Recientemente se publicó una información según la cual el gobierno de Australia va a limitar el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes, de tal manera que sólo a partir de los 14 ó 16 años se podrá interactuar con ellas. La medida se ha tomado debido a los efectos distorsionantes que se ha venido observando en niños y adolescentes expuestos intensamente al efecto de esta moderna tecnología.
Es evidente que hay razones de carácter geopolítico para una iniciativa como la que se está tomando en Australia, ya que desde el punto de vista del Estado, constituido por un territorio, una población y un gobierno, las redes sociales y quienes hacen uso de ellas se constituyen en una amenaza para la existencia del mismo.
Si una población determinada puede ser influida por algún grupo (vinculado a actividades comerciales, políticas, religiosas, terroristas, etc.) ubicado fuera de las coordenadas del territorio que habita, se ve expuesta a que sus valores de educación, identidad, religiosos, etc., sean vulnerados, y en consecuencia debilitada, por lo que el Estado también se debilita.
Sin duda que todos los dirigentes de los diferentes Estados del mundo están ante la disyuntiva y el reto que significa el uso de las redes sociales, para ser aprovechadas en función del bienestar y desarrollo de su población, pero con el riesgo latente del efecto negativo que a su vez puede generarse.
Un ejemplo que ilustra bien este tema, es el efecto que durante un proceso electoral pueden tener sobre la población votante los mensajes enviados a través de las redes sociales desde puntos lejanos al territorio objeto de disputa, orientando la opinión y las preferencias electorales a favor de una u otra opción, con lo cual el evento como tal se desnaturaliza.