La construcción de una democracia básica, donde el protagonismo y la participación de los movimientos sociales sea algo constante, implica establecer transformaciones y desafíos a las estructuras del Estado. Para ello es fundamental que las asambleas populares territoriales (representadas por comunas y consejos comunales) actúen en paralelo al poder del Estado, definiéndose los ámbitos de actuación que les corresponde a cada uno de los mismos; evitando, igualmente, una degeneración corporativista que eche por tierra sus postulados esenciales. Los actuales cambios históricos que se han producido en las últimas décadas, donde las características principales son el deterioro de las condiciones climáticas y el control de las economías nacionales por una minoría transnacional, imponen la necesidad de abrir espacios que faciliten la transición a un nuevo y mejor modelo económico y político que esté centrado en el pueblo y no de forma prioritaria en el mercado.
Al pretender dicha conquista, se han de tener en cuenta las raíces históricas, culturales y étnicas del pueblo, puesto que en éstas hay elementos que prefigurarían esta nueva democracia, siendo, en consecuencia, menos abstracta. Para ello es necesario rememorar que el modelo civilizatorio en el cual nos desenvolvemos responde a una visión eurocentrista jerarquizada y a unos intereses exclusivistas del sistema capitalista, por lo que resultará paradójico combinar los rasgos distintivos de una revolución social y los rasgos distintivos de un orden establecido conservador, dando origen a un simple reformismo. Habría que recurrir a José Carlos Mariátegui cuando, hablar del socialismo indoamericano, dijo que éste no tendría que ser ni calco ni copia de cualquier teoría y modelo preexistente. Lo que incluye, por supuesto, todo aquello heredado desde los tiempos coloniales.
Al plantearse la construcción de una democracia básica, protagónica y participativa, no podrían obviarse las contradicciones sociales existentes. Es importante superarlas mediante la acción decidida de cada día, la revisión de aciertos y errores, la reformulación de estrategias y tácticas, y la renovación de cuadros dirigentes, con visión de futuro, atendiendo a su capacidad y nivel de compromiso, sin que ello signifique sustituir, por cuestiones prácticas, los objetivos centrales del proyecto histórico político que se buscan obtener. De esta forma, los sectores populares podrán ser sujetos políticos de la transformación estructural que se deriva de todas estas acciones en conjunto. Tales acciones tienen que marcar huella en cada uno de los niveles o estructuras de gobierno y del Estado, ya no simplemente sancionando las decisiones de aquellos que se encuentran ocupando cualquier cargo de dirección política y administrativa sino remodelando sus ámbitos, funciones o atribuciones. Como corresponde a lo que debe ser un poder popular.
Si la presencia de los sectores populares organizados en las instituciones es necesaria, de igual manera las acciones extraparlamentarias son esenciales para lograr, efectivamente, los cambios revolucionarios trazados. Haciendo uso de las palabras del intelectual griego Nicos Poulantzas, se requiere "una estrategia mixta, que combine la movilización dentro y fuera del Estado" para hacer factible la construcción de un poder popular efectivo, activo y con la suficiente autonomía para incidir en la toma de decisiones del Estado; en especial, cuando se hace referencia a una transición anticapitalista de la sociedad y a la constitución de un tipo de Estado socialista. En este contexto, las reglas del juego o las razones de Estado que suelen invocarse para contener el auge de las demandas populares tendrían que erradicarse del discurso de quienes estén al frente de las instituciones oficiales y, en su lugar, dar espacio a lo que sería el poder popular; de no ocurrir, sencillamente se preservaría el orden social vigente, sin cambio revolucionario alguno.