La propuesta de un gobierno popular rebasa la práctica y los principios tradicionales de lo que se entiende como democracia y Estado. Esto implica la adopción de una ética revolucionaria de compartir y cooperar que sirva de soporte a los ciudadanos para que ejerzan sin jerarquías, directa, colectiva y responsablemente las funciones de gobierno que, hasta ahora, son ejercidas por un estrato reducido de políticos profesionales, cuyas decisiones afectan a toda la población, incluyendo a quienes no las comparten y adversan. Un gobierno popular será, por tanto, un gobierno que tenga por premisa el control directo de los asuntos comunitarios por parte del pueblo, a través de asambleas, en una acción continua, participativa, autogestionaria y protagónica mediante la cual se exprese realmente su soberanía.
La convicción de que el único gobierno legítimo es el autogobierno de las comunidades organizadas representará el paso decisivo para que la democracia deje de ser un mero concepto retórico y se convierta en una realidad tangible, capaz de generar propuestas y comportamientos que conduzcan a las personas (convertidas en ciudadanos conscientes) a su emancipación integral. De concretarse, éste no podrá coexistir con el modelo de Estado-nación, centralista y jerárquico, al cual estamos acostumbrados. Gracias al mismo, los ciudadanos adquirirán una conciencia más social y solidaria, reconociendo su mutua interdependencia y la necesidad de lograr, entre todos, el bien común.
No obstante, es un hecho que no podremos obviar, que las grandes corporaciones transnacionales - como lo refiriera François Houtart - han conseguido imponer «una burocracia privada globalizada que trasciende todo control democrático, y ejerce un poder de decisión que afecta a todas las regiones del planeta»; lo que se evidencia en una economía y una soberanía subordinadas a los intereses del capitalismo hegemónico, pudiendo ser objeto de intervenciones militares, campañas desinformativas, hostilidad diplomática o de bloqueos y sanciones cuando alguno de los gobiernos no acata sus disposiciones gangsteriles. Así, la factibilidad de un un gobierno verdaderamente popular no solo choca con los intereses de quienes gobiernan nuestras naciones sino que enfrentan, de modo simultáneo, a esta «burocracia privada globalizada».
Tomando en cuenta estos aspectos, se podrá hablar de una red de utopías y nostalgias en el terreno teórico que nos indica cómo hacer posible esa emancipación que adquiere cuerpo y se define con cada experiencia revolucionaria que se produce en el mundo; muchas de las cuales tienen que enfrentar problemas específicos que sirven de base a otras en el presente y el futuro. Es lo que no tiene que confrontar el capitalismo, la democracia representativa y el Estado burgués liberal debido, principalmente, a que todas las personas (o la mayoría de ellas) están impregnadas de su ideología dominante y solo se requiere algún tipo de negociación o acuerdo para que todo recupere su normalidad (bajo las clases dominantes). La democracia, el Estado y el gobierno en un contexto revolucionario, en consecuencia, deben estar ajustados a la búsqueda y el establecimiento de nuevos paradigmas que no permitan la reproducción de aquellos que han legitimado la exclusión, la sumisión y la explotación de las mayorías.