El ambiente nacional actual está impregnado de altos niveles de tensión política, conflictividad e incertidumbre. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28J han exacerbado el desprestigio popular de las instituciones estatales, el descontento generalizado de la población más humilde y los niveles de represión y autoritarismo gubernamental.
Antes del 28J, el pueblo trabajador se debatía entre elegir por la continuidad del desastre de gestión madurista al servicio de la capa de nuevos ricos del PSUV o por la opción ultraliberal y privatizadora de todo, bajo la conducción de la burguesía tradicional y sus amos imperialistas. Ambas opciones suponían dos caras diferentes de la continuación del ajuste antiobrero y antipopular, que ha hecho pagar a los trabajadores todo el costo de la crisis del capitalismo venezolano.
Cerrado el proceso comicial, el CNE dio como ganador al Presidente Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio de cada mesa de votación, según los parámetros previstos por la Ley. En todo momento el CNE y la oficialidad han argumentado ser objeto de ataques cibernéticos, pero han suspendido las auditorías previstas que deberían arrojar evidencias de tales alegatos. Acto seguido, Maduro introdujo un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tratando de ganar tiempo. El lunes 5 de agosto el CNE ha presentado ante el ente judicial las presuntas actas de votación, para su supuesta evaluación puertas adentro, a manos de una institución totalmente subordinada a Miraflores. Mientras tanto, la derecha proimperialista ha creado un sitio web donde exhibe más del 80% de presuntas actas de escrutinio que le otorgan la victoria a su candidato, Edmundo González. La disputa entre los viejos y los nuevos ricos ha abierto una nueva crisis institucional que está hundiendo al país en una espiral conflictiva, en la que el pueblo trabajador no tiene nada que ganar.
El imperialismo estadounidense ha declarado vencedor al monigote de María Corina Machado como una línea que han replicado varios gobiernos latinoamericanos subordinados a sus intereses. También ha señalado a través de sus portavoces que la paciencia de Estados Unidos y de la comunidad internacional “se está agotando”. Es nuestro deber condenar estas amenazas provenientes de la mayor potencia hacedora de genocidios, invasiones y golpes de Estado en el mundo. La misma que ansía saquear a mayor escala nuestros recursos naturales y continuar imponiéndonos la dictadura de sus bancos y multinacionales.
Tras la emisión del primer boletín de resultados ofrecido por el CNE, la población de los barrios y sectores empobrecidos manifestó su descontento en lo que a todas luces fue una sublevación popular. A diferencia de las guarimbas reaccionarias del 2014 y 2017 –las cuales siempre se concentraron en localidades de clase media alta–, el 29 de julio los pobres de Venezuela salieron a las calles repudiando un resultado que desconocen. La brutal política de ajuste antipopular del gobierno, combinada con represión y confiscación de derechos democráticos, ha entregado el respaldo mayoritario de los pobres a los brazos de la derecha más rancia. Esta es una realidad que no se puede ocultar. El descontento popular ha dado un importante salto de calidad y las consecuencias de ello marcará en gran manera el devenir de los acontecimientos. Es necesario separar la masiva protesta popular del 29 de julio de las expresiones de vandalismo, saqueo y destrucción que le siguieron, como resultado de la irrupción de elementos del lumpen proletariado que desvirtuaron el carácter inicial de las manifestaciones. Adicionalmente, se han producido asesinatos y crímenes de odio contra activistas populares maduristas, los cuales rechazamos de forma categórica.
La respuesta gubernamental no se hizo esperar con el despliegue represivo de grupos policiales y parapoliciales, que produjeron 24 muertos y decenas de heridos, además de la detención de más de 2.000 personas en menos de una semana. El gobierno ha retomado el control de la situación en las calles, momentáneamente. Desde entonces, los barrios, principalmente de Caracas, son objeto de patrullaje y vigilancia policial y parapolicial. Los cuerpos represivos estatales allanan viviendas y arrestan a protestantes sin contar con órdenes judiciales. En muchos casos las autoridades no reportan los lugares de reclusión de los detenidos, impidiendo que sus familiares puedan ubicarlos al momento. Los apresados están siendo procesados por delitos de odio y terrorismo, sin permitirles el legítimo derecho a la defensa legal y a la revisión de sus expedientes. El presidente de la República ha anunciado que los detenidos serán trasladados a las cárceles de Tocuyito y Tocorón, marcando una línea condenatoria a priori que desconoce el principio de presunción de inocencia. Adicionalmente, ha aupado a las bases del PSUV a que denuncien a sus vecinos mediante una ventana en la aplicación VenApp, bajeza que repudiamos de forma tajante.
Condenamos enérgicamente todas las vulneraciones a los derechos fundamentales de la población en los barrios, la represión, las detenciones y allanamientos arbitrarios, violaciones al debido proceso e imputaciones a más de 2.000 personas prestas a ser condenadas por delitos graves, en juicios plagados de vicios. Es nuestro deber exigir la liberación inmediata de todos los ciudadanos detenidos de forma arbitraria y la anulación de los procesos judiciales que pesan sobre ellos.
En todo momento los partidos de la burguesía proimperialista se han desmarcado de la protesta de los barrios y sectores populares, exhibiendo su temor a la iniciativa de las masas pobres y a la posibilidad de que sean rebasados por ésta. Han secundado la declaración de Fedecámaras, donde la mayor patronal del país implora el desarrollo de protestas pacíficas que no interrumpan sus negocios. La derecha no ha dicho una palabra de las detenciones arbitrarias realizadas en los barrios y se ha limitado a denunciar las capturas de testigos de mesa o dirigentes de partidos de la PUD. Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el carácter antipopular de estos reaccionarios. Por circunstancias excepcionales hoy gozan de un inmerecido apoyo electoral de millones de trabajadores y pobres, que claramente han traicionado con su silencio.
Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado creemos necesario plantear una consecuente posición de clase, desmarcándonos de forma tajante tanto de la derecha tradicional –la cual espera retomar el poder para desatar toda la ira revanchista de la reacción, no solo contra chavistas, sino también contra todo el conjunto del pueblo trabajador– y también del autoritarismo gubernamental, el cual nos condujo a este callejón sin salida. No creemos en el falso disfraz ”democrático” de una derecha que en el pasado organizó repetidos golpes de Estado en Venezuela, solicitó invasión de fuerzas militares extranjeras y promovió sanciones financieras contra su propio país. Pero también repudiamos el falso discurso victimista del mismo gobierno que pulverizó los salarios y derechos laborales, ha acabado con la libertad sindical, se ha alineado con los intereses de los grandes latifundistas, asfixió burocráticamente todas las instancias de participación popular, ha saqueado el erario público para beneficio de la capa de nuevos ricos del PSUV y emana un discurso conservador antiderechos, mientras negocia con Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria.
Exigimos que sea respetada la voluntad de la mayoría del pueblo expresada en las urnas, al mismo tiempo que llamamos a la máxima desconfianza hacia la derecha proimperialista. Es necesaria la total independencia de la clase obrera, para combatir el autoritarismo gubernamental con demandas propias. Toda vez que exigimos la restitución de los derechos democráticos conculcados en el último periodo, aupamos a los trabajadores de la ciudad y el campo a organizarse para conquistar mejores salarios y derechos laborales, por servicios públicos y de calidad, por el derecho a la tierra de los campesinos y por educación y empleos dignos para la juventud. Solo la lucha y la organización de todos los oprimidos abrirán caminos hacia un mejor futuro.
En la actualidad se abren escenarios de diálogo auspiciados por los gobiernos de Brasil, Colombia y México. De concretarse, la derecha y el gobierno negociarían el futuro del país de espaldas y en detrimento del pueblo trabajador. Por esta razón, rechazaremos y desconoceremos toda negociación a puerta cerrada. ¡Basta de que las élites nacionales e internacionales controlen nuestro destino!
La ausencia de una subjetividad política representante de los intereses de los trabajadores y el pueblo ha impedido que las clases oprimidas defiendan y posicionen sus intereses en la sociedad. Llamamos abiertamente a la construcción de una alternativa revolucionaria, que sea capaz de agrupar las fuerzas de la clase obrera y el pueblo para derrotar a los viejos y nuevos ricos y construir una sociedad que garantice la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Están convocados a participar todos los trabajadores, campesinos, comuneros y revolucionarios consecuentes dispuestos a acompañarnos en este gran empeño. Convocamos al pueblo chavista que hoy se siente traicionado a apoyarnos en esta titánica tarea, que será la única que garantice que los intereses de los pobres del país no sigan siendo pisoteados. Solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas.
¡Respeto a los derechos democráticos y el debido proceso de los protestantes!
¡Respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo!
¡Máxima desconfianza hacia la burguesía proimperialista!
¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!
¡No al diálogo de élites!
¡Construyamos la alternativa revolucionaria!
14 de agosto del 2024