Hemos dicho claramente en distintas publicaciones, y recientemente en artículo de hace como una semana, que Venezuela requiere de un cambio político, que le permita iniciar la superación de la grave y compleja crisis actual y avanzar hacia un crecimiento económico y desarrollo social, que garantice por fin, en forma sustentable, un mayor bienestar de la población venezolana. En los últimos 60 años, ha habido dos períodos claros de mejoramiento importante de las condiciones de vida de la población en general, que claramente superaron en su momento las condiciones previas de existencia.
El primero de estos períodos corresponde aproximadamente al lapso 1972-1982, que abarcó desde la mitad del primer gobierno de Caldera hasta la mitad del gobierno de Luis Herrera, incluyendo totalmente la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Contrario a la propaganda gubernamental, los indicadores sociales relacionados con el empleo, los salarios, el consumo, la nutrición, la salud y la pobreza, mejoraron ostensiblemente. El otro período de bonanza fue el transcurrido desde 2004 a 2014, correspondiendo al gobierno de Hugo Chávez, en el cual los mencionados indicadores también experimentaron cambios positivos en relación a los existentes con anterioridad.
En ambos casos, sin embargo, el mejoramiento de las condiciones de vida no se sostuvo, fue transitorio y estuvo relacionado causalmente con los elevados ingresos petroleros recibidos por el país, como consecuencia del incremento de los precios del crudo en el mercado internacional. Las situaciones económicas y sociales superadas regresaron, lo que en definitiva simplemente significa que los gobiernos involucrados fracasaron realmente en su cometido de mejorar las condiciones de vida de la población. El fracaso del siglo pasado llevó a desmoronarse al modelo político bipartidista existente; el fracaso de este siglo ha ido derrumbando al autodenominado gobierno revolucionario.
El cambio político es imprescindible para lograr una mejora sustentable de la economía, que le llegue además a toda la sociedad y no sólo a los privilegiados de siempre. Hemos hablado de tener que reescribir las reglas de la democracia y señalamos a la proporcionalidad electoral, como un aspecto fundamental a ser rescatado. Pero, por supuesto, hay otros elementos que deben incorporarse en el rediseño democrático: la alternabilidad es uno de ellos. Debe reestablecerse, pues es vital en mantener remozada la democracia y evitar su anquilosamiento. Contra la alternabilidad conspira la reelección permanente en los distintos cargos de gobierno, pero sobre todo en los de carácter ejecutivo.
No debe haber reelección permanente en la Presidencia de la República, ni en las gobernaciones, ni en las alcaldías. En el caso de los cuerpos deliberantes pueden establecerse diferencias puntuales, pero siempre es bueno recordar que la permanencia en los cargos impide que nuevos hombres, nuevas ideas y nuevas actitudes, puedan acceder a posiciones de poder, creando frustraciones y anulando generaciones enteras de necesario relevo. El financiamiento de las campañas electorales es otro elemento imprescindible, de manera de reducir el poder decisorio del dinero, que deforma enormemente el sistema democrático electoral.
La gran propaganda (TV, radio, Internet, pancartas, vallas, pendones y cualquier otra que exista o aparezca) debe ser financiada por el Estado a todos por igual y en la misma cantidad, sin diferencias que tengan que ver con el caudal de votos de las organizaciones o de sus alianzas. Todos deben tener la misma oportunidad de hacerse conocer y hacer conocer sus propuestas, a través de todos los medios lícitos existentes. Se acabaría de esta forma el uso delictivo de las finanzas públicas por las organizaciones identificadas con los gobiernos, así como el peculado de uso de los recursos oficiales. La competencia electoral sería entonces realmente equitativa.