En primer lugar, en ninguna parte de nuestra Constitución ni en las leyes de nuestra República, dice que el Poder Electoral de Venezuela, como una de las ramas del poder público nacional, tiene como Jurisdicción Electoral la presidencia de Brasil, de Colombia, la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea, el Pentágono, la casa de cualquier senador anti Maduro en Miami u otro órgano supranacional.
Nuestra propia Constitución establece una Jurisdicción Electoral, separada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la Jurisdicción Constitucional, con la finalidad de controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Electoral y sus órganos subordinados.
El Artículo 297 de la Constitución, que se réplica en el Artículo 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que “La Jurisdicción Electoral la ejerce el Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales competentes en la materia electoral.” Esos son los 3 espacios para consignar denuncias electorales, no hay otra en Venezuela.
A tal efecto, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le atribuye a la Sala Electoral las competencias para: Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales de todos las índoles, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.
Por lo tanto, no es como están diciendo algunas personas dentro y fuera del país, que la Sala Electoral está usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral. Porque, si bien es cierto, que nuestro marco constitucional establece un Poder Electoral con completa autonomía en materia de administración y control de elecciones, sin embargo, le otorga funciones de control de las actuaciones de dicho Poder público y sus órganos subalternos, a la Jurisdicción Electoral, que encuentra en su cúspide a la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido, el Artículo 195 (LOPE), considera que los actos, omisiones o actuaciones del CNE que agotan la vía administrativa, sólo podrán ser recurridos por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su Artículo 198 dice: “El conocimiento de los delitos y faltas electorales previstas en ésta Ley, sin perjuicio de los previstos en otras leyes electorales, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria.”
Y el, Artículo 199, “ Toda persona podrá denunciar la comisión de cualquiera de los delitos o faltas electorales previstas en esta Ley, así como constituirse en parte acusadora en los procesos judiciales iniciados por tales causas, sin perjuicio de las competencias que corresponda al Ministerio Público de acuerdo con la ley.
He allí que la gran pregunta que debe hacerse el presidente Lula Da Silva y otros líderes extranjeros seudos injerencistas, es: ¿Dónde exactamente se encuentra el proceso de investigación de las elecciones presidenciales del 28J? Se encuentra en la Sala Electoral del TSJ con base en la Ley, porque le corresponde jerárquicamente.
¿Y por qué está allí? Les recuerdo, que el presidente Maduro interpuso una demanda o recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral, haciendo uso de su interés legítimo como candidato y Presidente a la vez (Ar5. 179. LOPRE), solicitando una investigación tanto al CNE que lo proclamó, como a todos los candidatos y partidos políticos que participaron con sus testigos de mesa en las elecciones del 28J, para que en calidad de testigos principales mostraran las actas de escrutinios electorales en su poder y las compararan para que el país conozca la verdad.
También, es preciso recordar, que el propio árbitro electoral en la lectura de su primero boletín de totalización el 28J, manifestó que el sistema de totalización había sufrido un conjunto de ataques cibernéticos, y el candidato opositor Edmundo González, puso en tela de juicio la adjudicación y proclamación de Nicolás Maduro del 29J.
Edmundo dijo que tenía en su poder un conjunto de actas de escrutinios que no coincidían con los resultados anunciados por el presidente del CNE, y los publicó de manera digital en portales web. Por tanto, lo más lógico era desmontar esa tesis del fraude por medio de un proceso de investigación judicial que por juridicción le correspondía a la Sala Electoral corroborar quien está diciendo la verdad y no al CNE como lo vienen insistiendo muchos injerencistas desde el exterior, porque en este momento prácticamente el CNE está intervenido judicialmente.
Asimismo, hemos visto que los candidatos opositores, Enrique Márquez y Antonio Ecarri, han sido los únicos que han ejecutado acciones legales de oficio, apegados al Estado de derecho y reconociendo de la institucionalidad y la Jurisdicción Electoral venezolana, haciendo uso de sus derechos de hacer denuncias de ilícitos electorales contra el Directorio del CNE, por falta de transparencia, solicitando se respeten los resultados del 28J y se garanticen procesos de auditorías post electoral, ante la incertidumbre y zozobra colectiva que ha generado los acontecimientos.
En fin, en éste momento le compete y corresponde a la Sala Electoral dirimir e investigar la realidad de quién está diciendo la verdad sobre los resultados electorales presidenciales y la posesión de las verdaderas actas de escrutinios que emitieron las maquinas electorales y las llenadas mano en los casos de mesas de votación manual.
Como experto electoral y crítico del sistema político venezolano, es verdad que no tenemos porqué creerles de manera obligada a todo lo que dijo el directorio del CNE sobre los resultados del 28J.
Pero soy el que cree, que tampoco hay que creerle a la organización electoral delictiva Súmate, que en Venezuela todos saben muy bien quienes son, y sobre todo en estos tiempos, que con inteligencia artificial y software de diseño gráfico avanzados, pueden falsificarse desde dólares hasta actas de escrutinios electorales.
Es por eso, que la única garantía que veo para haya paz en el país en los próximos días, que al final es lo que quieren los votantes dentro y fuera del país, los militares, los militantes de los partidos políticos y movimientos sociales y todos los testigos de mesa que saben realmente que fue lo que paso el 28J, es que se realice una auditoria 100 por ciento de las mesas electorales como ocurrió en el año 2013.
Ya se tiene la experiencia y no queremos que regresen las guarimbas y el escenario de violencia que pueda conllevar una implosión social, que pareciera es lo que quieren varios presidentes vecinos, la OEA, y otros organismos internacionales que apoyaron a Juan Guaidó en el año 2O19.