Así como para hablar de los grandes delitos lo mejor es consultar a economistas, y lo mismo que la sociedad española ha aceptado que el mejor experto en derechos humanos es un policía, que el mejor experto en inmigración es un guardia civil, y que quien mejor puede hablar de los delitos asociados a la pobreza (la "okupación" de viviendas, o los desahucios, por ejemplo) es alguien que lleva pistola, también aceptó desde el primer momento (aunque la disculpa va por delante porque en aquello no podía hacer otra cosa) que uno o dos licenciados médicos graduados en virología bastaban para pronunciarse de manera autorizada y con exclusión de todo otro discrepante, para hablar de un virus que entre la población nadie podía ver salvo ellos, y para decidir cómo políticamente debía actuar en la materia el gobierno. Y eso ocurría, y ocurre en todos los países, pues en cada gobierno estaba, y está, asegurado que al menos dos "expertos" en lo invisible estarían encantados de decir lo que convenía, y conviene, a la OMS, a los Laboratorios interesados y a personajes más o menos siniestros que estaban, y están, detrás en un asunto sin visos de solución radical en el que las cepas y variantes ya entraron en juego desde el minuto uno y mucho antes de necesitarse.
En todo caso, la colaboración entre policía y medios de comunicación no es escandaloso, y medios influyentes como El País o El Confidencial publican "asépticamente" la "realidad oficial" que luego es considerada como incontestable por los "expertos" de las tertulias. Y este esquema se reproduce aún con más intensidad en los medios de comunicación locales y de provincias.
Para muestra de ello, la Fundación Policía Española, que depende de la Dirección General de la Policía, otorga anualmente los "Premios al periodismo", donde el Ministerio del Interior retribuye a diferentes profesionales sus coberturas de los éxitos policiales. La Guardia Civil hace lo mismo a través de su Dirección General.
Los medios de comunicación emplean abiertamente a veteranos policiales como Jose María Benito, eterno portavoz de la Unión Federal de Policía, que aparece casi diariamente en Telemadrid o Cuatro, o el propio Gabinete de Comunicación de la Guardia Civil, con el capitán José Alcaraz al frente, quien dirige un equipo "de influencia»"volcado en el asesoramiento a las productoras que realizan películas, series y programas de televisión en las que la Guardia Civil tiene algún protagonismo.Otra forma de influencia son premios otorgados por la Policía Nacional, como la Cruz Blanca del mérito policial adjudicada a Ana Rosa Quintana hace pocos años, por la "confianza en el cuerpo" en su análisis de los hechos.
En resumidas cuentas,
si la democracia moderna consiste en la separación de poderes oficiales de la superestructura social: ejecutivo, legislativo y judicial…
si en España esa separación es virtualmente vidriosa, pues toda decisión ejecutiva adoptada por los gobiernos central o autonómico no conforme al ideario político de los partidos conservadores (y siempre ha sido así), acaba "resuelta" por tribunales tan conservadores como los recurrentes; con lo que los tribunales, y a su frente el TC y TS son quienes están por encima de todo lo demás y por eso son la causa de la causa del poder democrático en el que el pueblo, como el cornudo, es el último en enterarse…
si la mezcolanza, por lo dicho, de los poderes policiales y el de los medios es cada vez más manifiesta, y la influencia en el modo de los relatos de hechos delictivos es por definición autoritaria y represiva por parte del poder policial secundado por los medios…
Si los indultos de los ex gobernantes nunca hubieran debido ser necesarios, porque nunca hubiera debido proceder el poder judicial de la manera abominable que procedió, en complicidad con el poder policial y los sectores políticos conservadores…
si la UE, la Asamblea de las Naciones Unidas, los Tribunales de La Haya y de Estrasburgo… no dejan de comprobar el incumplimiento de directivas, de advertencias, de recomendaciones, etc, etc por parte de los sucesivos gobiernos y de los propios tribunales españoles durante el casi medio siglo de régimen político posterior a la dictadura, de procederes poco o nada democráticos…
Si todo esto es así, y así es, ya se dirá qué clase de confianza y de entendimiento entre políticos y entre políticos y población puede esperarse de una nación compactada, "hecha" a la fuerza. Ya se dirá que nos espera en una nación que encierra a gobernantes autonómicos por nada, que a punto estuvieron de ser condenados a cadena perpetua y gracias a que no existe la pena de muerte; en una nación que padece una convivencia crónicamente convulsa, donde no se atisba esperanza alguna, no ya sólo de aminoración de las desigualdades sociales sino también de que que el pueblo español vivir creativa y mínimamente en paz…