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Venezuela nunca ha debido involucrarse en el conflicto armado colombiano. Adecos y copeyanos resistieron las presiones vecinas de inmiscuirse en esa confrontación. Rechazaron la política de transformarnos en yunque contra la guerrilla. Y también la de permitir libremente las actividades de la guerrilla colombiana en nuestro territorio. Debemos volver a esa posición política. En este aspecto, aquellos gobiernos superaron la política de Hugo Chávez.
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Ningún Estado soberano permite la presencia de grupos armados en su territorio, pues son una amenaza de su legítimo poder. En Venezuela no se ha debido permitir jamás la permanencia de las FARC, del ELN, ni de los paracos uribistas en nuestro territorio. Tampoco de los grupos civiles armados de carácter parapolicial como La Piedrita, ni de las bandas delictivas urbanas a cuenta de políticas absurdas de zonas de tolerancia del crimen.
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Permitir la presencia en Apure y otras zonas llaneras de efectivos armados del Frente Simón Bolívar de liberación, de fracciones disidentes de las FARC, o de cualquier otro grupo parecido, que someten a las familias venezolana sustituyendo al legítimo poder del Estado, es traición a la patria del más alto grado, sin importar las posiciones de quienes lo hagan.
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El gobierno no está nada cómodo actualmente. Está muy presionado y sin recursos. Asume entonces un programa neoliberal, sin compensaciones, peor que el de CAP II, que generó la explosión social de febrero de 1989 y la excusa del golpe de 1992. Adicionalmente, los herederos de Chávez instrumentan una desnacionalización salvaje, que llega hasta la venta de pedazos del país, con el eufemismo de impulsar unas Zonas Económicas Especiales.
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Hasta ahora nadie ha explicado cómo es que la Ley de Zonas Económicas Especiales garantizará la recuperación de nuestra economía, la estabilidad monetaria, el desarrollo nacional y el bienestar ciudadano.
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¿Dónde queda la inmunidad de jurisdicción en las contrataciones que se hagan en las Zonas Económicas Especiales? ¿O es que los despojos ocurridos con el CIADE y varios otros no han hecho reflexionar al gobierno? No puede haber una discriminación del empresariado nacional en relación con los extranjeros, como la que se plantea. La Constitución debe asumirse como obligatoria y mucho más en momento de necesidades apremiantes.
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A Nicolás Maduro, sus enemigos le han caído de a montón, como a Juan Charrasqueado, aquel mexicano que era borracho, parrandero y jugador. Esto, que es una verdad comprobable, no hace bueno a su gobierno, pero tampoco significa que sea malo. No por tener muchos y variados enemigos se es malo o bueno. Pero los irracionales, progubernamentales y opositores, no entienden algo tan simple.
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¿Que la participación electoral de la MUD ha sido constructiva? NO. ¿Que han buscado la unidad? Tampoco. ¿Que sus candidatos son buenos? Menos. Son pésimos. Pero están participando en las elecciones. Volvieron, aunque a regañadientes, a la ruta electoral. ¿Qué entonces hay que perdonarles sus graves inconsecuencias? NO. ¿Qué no hay que recordarles sus políticas equivocadas de años? Tampoco. ¿Qué su liderazgo ahora sí se ha reivindicado con la sociedad venezolana? Menos.
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La actitud del gobierno hoy es distinta que la de hace pocos años atrás. Esto no significa que la alta cúpula del PSUV se ha hecho democrática ni respetuosa de la Constitución y las leyes. No quiere decir que el ventajismo electoral ahora los avergüenza, ni que haya sido totalmente execrado de su modo de actuar. Tampoco que se acabó el peculado de uso ni la utilización malsana del TSJ. Simplemente, que las circunstancias presentes impiden actuar como lo venían haciendo. Tienen limitaciones que no tenían y que los obligan a suavizar su autoritarismo y sectarismo.
Reciban todos los lectores mis deseos de que tengan una feliz navidad junto a sus seres queridos