el mundo parece tener sus días contados, ha hecho estragos en la vida de millones de ciudadanos en Venezuela, cuya moneda nacional prácticamente no tiene ningún valor.
3.- La generación de condiciones más que favorables para el alto capital privado nacional, y la profundización de la megadependencia y la sumisión a los intereses de corporaciones globales, ya no sólo respecto a la menguada economía petrolera, sino en cuanto a la extracción de las riquezas del llamado arco minero del Orinoco:
Artículo 29. El Ejecutivo Nacional podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional" (Ley Constitucional Antibloqueo…).
Y aunque Venezuela esté casi en la ruina, con una gigantesca deuda externa a cuestas y con escasa posibilidad de salir adelante en medio de la confrontación de los intereses de potencias como Estados Unidos, China, Rusia e Irán, su Gobierno "revolucionario" continúa priorizando los negocios poco provechosos con las naciones poderosas, que al fin y al cabo solo negocian en favor de sus propios beneficios llámense como se llamen.
4.- La drástica reducción de los históricamente limitados beneficios salariales y laborales, hasta el punto de que el sueldo mínimo no llega a los 2 dólares mensuales, o unos cuantos centavos diarios, y de que la flexibilización está a la orden del día (despidos injustificados) A estas alturas ya los trabajadores no tienen derecho ni a aprovechar los seguros por hospitalización. Y lo peor de todo es que no se pretende, desde el Ejecutivo, solventar esta lamentable situación, sino aplicar medidas coyunturales "compensatorias":
"Artículo 18. Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta Ley Constitucional, luego de costos, gastos, inversiones y recursos atados a la administración de pasivos, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano, así como a la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades. El uso de los recursos estará orientado de manera preferente a los siguientes objetivos:
1. Desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras (…)".
Queda claro, de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, que el Gobierno "revolucionario" no va a establecer unos salarios dignos, para no perjudicar las ganancias del gran sector económico público y del privado, y para que las élites continúen apropiándose indebidamente de los fondos estatales. Se seguirán repartiendo los míseros bonos vía carnet de la patria, como uno de los sistemas "compensatorios".
5.- Los progresivos recortes estatales en materia sanitaria, educativa, alimentaria y social. En consecuencia se han eliminado parcialmente algunos subsidios, generando, por ejemplo, una desmejora notable en la salud pública, en la distribución de alimentos vía CLAP y en la formación educativa y calidad de la educación pública. En general la inversión social día tras día se reduce, abriendo una gran brecha para la posible privatización de absolutamente todo.
6.-La cada vez menor inversión del Estado en los servicios básicos, trayendo como consecuencias, entre otras, la notable mala calidad en la prestación de algunos de aquellos (electricidad, agua potable y comunicaciones) y la privatización en buena parte de ciertos servicios, como la recolección de desechos y la distribución de gas doméstico, combustible que por cierto ha sido vendido por los empresarios-delincuentes encargados del ramo a como les ha dado la gana, y con gran ineficiencia. Se incluye aquí la casi eliminación de los subsidios a la venta de la gasolina y a la prestación del servicio de transporte público ofrecido por el Estado y por particulares; en este contexto el aumento brutal en los pasajes del transporte urbano y extraurbano no se hizo esperar, para desgracia de quienes solamente por movilizarse han tenido que gastar más de lo que perciben.