El agravio institucional se refiere al daño o menoscabo que sufre una entidad, organización o institución en sus derechos, funciones, reputación o integración, ya sea por parte de individuos, otras instituciones u otro Estado. Se refiere a cualquier acción o comentario que cause daño, desprestigio o falta de respeto hacia es institución.
En la situación actual venezolana todas las instituciones públicas y sus representantes han sufrido las más variadas formas de agravios con el objeto de impedir sus actuaciones o funciones, generando no solo un daño al agraviado sino a toda la nación a la cual sirven, la cual es el propio país, Venezuela.
Por ello consideramos que el agravio afecta tanto a personas como a instituciones aunque este concepto a menudo se asocia más directamente con el daño o perjuicio que sufre un individuo, así que las instituciones también pueden padecer agravios en diversas situaciones como ha sido últimamente tanto el Consejo Nacional Electoral, CNE como Tribunal Supremo de Justicia, TSJ e inclusive la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.
Estas instituciones han sufrido un daño moral en su imagen, funciones y reputación ante la sociedad por líderes de la derecha terrorista venezolana.
De una forma u otra, siguiendo la línea de los medios de comunicación, se ha difundido Información falsa o difamatoria que menoscaba la credibilidad o imagen de estas instituciones y por lo tanto afectando su funcionamiento e inclusive negando su ámbito de actuación. Estas acciones de estos políticos intentan obstaculizar el cumplimiento de la misión o la capacidad operativa de la institución, con supuestas observaciones administrativas o legales.
El agravio institucional se refiere por lo tanto a daños que afectan a las entidades en su capacidad de operación, reputación y derechos, y puede manifestarse de diversas formas en contextos sociales, económicos y jurídicos.
Por ello consideramos que el desconocimiento y el agravio dirigido a debilitar la confianza en las instituciones a través de desinformación y ataques sin fundamento pueden y debe ser objeto de sanciones, especialmente si estas acciones tienen el potencial de causar daño significativo a la sociedad, a la estabilidad política, o a la integridad de las instituciones y negando el resultado de las elecciones del 28 de julio, donde resultó vencedor Nicolás Maduro Moros.
El uso de la desinformación intenta socavar la democracia venezolana y generar un clima de desconfianza que afecta no solo a las instituciones, sino también a la cohesión social y al bienestar general y la duda y la desconfianza en sus autoridades legítima y electoralmente elegidas.
Las sanciones son vistas por todo el pueblo venezolano, como una herramienta necesaria, que no deben ser retrasadas, para proteger la integridad de la información y promover una visión política centrada en el bienestar de todos, el desarrollo económico y social y una discusión pública basada en el diálogo y en la información responsable, tal como hasta el cansancio señala nuestro único Presidente Nicolás Maduro.
Al aplicar estas sanciones no debe temerse ser desproporcionados pues 25 muertes, personas inocentes asesinadas, no tienen proporción con sus ambiciones de poder sobre nuestro pueblo. Maduro, Diosdado, Jorge, Padrino, Delcy y todo su equipo ha demostrado que en el socialismo siempre estará garantizado el derecho a la crítica y a la opinión, distinguiendo entre la crítica legítima y los ataques informativos y comunicacionales de agentes del imperialismo en Venezuela.