El Estado burgués en cualquier país capitalista siempre ha privilegiado a las élites económicas y financieras de en su afán de aumentar la plusvalía, especular en la cadena productiva-consumidora, incrementar la usura y minimizar la contribución tributaria; todo ello, con el pleno goce de una falta de control e inspección por parte del Estado. Es decir, la burguesía imponiendo en la sociedad la idea liberal de que individuo más competitivo es quien surge exitosamente teniendo como recompensa al Estado para que lo proteja y esté a su servicio, y una economía de libre mercado expandiéndose a sus anchas para alcanzar mayores éxitos a costa de empobrecer a otros y pisando a todo aquel que se atraviese.
Como consecuencia, el burocratismo aunado a la corrupción son males estructurales que pululan en el Estado burgués postrado a los pies de las élites, por cuanto brinda facilidades objetivas y subjetivas para que el egoísmo, la alienación y la deshonestidad se expresen abiertamente para incentivar en el funcionario el deseo de ser un pequeño burgués mediante prebendas y comisiones, cual práctica "lobbysta" en el poder público estadounidense.
Ahora bien, por un lado, si queremos erradicar tales males dentro del actual Estado venezolano que aún mantiene visos de ser burgués, existe objetiva y constitucionalmente un ente estatal en la República Bolivariana de Venezuela que puede cumplir con dicho objetivo, ¿cuál es?: el poder legislativo nacional ahora en manos de la revolución bolivariana, que tiene entre sus funciones controlar el gobierno y la administración pública nacional; todo ello, en el marco de una política nacional de descentralización preservando la unidad de la Nación, como lo establece la Constitución.
Sin embargo, aunque la misma carta magna crea los consejos legislativos estadales y municipales, sus funciones se limitan sólo a legislar y a sancionar las respectivas leyes de presupuesto; mientras las contralorías se centran meramente en supervisar los ingresos, gastos y bienes correspondientes a las gobernaciones y alcaldías. De tal forma que existe un tremendo vació en las regiones y localidades que impide que la Asamblea Nacional funcione eficiente y eficazmente en todo el territorio nacional, ejerciendo tan compleja y exigente atribución constitucional, como es controlar al gobierno nacional y a la vez, a los gobiernos regionales y locales.
Bien cierto es que las comisiones y subcomisiones creadas en la Asamblea Nacional pudieran asumir tal función, pero resulta cuesta arriba abocarse a supervisar cada rincón del territorio pretendiendo que los diputados regionales, dispersos en diversas tareas, centralicen dicha función y cada comisión alcance un control eficaz en todo el país.
Pues entonces emerge una figura que puede llenar tal vacío constitucional establecida en la ley orgánica de las comunas y que puede ser extendida a las venideras ciudades comunales: el parlamento comunal integrado por la masa cívico-militar del pueblo, ahora asumiendo la atribución del consejo de contraloría comunal igualmente contemplado en dicha ley: ejercer la vigilancia, supervisión, evaluación y control sobre los proyectos, planes y actividades de interés colectivo que en el ámbito territorial de la comuna [ciudad comunal], ejecuten o desarrollen las instancias del poder público.
A su vez, el parlamento comunal pudiera tomar el cielo por asalto al combatir decididamente contra los sectores económicos y financieros que hacen vida en la ciudad comunal cometiendo desmanes con el yugo capitalista, traducido en explotación, monopolios, especulación, acaparamiento, usura, evasión tributaria, contaminación ambiental, robo del ingreso familiar y deterioro de la solidaridad y convivencia ciudadana.
De esta manera, la revolución bolivariana estaría avanzando aceleradamente hacia el punto de no retorno en la construcción popular de una nueva sociedad auténticamente democrática, del socialismo venezolano, contribuyendo protagónicamente los parlamentos comunales con las policías bajo su mando, a romper esa terrible máquina burocrática-clientelar y corrupta, cuál es el Estado burgués; visualizando a su vez, pero a mediano o largo plazo cuando las condiciones estén dadas, una nueva organización político-social que lo suplante, no propiamente otro Estado, sino un nuevo poder popular que fusione la gestión ejecutiva y legislativa; siendo tal organización más consecuente con los intereses del pueblo, erradicando definitivamente el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, así como la esclavitud asalariada; y por otro lado, poniendo en práctica la libertad de debatir y criticar, y a su vez de controlar y ejecutar las leyes.