Megaelecciones: ¿Entrará “otro gallo” en la pelea?

Con miras a los próximos comicios, de entrada se podría afirmar que no se ven muchas posibilidades de un tercer factor –realmente alternativo al statu quo– en el “gallinero” electoral venezolano.

Aunque, claro está, las explicaciones son variadas, porque algunas son legales y normativas, y otras políticas y conceptuales.

Es significativo que en las denominadas “megaelecciones”, pautadas para el próximo 21 de noviembre[1], se elegirá la totalidad de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a nivel estadal y municipal[2]: 23 gobernadores, 253 diputados de los 23 Consejos Legislativos[3], 335 alcaldes, y 2.471 concejales de las 335 cámaras municipales[4].

Hay que recordar que la vez anterior el Consejo Nacional Electoral (CNE) –siempre en “sintonía” con tácticas que le benefician al partido de gobierno–, separó éstas en cuatro procesos: dos en 2017, gobernadores el 15 de octubre[5] y alcaldes el 10 de diciembre[6]; y las otras dos en 2018, legisladores estadales el 20 de mayo –junto con la elección presidencial–[7] y concejales el 9 de diciembre[8].

Sin embargo, los sectores de oposición ganaron 5 de las 23 Gobernaciones (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia), todas por encima del 50% de los votos[9]; 26 Alcaldías en 9 estados (además de tres chavistas enfrentados al PSUV, en igual número de otros estados), casi todas con más del 48% de los votos[10]; y 8 legisladores (en igual número de regiones) de los 59 electos por la “Lista”, en todas con más de 23% de votación[11].

Como se sabe, el pasado 20 de agosto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y representante plenipotenciario del Gobierno, en unos dimes y diretes digitales con el periodista Vladimir Villegas, enfatizó que “llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de Nov”[12]. Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, de reconocida afinidad con la oposición, este 23 de agosto expresó: “No hay razones para postergar las elecciones, hasta ahora sigue todo igual.”[13]

UN REPASO NECESARIO

En general se tiene claro que los gobernadores y alcaldes se eligen por mayoría relativa de votos, es decir, son electos los candidatos que individualmente obtienen más votación.

Algunos saben que con la Constitución de 1999, dentro de los muchos errores garrafales que introdujo, se estableció la tan cacareada “personalización del sufragio”[14]. Abusando de ese “principio”, en julio de 2009 la AN aprobó por unanimidad la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)[15], cuyos artículos 14 y 15 permiten que entre 68% y 73% de los integrantes de los cuerpos colegiados de elección popular (AN, Consejos Legislativos, Concejos municipales) sean “cargos unipersonales”, elegidos de manera “Nominal” hasta completar la cantidad de curules establecidas.

Unos cuantos conocen que, en cantinflérica sentencia (Nº 0068-2020) del 5 de junio de 2020, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “la desaplicación” de esos dos artículos de la LOPRE y ordenó al CNE “asumir el desarrollo normativo”[16]. Con base en esto, el CNE –designado de manera exprés e irregular una semana después por el TSJ–, aprobó una resolución (Nº 200630-00105), el 30 de junio, con “Normas especiales” para la elección de la AN[17], del pasado 6-D, en las que elevó de 30,5% a 52% la cantidad de diputados electos por “representación proporcional” mediante las “Listas” (34,7% en las regiones y, de manera novedosa para “la quinta República”, 17,3% a nivel nacional –mecanismo aún muy atrasado en comparación con el “cociente nacional” que se aplicaba en “la cuarta”).

Y más recientemente, el “nuevo” CNE designado por la “nueva” AN, aprobó el 20 mayo una resolución (Nº 210520-00026) con las “Normas especiales” para la elección de Consejos Legislativos y cámaras municipales[18], del próximo 21-N, en las que elevó de 23,5% a 60,1% la cantidad de legisladores estadales a ser electos por “representación proporcional” mediante las “Listas”, y a 57,5% en el caso de los concejales.

Es de resaltar que una versión del método d’Hondt es la que se utiliza para “la adjudicación de los cargos a elegir mediante lista”, que está en el artículo 20 de la LOPRE aprobada en 2009 y votada a favor por todos los diputados oficialistas de entonces, incluido alguno de la actual “oposición de chavistas antimaduristas” que –al darse cuenta de lo que es no ir en el portaviones del PSUV– ahora sí “se rasga las vestiduras”, presenta “Recurso jerárquico”, exige “pluralismo político” y manifiesta “inconformidad con el mecanismo de asignación de curules actualmente en vigencia”.

QUIEN HACE LA LEY, HACE LA TRAMPA

Pero, ¿por qué son importantes esos sucintos recuentos?

Es cierto que el triunfo en Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías muestra un mapa aparentemente teñido de determinado “color”, lo cual ayuda al sector ganador a emitir un mensaje político con la imagen de supuesta hegemonía en dicho territorio.

Pero, en verdad, esos cargos individuales de “todo o nada” no revelan una radiografía realista acerca de las principales fuerzas actuantes en la circunscripción respectiva, esas que en ciertas condiciones pueden torpedear gestiones de gobierno nacional, estadal o municipal, e incluso llegar a tumbarlo.

Por eso, es y será fundamental prestar mucha atención a las instancias parlamentarias que se elegirán el 21-N, así como analizar las posibilidades concretas de los factores en pugna.

Efectivamente, la LOPRE de 2009, promulgada con júbilo y algarabía por el expresidente Chávez a los tres días hábiles tras su aprobación por la AN, se elaboró con el objetivo de blindar legalmente un nuevo bipartidismo entre el PSUV y el sector predominante en la derecha.

Por una parte, dicha ley privilegia a las “alianzas” que se hagan en torno a los partidos más votados, incluso con la ubicación en el tarjetón, dando pie en los últimos 12 años a un bloque arriba con todos los afines al PSUV juntos y un bloque abajo con las organizaciones de oposición.

Además, no sólo establecía un promedio de 70% de parlamentarios por vía “Nominal”, sino que también mantiene la amplia discrecionalidad del CNE en el establecimiento geográfico de las circunscripciones para la elección de éstos.

Y, finalmente, no hicieron problema en elevar a un promedio de 57% los parlamentarios elegidos por la “Lista”, ya que el método de adjudicación de curules (artículo 20) es uno de los que más favorece a los partidos mayores en perjuicio de los medianos y pequeños, especialmente mientras menos sean las curules a ocupar. Todo en detrimento de la representación proporcional de las diversas opiniones políticas expresadas mediante el voto.

LOS NÚMEROS HABLAN

Por ejemplo, en las pasadas elecciones de la AN (6-D), la “Lista de adjudicación nacional”, con 48 curules, era por mucho la que más tenía. En ésta el PSUV (GPP) obtuvo el 77,1% de los diputados, a pesar de contar con 69,3% de los votos, un diferencial equivalente a 3,7 curules, en perjuicio de otras organizaciones. Pero, además, en las “Listas regionales” le asignaron al PSUV (GPP) el 89,6% de los diputados, es decir, unos 29,6 parlamentarios adicionales.

De las 48 curules en la “Lista nacional”, el segundo bloque homogéneo de diputados fue de partidos de la llamada “oposición de derecha moderada”, con 20,8% de esos legisladores y 23% de votos. Y la autodenominada “Alternativa Popular Revolucionaria” (APR), con 2,73% de los votos y un único diputado (2,1%) que, facilitado por la alta abstención de la oposición, entró de chiripita cerca del puesto 35, para su cuarto período.

Ahora, para el próximo 21-N, las siete “Listas regionales” con mayor cantidad de curules a Consejos Legislativos son las de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo. Lara, Miranda y Zulia, con 9 diputados cada una. Teóricamente serían los estados con mayor opción. Pero hay que seguir sacando cuentas. Por ejemplo, la votación de la “APR”, el 6-D, en esos mismos estados fue de 2,04%, 2,16%, 3,1%, 3,28%, 3,56%, 2,84% y 2,34%, respectivamente.

Esa es una de las explicaciones por las que, cuantitativamente, no se prevé que vaya a entrar un “tercer factor” en el normado bipartidismo que se gestó desde el Gobierno hace más de una década.

De todas maneras, esto no es para desanimar a los muchos y muy honestos camaradas de las bases, sino para ir a las batallas sin ilusiones triunfalistas ni falsas expectativas, y que no se dejen embaucar con bravuconerías como las que les hicieron creer para las elecciones de la AN, de que lograrían 10%, 20%, “ganar”, “arrasar” y que saldrían decenas de diputados de la “APR”, porque después esos mismos personajes son los que elucubraron acerca de “confabulaciones”, “cifras poco creíbles”, “situaciones irregulares” y “alteración de verdaderos resultados”, pretendiendo justificar y esconder una deficiente votación electoral y rehuyendo el análisis autocrítico.

DESFASADA POLARIZACIÓN

Finalmente, una de las explicaciones por las que, cualitativamente, no se visualiza la irrupción de un verdadero “tercer factor” en el escenario político alrededor del 21-N, es porque todos los actuantes continúan circunscribiéndose dentro de la ficticia e interesada polarización de “chavismo-antichavismo”.

De hecho, no debe olvidarse que ya en 2010, el entonces inquilino de Miraflores, lanzó aquello de la “repolarización”, que empezó siendo una de las seis erres de sus “3R al cuadrado” (que debían ser nueve, por elemental operación aritmética; pero él sabía de matemáticas lo que Gengis Kan de bordados en punto de cruz), y que poco después convirtió en “Línea estratégica” como “una audaz política de Repolarización”. Sin obviar que ese año 2010 lo cerró con la tristemente célebre “Ley contra los salta-talanquera”. Consolidando cada vez más el “estás conmigo o contra mí”, imponiendo subordinación, con maquillaje de “lealtad”.

Ese “peine” lo han seguido pisando unas y otras organizaciones partidistas, aislándose cada vez más del amplio y creciente sector social que no se identifica con ninguno de los dos bloques de esa polarización.

Y, además, dentro de cada bloque hay subdivisiones en microfracciones de “radicales”, “moderados”, “light”, “populares”, “auténticos”…

Por ende, para el 21-N, es seguro que habrá más de una oferta electoral por cada bloque, pero todas serán alguna versión de la misma polarización; y probablemente esto lleve a la gran mayoría de los votantes hacia la lógica básica de: “para votar por una mala copia, mejor votar por el original”, como ya le ha ocurrido varias veces al PCV por la obcecada testarudez de sus máximos cabecillas en posicionarlo como “el Partido del chavismo consecuente”.