Mientras el combate entre el Gobierno y la oposición se mantiene favorable de puertas adentro para Nicolás Maduro, varios Estados piden a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra el líder chavista.
Venezuela votaba hace un mes para elegir a su futuro presidente. La posibilidad de que la elección fuera seguida de una crisis era alta y fue lo que finalmente ocurrió cuando el domingo 28 de julio en la noche el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como ganador. Edmundo González Urrutia, junto a María Corina Machado, desconocieron el dictamen antes mismo de su anuncio.
A partir de ese momento comenzó un pulso dentro del país, tanto en las calles como en las instituciones. El Gobierno logró sobreponerse a los embates y días críticos que siguieron a la contienda: las protestas, calificadas de intento de golpe de Estado por el Gobierno, fueron aplacadas, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el jueves pasado el resultado anunciado por el CNE en el marco de la judicialización de la elección.
La estabilidad luce entonces recompuesta para el Gobierno que el lunes anunció cambios en su gabinete, en particular tres. En primer lugar, el nombramiento de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo por su ascendencia en el Partido Socialista Unido de Venezuela y gravitación en las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, la ratificación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y finalmente la designación de Delcy Rodríguez como ministra de Petróleo, además de su continuidad como vicepresidenta.
La fotografía a un mes de la contienda es, en términos de poder, la de un Gobierno con una unidad interna reorganizada, una base social que movilizó en respaldo al presidente numerosas veces a lo largo de este mes incluido este miércoles, y una disposición a mantener el orden a través de un fuerte refuerzo de los cuerpos de seguridad del Estado con numerosos arrestos. Inamovible.
Hasta el final
Machado mantiene su consigna «hasta el final», que convirtió en máxima política desde que entró en campaña el año pasado. La dirigente política repite que González fue quien ganó las elecciones, tiene las actas para demostrarlo, y volvió a convocar a una movilización a un mes de las elecciones. Esta vez la marcha fue bajo con la consigna de «acta mata sentencia», en relación a su desconocimiento del dictamen del TSJ que ratificó la victoria de Maduro.
Machado, así como González, no reconoce el resultado del poder electoral, el poder judicial, y tampoco acudieron, en el caso de González, a la citación a declarar hecha por el Ministerio Público en la investigación por la «presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración».
«El Fiscal General se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», afirmó González para dar a conocer su decisión de no acudir a la citación el lunes y martes.
«Hoy cumplimos un mes desde que tenemos un nuevo presidente electo, Edmundo González, un mes con un hombre íntegro, valiente y firme, que como presidente electo se está relacionando con el resto del mundo que hoy nos acompaña», declaró Corina Machado desde la movilización en Caracas, nuevamente sin la presencia de González y con menor capacidad de convocatoria.
La cartografía internacional
Si internamente la batalla está dominada por el Gobierno, la situación en el frente exterior se presenta diferente. Varios gobiernos no reconocen la victoria de Maduro, y sostienen que fue González quien venció en las urnas, como el caso de Estados Unidos, país determinante en la crisis venezolana, o Argentina. Ambos gobiernos, al igual que, por ejemplo, el Centro Carter, dan por ciertas las «actas» publicadas por Machado.
Sin embargo, un grupo de gobiernos no reconoce el resultado del CNE ni la sentencia del TSJ, pero tampoco a González como ganador. Es el caso de varios países de América Latina y del Norte que sacaron un comunicado conjunto, como Chile, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay o Canadá, así como el Gobierno español y la Unión Europea (UE).
«No vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y los organismos independientes (…) a petición de España se ha introducido que la UE tampoco hará reconocimiento de ningún resultado electoral si no se pueden verificar las actas de todas las mesas», afirmó al respecto días atrás el canciller español, José Manuel Albares.
El pedido de ver las actas ha sido también elevado por tres gobiernos que mantienen puentes con Caracas, como son Brasil, Colombia y México. «No podemos reconocer la victoria del presidente Maduro sin ver las actas, pero tampoco podemos reconocer la alegada victoria de la oposición, porque de lo contrario estamos creando un precedente gravísimo. Por mucho que sean copia de las actas oficiales. Es un verdadero impasse», sostuvo al respecto Celso Amorim, hombre fuerte de la política exterior de Brasilia, que estuvo en Venezuela durante las elecciones.
Una crisis abierta
El CNE comunicó el día lunes que acataría «lo ordenado por la Sala Electoral del TSJ», es decir, publicar los «resultados definitivos» en gaceta oficial en el lapso del mes estipulado por la ley. Sin embargo, pasado el mediodía del miércoles en Venezuela, es decir a un mes de la contienda, el poder electoral aún no publicó los «resultados definitivos».
El canal de noticias del Estado informó que la página web del órgano había sufrido «un nuevo ataque cibernético» el lunes tras los comicios. La espera de los resultados de la elección por parte del CNE está a su vez marcada por el debate sobre qué será presentado: si las actas, como solicitan numerosos gobiernos, o los resultados desagregados, como ocurre habitualmente e indica la ley. Aún no se sabe cuándo se harán públicos los resultados definitivos, en el marco de un CNE definido a su vez por la noticia del desacuerdo de uno de los cinco rectores principales, Juan Carlos Delpino, respecto a los números hasta ahora anunciados.
Varios gobiernos ya dejaron ver que no reconocerán el resultado al menos que tenga una «verificación internacional», un pedido que Caracas no ha contemplado. El gobierno cuenta con su unidad interna, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el domingo ratificó su «absoluta lealtad y subordinación al comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro», aliados claves internacionales como Rusia, China o Cuba, y el llamado a las elecciones regionales y legislativas del 2025 para reordenar el cuadro político.
Mientras el combate se mantiene favorable de puertas adentro para el Gobierno, varios piden a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra Maduro y «los principales responsables del régimen», como repitió el miércoles el secretario general de Naciones Unidas, Luis Almagro, o pide una parte del senado chileno encabezado por Felipe Kast. ¿Hasta dónde puede crecer la presión internacional donde aparecen a su vez nuevos actores como el contratista militar estadounidense Erik Prince? La crisis abierta el 28 en la noche no parece por el momento a puertas de cerrarse.
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