Nicolás Maduro pretende reelegirse con unos resultados escritos en una servilleta, sin el más mínimo cuidado de las formas y mucho de los mecanismos y procedimientos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo el mundo sabe qué ocurrió el pasado 28 de julio y el descalabro de la cúpula del Gobierno y del Partido Socialista Unido (PSUV) es tal, que han puesto en marcha una peligrosa conspiración contra la voluntad popular.
La judicialización de las elecciones es el punto culminante de una campaña que estuvo marcada por irregularidades de todo tipo; entre ellas el zarpazo contra las organizaciones revolucionarias y de izquierda, que no pudieron presentarse con una candidatura propia; concentrándose la disputa por la Presidencia en los dos polos hegemónicos de la burguesía ─como lo son el encabezado por el propio Nicolás Maduro y la dupla conformada María Corina Machado/Edmundo González Urrutia.
El Gobierno-PUSV ha hecho que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ─bajo su control─ no solo se arrogue funciones que estrictamente son competencia del CNE, sino que también usurpe la soberanía que reside de manera intransferible en el pueblo venezolano. Sin embargo, una sentencia no puede reemplazar los votos. La cúpula gobernante lo sabe y ha necesitado acompañar su ardid con la ejecución de una inédita ola de represión contra los sectores populares.
Desapariciones forzadas temporales; detenciones de menores de edad, mujeres y personas con discapacidad; requisas arbitrarias y humillantes en las calles; allanamientos ilegales a viviendas y robo de pertenencias; extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado; así como la anulación de pasaportes, han estado a la orden del día.
Esta política de terror ha sido alimentada con operaciones psicológicas y de propaganda que tienen como objetivo no solamente neutralizar las protestas populares, sino imponer una matriz de opinión en la que defender la soberanía popular, la Constitución o el estado de derecho, es lo mismo que ser fascista.
La histeria de los altos jerarcas del PSUV es inocultable. De allí que Diosdado Cabello haya amenazado con impedir la participación en los próximos comicios electorales a quienes no reconozcan el fallo írrito del TSJ sobre las elecciones presidenciales. Por su parte, Jorge Rodríguez Gómez, en un violento discurso en la Asamblea Nacional, instó a aquellos que denuncian la falta de transparencia en los resultados presentados por el CNE, a formar un frente guerrillero y sentenció: «los barreremos».
Estos mensajes de odio y amenazas abiertas de exterminio contra la disidencia política parecen no hacer mella en el Defensor del Pueblo, que también calla cobardemente sobre las atrocidades que han ocurrido en las barriadas del país en las ultimas semanas.
La aguda crisis política en Venezuela ha dejado al descubierto el carácter reaccionario del Gobierno-PSUV, que ha dado un paso de no retorno hacia el autoritarismo y formas muy peligrosas de terrorismo de Estado. Es tarea de las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas hacer frente a este golpe contra la soberanía popular con la construcción de espacios de amplia unidad para fortalecer la lucha por la recuperación de la Constitución y el estado de derecho en Venezuela.
Editorial de la edición N° 3.053 de Tribuna Popular, agosto de 2024.