La democracia tiene un defecto de fábrica que la ha acompañado a lo largo de su creación, falla que ha empeorado con el pasar de los tiempos en algunas naciones y en otras ha sido minimizada, ese defecto es la separación real de los intereses personales/grupales de quienes detentan el poder de los intereses nacionales.
En los países con democracias jóvenes y culturas políticas inmaduras como Latinoamérica, el fenómeno de "mezcla de intereses" es mucho más marcado que en aquellos Estados con niveles altos de institucionalización como la Europa nórdica.
En nuestra región, es lugar común observar como quienes llegan al poder quieren enclaustrarse en él para convertirse en élite política y posteriormente en élite económica, el chavismo es el ejemplo más fidedigno de este fenómeno en el siglo XXI, tanto que finalmente decidió sustituir la democracia por el castrismo, con aderezos de regímenes emparentados.
¿Cómo salvar la democracia? Este tema lo hemos tratado principalmente en otros artículos internacionales, motivado que a lo interno de Venezuela la realidad exige abordar otros tópicos, sin embargo, lo traemos a colación porque sí queremos pensar en un país distinto es determinante tener claras las nuevas bases en que será cimentado. El secreto de la democracia no es la ideología, al contrario, estas resultan ser un veneno autodestructivo muy eficaz, el secreto es la institucionalidad, es decir, el irrestricto apego a la ley por parte de las instituciones del Estado.
¿Cómo lograr la institucionalidad? En Venezuela, a menos que la descentralización sea tomada en serio, los poderes públicos nacionales son el sostén de la democracia, conforme actúen éstas marcha la democracia, el país. En consecuencia, es la Asamblea Nacional, y los poderes que ella elige, la responsable del bienestar del país más que el presidente, a pesar que somos un arcaico sistema presidencialista, el resto de los poderes nacionales constitucionalmente pueden/deben controlarlo, pero sí estos poderes incumplen su rol, el ejecutivo nacional se convierte en una especia de caudillo, reyezuelo y es lo que ha ocurrido los últimos 20 años.
Para lograr la institucionalización, nuestra carta magna debe ser otra muy distinta a la actual, donde prevalezca la descentralización, la separación de poderes, el respeto irreductible de las libertades y derechos de los ciudadanos por parte del Estado, donde el trabajo y la educación sean los motores del desarrollo. Mientras, ayudaría mucho que en los actuales artículos 249, 263, 280, 284, 288 y 296, donde se describen los perfiles exigidos para ser Procurador General, Magistrado, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Contralor General y Rectores respectivamente, se prohíba taxativamente ejercer estos cargos a ciudadanos vinculados (pasado y presente) con partidos políticos.
De este modo, nos aseguraríamos no solo la imparcialidad de los poderes públicos sino de la idoneidad de los titulares, tendremos como magistrados a los mejores abogados, como defensor del pueblo y fiscal general a los paladines reales de DDHH, como rectores CNE a venezolanos comprometidos con el país, no con tendencia partidista alguna.
En la forma como hoy rige la ley, la burlesca firma de una supuesta renuncia al partido es la determinación fehaciente de imparcialidad e independencia, aunque publica y notoriamente esa persona sea una figura partidista rimbombante ¡Es una burla! Por tal motivo, en lugar de poderes públicos nacionales tenemos extensiones partidistas, los partidos y sus destructivas ideologías (serviles a pocos) nos está asesinado la patria ¡Para pensarlo!