Hemos llamado oposición democrática a aquella que ha decidido una política de lucha favor del diálogo, la paz y la participación electoral. Y lo hacemos como forma de diferenciarla claramente de la oposición que llama a invasiones extranjeras y a golpes de Estado, que organiza incursiones mercenarias en el territorio nacional, que financia movilizaciones callejeras de enfrentamientos violentos con los cuerpos de seguridad y que recurre a la ejecución de actos terroristas, a la que hemos bautizado como oposición extremista.
Esta división de la oposición en dos sectores, con políticas contradictorias, hace muy difícil lograr una unión opositora total para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Es muy difícil, para cualquier grupo político, mantener una línea de enfrentamiento violento contra un gobierno y al mismo tiempo ser parte de quienes tienen una política diametralmente opuesta. La única forma de lograr esa unidad sería que los extremistas renuncien a su política y adhieran la del campo democrático, tal y como aparentemente están sucediendo.
Pero para ello deben estar convencidos que sus intentos violentos, que ya llevan por lo menos dos décadas, han fracasado totalmente y que no tienen ninguna posibilidad de tomar el poder por esa vía. Eso supone una declaración como la hecha recientemente por Enrique Márquez, en la que reconoce que el abandono de la lucha electoral fue un grave error. Y no se trata obligar a nadie a un arrepentimiento forzado, se trata de establecer ante los ciudadanos en general un claro propósito de encauzar la lucha política de una manera diferente a la vía errónea del pasado.
La vía electoral tiene sus propias dificultades. No es fácil que los participantes distribuyan sus aspiraciones con realismo partidista y político, es decir, permitiendo encabezar la alternativa opositora a quienes tiene la mayor opción, sin olvidar que todos los involucrados deberían sentirse representados en las decisiones finales que se tomen. Esta posibilidad debería facilitarse en comicios donde el número de candidatos es numeroso. Un partido beneficiado con el apoyo a su candidato a gobernador, no debería tener las mismas aspiraciones en relación a las candidaturas a los consejos legislativos regionales.
Otro tanto podemos decir de las candidaturas a alcaldes. Partido o grupo político cuyo candidato a alcalde sea apoyado por el resto de los integrantes de la alianza, deberían aceptar que los candidatos a concejales pertenezcan a los grupos no favorecidos con la alcaldía. Esto no sólo tiene lógica sino racionalidad política, pues esos cuerpos colegiados son quienes supervisan la actuación de la autoridad ejecutiva regional o local. Tiene mayor sentido en función de lograr un buen gobierno que quien gobierna no sea supervisado por los suyos, pues sabemos lo que esto ha significado en el país.
Y no estoy incluyendo en este análisis las características de los candidatos como posibles gobernantes o representantes del pueblo. No he hablado de su formación ni preparación para los cargos disputados, ni de sus desempeños anteriores en cargos similares: la eficacia y eficiencia tenidas, la honestidad e idoneidad en el manejo de la cosa pública, el conocimiento demostrado. Tampoco he incluido en los elementos a evaluar las propuestas programáticas presentadas. Es decir, no he considerado aquellas cosas importantes que usualmente no se toman en cuenta en estas discusiones.
Y no lo he hecho no porque no le voy a pedir peras al olmo, sino porque entiendo que la gravedad de la situación del país, el peligro de que nos transformemos en un Estado fallido, la posibilidad de la disgregación física de Venezuela ante la rapiña de nuestros vecinos y la traición de algunos compatriotas, son más importantes en este momento. Si los esfuerzos unitarios son positivos, por lo menos en una proporción de los casos, y se logran presentar candidaturas aceptables, que sean apreciadas como posiblemente victoriosas, con seguridad que la participación electoral de la ciudadanía se incrementará y habrá posibilidad de derrotar al gobierno.