Los izquierdista de los países en vías de desarrollo sostienen desde hace tiempo que toda democracia auténtica —dotada de normas justas que impidan que las grandes empresas compren las elecciones— desemboca necesariamente en gobiernos favorables a la redistribución de la riqueza. Su lógica es muy simple: en esos países, hay muchas más personas pobres que ricas. Las políticas que interesan a esa mayoría pobre son, claramente, las de redistribución directa de tierras e incremento de los salarios, y no las de la llamada economía del goteo o de la filtración descendente. Por lo tanto, si se otorga el derecho al voto a todos los ciudadanos y un proceso electoral razonablemente limpio, éstos elegirán antes a los políticos que más dispuestos parezcan a dar empleos y tierras que a los que ofrezcan promesas relacionadas con el libre mercado.
Por todos esos motivos, Friedman había intentado durante bastante tiempo superar una paradoja intelectual: como heredero del legado de Adam Smith, creía apasionadamente que los seres humanos se rigen por su propio interés y que el pueblo funciona mejor cuando se permite que ese interés privado guíe casi todas las actividades… salvo una: votar. Como la mayoría de los pueblos del mundo son pobres o viven por debajo del nivel medio de renta de sus respectivos países (también en Estados Unidos), lo que más les conviene a corto plazo es votar a políticos que prometan redistribuir la riqueza en sentido descendente (hacia ellas) desde la cima de la economía. Los votantes que tengan niveles de ingresos situados en la media de los del electorado o por debajo de ella saldrían ganando si se transfirieran renta hacia sí mismos.
Comprensiblemente reacias a entablar una guerra con las instituciones de Washington propietarias de sus deudas, las nuevas democracias, acuciadas por la crisis, no tenían apenas otra opción que seguir las normas fijadas desde la capital estadounidense. Y, precisamente entonces, a principio de la década del 2006, las reglas de Washington se volvieron muchos más estrictas debido a que la deuda coincidió (y no por casualidad) con una nueva era en las relaciones Norte-Sur. Aquél fue el amanecer de la era del "ajuste estructural", también conocida como la de la dictadura de la deuda. Cuanto más seguía sus recetas la economía global (tipos de interés flotantes, precios desregulados y economías orientadas a la exportación), más proclive a las crisis se volvía el sistema, lo que provocaba cada vez más debacles como las que propician las circunstancias.
Como la ONU, el Banco Mundial y el FMI habían sido creados como respuesta directa al horror de la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo en mente de no repetir nunca más los errores que habían hecho posible el auge del fascismo en pleno corazón de Europa, las potencias mundiales se reunieron en 1944 en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) para crear una nueva arquitectura economía. El Banco Mundial y el FMI, financiados a partir de las contribuciones de sus 43 países miembros iniciales, recibieron el mandato explícito de impedir quiebras como las que habían desestabilizado los cimientos de la Alemania de Weimar. El Banco Mundial realizaría inversiones en a largo plazo para sacar a los países de la pobreza, mientras que el FMI ejercería el papel de una especie de parachoques global, promoviendo políticas económicas que redujeran la especulación financiera y la volatilidad de los mercados. Cuando un país diera síntomas de estar cayendo en una crisis, el FMI entraría en acción por medio de subvenciones y préstamos para la estabilización, con lo que impediría las situaciones críticas antes de que se produjeran. Ambas instituciones, ubicadas una frente la otra en la misma calle de Washington, coordinarían sus repuestas.
¡La Lucha sigue!