A 871 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el transcurso de la semana 125 de esta contingencia, y siendo el miércoles 03 de agosto de 2022, hoy se recuerdan los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la Vela de Coro, por parte de Francisco de Miranda, y cuya gesta y reivindicación histórica fue concretada por Hugo Chávez Frías.
Pero hoy, quiero referirme a sendos artículos que he leído en las últimas horas. El primero de fecha 30 de julio de 2022 escrito por Cécil Gerardo Pérez titulado: "Evidencias de la ideología neoliberal del Director de la ONAPRE", y el de Clodovaldo, de la misma fecha y publicado en laiguana.tv titulado: "Protestas laborales y narcopolítica son luces de alerta en el tablero".
Como lo señala Clodovaldo al inicio de su artículo, por más que haya señales de recuperación de la economía nacional y por más terrible que sea la situación de las oposiciones en el país, sería un grave error creer que todo anda "viento en popa" y a toda vela, y que han cesado las amenazas concretas de inestabilidad y, peor aún, que 2024 es pan comido.
Como lo señala una sabia expresión de una de mis series favoritas, La Casa de Papel: "el peor caos es aquel que no hace ruido".
Protestas laborales justificadas y ya no tan pequeñas; y varios casos que evidencian la infiltración del narcotráfico en altos cuadros políticos: son dos de las luces de alerta que se han encendido últimamente en el tablero del gobierno. O, al menos, así se ve desde la prudente distancia.
Sin duda que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy diestro atravesando tormentas y resistiendo agresiones, pero ahora también le toca ser buen piloto en tiempos de relativa calma y atender las advertencias que aparecen con suma claridad en el panel de instrumentos.
En la pantalla principal de la cabina de mando, tal y como lo indica Clodovaldo en su artículo, la luz de alarma más intensa que se ha encendido es la de una política salarial que tiene las características de un virus troyano metido en el sistema de vuelo de la Revolución por un enemigo astuto.
Un organismo hasta ahora casi anónimo, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) ha capitalizado el rechazo de los trabajadores del sector público, en particular de los muy golpeados ámbitos de la salud y la educación. Sectores además estratégicos para un país y en donde el fundamento principal del relato de "crisis humanitaria" descansa sobre estos dos ámbitos.
Al margen de que algunas parcialidades políticas estén utilizando este descontento para tratar de pescar en río revuelto, un hecho evidente es que el reclamo tiene una base muy cierta. Se trata de gente que gana muy poco, que ha pasado roncha durante los años del bloqueo y la pandemia y, para completar el cuadro, reclaman que ahora se les ha negado parte de sus pagos correspondientes a reivindicaciones laborales tan sagradas como las vacaciones.
Coincido con Hernández, cuando señala que esta medida se aplica justo en el año 2022, cuando se habla de evidentes señales de recuperación y de un país que comienza a arreglarse. Justo cuando las oposiciones lucen tan desdibujadas por los cambios de postura de sus jefes estadounidenses.
Sería un error y un completo absurdo pensar que este episodio de protestas laborales están todas identificadas con los enemigos políticos del Gobierno Bolivariano. En primer lugar porque nuestra Constitución consagra derechos como el de manifestar pacíficamente, el derecho de huelga y otros mecanismos de lucha y participación, ese es un primer argumento que echa por tierra los señalamientos de los aduladores dentro de la estructura gubernamental que busca criminalizar toda acción de protesta, la cual se cae por su propio peso, ya que los asalariados tenemos el derecho de luchar por aquello a lo que se nos ha privado de parte de los ingresos y es lógica la reacción airada, sea o no militante de algún partido antichavista.
Al igual que Hernández, pienso que el problema es de comunicación. El gobierno tomó la medida sin explicar y generó la respuesta conflictiva. Es posible que así sea, pero no es estigmatizando a los que han salido a protestar como se va a enmendar ese error. Por el contrario, habría que llamar de inmediato a los dirigentes sindicales para ofrecerles las explicaciones correspondientes y buscar vías de conciliación.
Pero como también lo señala Cécil Gerardo Pérez en su artículo de la misma fecha que me he permitido recomendar, hay personajes grises de la burocracia estadal que permanecerían ocultos, sino fuese por escándalos derivados de las tareas generadoras de malestar que de tiempo en tempo se dan producto de las ejecutorias de dichas dependencias y que afectan a conglomerados sociales. Ello da lugar a que se investigue quiénes dirigen dichas dependencias y la "ideología" que profesan.
Nos recuerda Cécil que la ONAPRE en boca de los millones de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, al publicar un instructivo donde se intenta enmendar el anuncio presidencial del aumento del sueldo mínimo a medio petro realizado el 3 de marzo de 2022, el cual debía impactar las tablas de salariales de la administración pública y los contratos colectivos, así como a los pensionados. También anunció el presidente La salarización implica de los bonos que se entregaban a los trabajadores públicos a través del Sistema Patria que pasarían a formar parte del salario, con lo que tendrían incidencia en las utilidades y prestaciones sociales.
Sin embargo, para concretar el anuncio presidencial, la ONAPRE "corrigió" a Maduro y giró un instructivo que aplana los sueldos y salarios, "trampeó" la salarización de los bonos, eliminó las conquistas de los trabajadores y sus gremios firmadas en diferentes convenciones colectivas de trabajo, violó la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), todo ello en un solo documento que ha generado toda una serie de protestas, manifestaciones, marchas y movilizaciones de pensionados y pensionadas y trabajadores en general de la administración pública a nivel nacional para defender los derechos de estos millones de trabajadores que, luego de haber celebrado en parte el anuncio presidencial, vieron burladas sus aspiraciones de disfrutar de eso que coloquialmente se llama un "sueldo digno".
Gracias a Cécil pudimos enterarnos que Marco Polo Cosenza es el actual jefe de la ONAPRE, cuya designación figura en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y que fue nombrado por la ministra de Economía y Finanzas y también Vicepresidenta Delcy Rodriguez el 28 de diciembre (!día de los Santos Inocentes!) de 2021. ¿Bajo qué criterios sería designado? ¿Quién lo recomendaría y qué intereses representa este ciudadano?
Lo demoledor de las revelaciones de Cécil es que muestra en su artículo el trabajo de este "funcionario" titulado: "Causas y Efectos de la Estatización de la Banca" TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS MENCION: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. Caracas, 27 de Junio de 2005. Universidad Católica Andrés Bello. Autor: MARCO POLO COSENZA. http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ5500.pdf.
Creo que por la gravedad y lo revelador del mismo, este material debe ser viralizado, para saber la catadura moral, ética e ideológica del funcionario de marras.
Esto porque en dicho trabajo se critica abiertamente y sin disimulo las políticas económicas de Chávez, sobre todo lo relativo a expropiaciones, estatización y nacionalización de bancos en Venezuela.
Esta es una de las citas del mencionado trabajo que hace Cécil, y que permite desnudar el pensamiento del actual director de la ONAPRE: "Las estatizaciones fueron defendidas, generalmente bajo el influjo de diversas variantes de la ideología socialista, como un medio de garantizar bienes y servicios más baratos a toda la población o por razones de tipo estratégico….La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, el sector público no es capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores y que, por otra parte, se suelen acumular importantes déficits de gestión". (pág. 6).
Sigue exponiendo el autor: "Ante estos problemas, y ante las indicaciones de la mayoría de los economistas, que desalientan la propiedad estatal salvo en el caso de los bienes públicos puros, las tendencias hacia la estatización se han revertido en los últimos años, asistiéndose ahora en muchos países del mundo a lo que se llama un proceso de privatización".
Estas son las típicas argumentaciones genéricas que desde la perspectiva de economistas que defienden a la burguesía y por ende, al sector privado, atacan las medidas de gobiernos socialistas, progresistas o de avanzada y plantean que la forma de revertirlas es la privatización de las acciones del estado. Así se atacaron tanto en la IV, como en la V República lo que el estado hacía para revertir los daños que empresa privadas generaron a la sociedad en general con prácticas corruptas, desviaciones y enriquecimientos de accionistas, sobre todo de la banca privada venezolana.
Respecto al proceso de nacionalización de la banca en Chile, culmina el autor con la siguiente referencia de o más "objetiva e imparcial": "En total, el 85% del sector financiero chileno quedó bajo control estatal. El gobierno militar, que llegó al poder en septiembre de 1973, inició un proceso generalizado de privatización, llegando a vender la mayor parte de su participación en el sistema bancario entre 1975 y 1976. A fines de 1976, se habían vendido trece bancos al sector privado".
Comenta Cécil: ¿Y no sería por eso que la banca privada chilena auspició el golpe de estado cruento, sangriento contra el presidente mártir Salvador Allende?. El autor lo expone como que si la férrea dictadura de Augusto Pinochet llegar al gobierno de manera democrática, natural y no como una imposición de la oligarquía chilena, la derecha, el fascismo y la intervención del Departamento de estado estadounidense ya suficientemente demostrado. Pero no, el autor desliza que simplemente ese gobierno llegó en 1973 y que inició un proceso generalizado de privatización de la banca de ese país. Es decir, mientras elogia al dictador y asesino Pinochet y sus políticas privatizadoras y neoliberales, cuestiona al líder socialista Salvador Alende, a quien llama "señor" y no presidente constitucional de Chile Posición altamente sospechosa.
Leamos otras perlas del autor: En referencia a la nacionalización de la banca en Venezuela se lee: Cada intervención del gobierno genera efectos indeseados, que deben ser remediados. En cada paso siempre existe la posibilidad de deshacer la intervención previa, o intervenir nuevamente. La primera opción nos acerca más a la normalidad económica, la segunda al socialismo y, en consecuencia al caos económico. (Pág. 41. Subrayado nuestro). O sea, ¡¡El socialismo tiene como consecuencia el caos económico!! ¿Hace falta comentar el marcado acento antisocialista de este autor?
Refiere Consenza como un Milton Friedmann cualquiera: "Las deformaciones y distorsiones del mercado, producidas por un Estado expansivo dueño de gran parte de los recursos económicos y financieros, deben corregirse para poder incorporarnos activamente a los negocios globales a través de la alineación del país como un todo". (Pág. 51)
"Los gobiernos en todas partes tienden más a sólo gobernar y las empresas tienden más a dedicarse sólo a los negocios, por tal razón o se privatizan las empresas del Estado o se les concede un estatus especial para actuar como privadas". (Pág. 55)
Neoliberalismo puro, quien tenga dudas lea las conclusiones, allí se resume su pensamiento, su visión subjetiva del tema financiero, ¿Ahora se entiende por qué tanta persecución a la clase trabajadora con el nefasto instructivo ONAPRE? Se ve la educación universitaria como un gasto público, entonces de acuerdo a su pensar deberíamos estar privatizados, ¡toda una joyita! Dirían en el pueblo.
Pero retomando los argumentos del mismo tema que hace Clodovaldo Hernández en su artículo, El hecho de que se estén produciendo expresiones de protesta sindical es una doble señal de alerta para la Revolución. Por un lado –como ya se ha señalado- porque hay un sustento real en las quejas. Por el otro, porque queda evidenciada la poca ascendencia de la dirigencia sindical roja-rojita en las masas trabajadoras.
Pero como un aporte para esta discusión, pienso que este conflicto laboral ha sido totalmente innecesario, sabiendo que había una instrucción presidencial y por tratarse de pagos que están en un cronograma. Cosenza puede ser la reencarnación de Friedman, pero Delcy Rodríguez es la jefa. Y ahí hay que revisar como un hombre de este talante llega a este cargo.
Y si no está de acuerdo con la política social de la Revolución, pues debe irse de la ONAPRE y trabajar en una empresa privada o en donde él se sienta a gusto en defender su ideología neoliberal.
El tema en la desmejora del salario de los empleados públicos se presenta en un momento preciso (casualidad o plan bien concebido). Esa respuesta se la dejo al señor Cosenza.
Por otra parte, el segundo tema que plantea Clodovaldo en su artículo, espinozo, duro, pero necesario, tiene que ver con los casos de la presencia del crimen organizado en círculos de la política nacional y regional.
Menciona los casos de Jeycar Pérez, María Yanitza Bogado, del partido ORA,el caso de Taína González del PSUV. Las tres tienen causas judiciales abiertas por delitos de drogas.
También destaca Hernández el caso de la ex ministra de Asuntos Indígenas y parlamentaria Aloha Nuñez, suspendida de sus funciones parlamentarias y políticas dentro del PSUV, por considerársele responsable (en el mejor de los casos por falta de supervisión) de lo ocurrido con la diputada Taína González y con la alcaldesa Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, capturadas in fraganti con un alijo de cocaína. «Está en el ostracismo, pero no está presa», dijo una fuente parlamentaria en tono de confidencia, pues el caso específico de Núñez ha sido manejado con extrema discreción.
En un hecho también relacionado con el nexo de política y crimen, se ha informado que el diputado Peter Sayago, del partido Tupamaro y el estado Anzoátegui, está presuntamente involucrado en el asesinato del oficial de la Policía Nacional Bolivariana Jesús Bolívar Briceño, ocurrido en Maracay y del que se sindica a maleantes de la banda "el Asdrúbal", componente de la organización delictiva Tren de Aragua.
Sayago, quien también resultó herido en el suceso, está acusado de haber alertado a los delincuentes sobre la inminente llegada de la comisión policial. El vehículo desde el cual se le disparó a la policía llevaba (según una versión extraoficial) armas con destino a la cárcel de Tocorón, una de las "sedes" del Tren.
La alarma que se ha activado en estos casos habla de la penetración del narcotráfico y de otras organizaciones criminales en la política venezolana, un fenómeno que ha hecho estragos en varios países de Nuestra América, incluyendo al vecino inmediato, que se ha encargado de inocular su mal hacia este lado de la frontera, durante varias décadas. Y un fenómeno sobre el cual varias voces nacionales de renombre (Luis Britto García, Miguel Ángel Pérez Pirela, Iraida Vargas, Mario Sanoja Obediente, Sergio Rodríguez Gelfenstein, entre otros) han clamado en el desierto por años.
Más allá de los informes policiales sobre los modus operandi de los funcionarios que forman parte de estas redes, es necesario un trabajo de inteligencia política que oiga a las comunidades y detecte comportamientos muy reveladores de quienes han entrado al círculo de la narcopolítica y de las megabandas.
En la revolución cubana, es famoso el caso del General Arnaldo Ochoa Sánchez, Tony La Guardia, su ayudante, el capitán Jorge Martínez y al coronel Amado Padrón, por delitos de narcotráfico y otros altos delitos que comprometían la seguridad del Estado Cubano. Pero más allá de eso, es un tema profundamente ético y moral. En la famosa causa 1/89 y se dio un ejemplo al mundo.
Le corresponde al PSUV ir a fondo en este proceso de investigación de todo el entramado de complicidades, partiendo de una hipótesis muy sencilla: los narcodiputados y las narcodiputadas, los narcoalcaldes y las narcoalcaldesas no son piezas aisladas, sino que corresponden a otros funcionarios (civiles, militares y policiales) corrompidos por el dinero de las organizaciones criminales.
A los que tenemos de alguna u otra manera la responsabilidad de orientar a la opinión pública desde nuestro punto de vista revolucionario, nos corresponde agarrar fuerzas y obedecer los dictados de nuestra conciencia. El respaldo a la Revolución no debe ser un cheque en blanco para no criticar las desviaciones y errores no sólo del Gobierno Bolivariano sino dentro del propio PSUV para poder mantener nuestro proceso revolucionario. En ese sentido, estamos obligados a volver a la senda de Chávez.
Por ello, aunque extensas estas opiniones, mi reconocimiento y felicitación a Cécil y a Clodovaldo por artículos tan preclaros y tan valientes.
Y que no se vaya a cometer el error de tildarlos de "contrarrevolucionarios" por señalar tantas verdades del tamaño de un templo.
¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y patria socialista!
¡Viviremos y Venceremos!