Éste es, sin duda, el clamor político del momento. El reclamo de las organizaciones políticas de oposición y no sólo de la oposición que se adjudica la victoria electoral. Es la exigencia también de un grupo de países principalmente de América y de Europa, entre ellos gobernantes amigos del gobierno de Maduro. Para algunos, exigir que las actas aparezcan es la única actividad política que tiene sentido en este momento, y cualquier otra que se proponga es vista como una forma de distraer la atención, sobre lo que mayoritariamente se considera importante. Es entendible la existencia de esta situación. El trauma ocasionado por la actitud del gobierno luego del proceso electoral, las ilegalidades e inconsecuencias cometidas, el desplome de las expectativas de que las elecciones constituirían el inicio de un período de menor beligerancia, de mayor sensatez, de un ejercicio plural de la política, con menos antagonismos destructivos, ha sido muy grande.
De esperar una normalización de la situación, que nos condujera a ir superando paulatinamente la magna crisis de todo tipo que vivimos, hemos pasado a una profundización de todas las dificultades políticas, en la que el gobierno por primera vez realmente enfrenta el problema de su legitimidad de origen. Nadie debería tener ninguna duda de que, para una proporción elevada de la población, no se sabe quién realmente ganó las elecciones presidenciales, mientras que otro tanto piensa que el gobierno perdió y que el Presidente electo es González Urrutia. Y no otra cosa se podía esperar de la forma en que el CNE, y en particular su Presidente, manejó la situación al final del proceso comicial del 28 de julio. La intervención posterior de la Sala Electoral del TSJ no fue tampoco muy afortunada, ni convincente en absoluto. Ratificó el total control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y sobre todos los poderes.
Pero el mayor daño lo sufrió la elección directa, universal y secreta, considerado como el instrumento idóneo para dirimir las contradicciones en relación con la toma del poder político. Tanto tiempo luchando para que la gente volviera a la vía electoral, para que desatendiera los llamados suicidas abstencionistas de la oposición extremista. Para que aceptara que el mayor poder lo tenía el voto, que se debía desatender los llamados a la violencia y que una votación masiva era imposible de ser ocultada o desconocida. Y todo ello fue tirado por la borda al desconocerse las disposiciones legales electorales existentes y, luego, al desatarse toda una oleada represiva ante las protestas populares habidas, las cuales ahora no estaban localizadas en el este de Caracas, ni tenían como su centro de acción la Plaza Altamira, sino que se producían espontáneamente en los principales barrios populares de las grandes ciudades del país.
Se sigue insistiendo en que el CNE debe publicar las actas de los escrutinios y proceder a realizar las auditorías faltantes e, incluso, abrir las urnas y contar todos los votos, de manera de poder lograr la certeza de quien fue el triunfador. Sin embargo, en este momento ya no creo que por esta vía se solventarían los problemas existentes. El resultado que pueda publicar el CNE no va a ser creído por casi nadie, ni siquiera por los partidarios del gobierno. Ya existe una matriz de opinión instalada fuertemente en la sociedad de que el triunfo correspondió a González Urrutia, razón por la cual lo que diga el CNE ahora no va a cambiar dicha matriz. Por otra parte, en las cifras hasta ahora presentadas en los dos boletines del CNE, aunque el ganador es el presidente Maduro, la proporción de votos a favor de Gonzáles Urrutia es mayor del 45 por ciento del total, lo que en la práctica significa que este país está dividido en dos.
Y un país, dividido antagónicamente en esa forma, es imposible gobernarlo apelando a la represión. Ésta enlentecerá los cambios necesarios y hará más dura y sufrida la vida de los venezolanos, pero en absoluto logrará normalizar la situación. Ésta sólo se lograría si el gobierno de Maduro realiza una gran apertura política real, no demagógica ni propagandística, de aquí en adelante, única forma en que recuperaría su legitimidad a lo interno del país, la cual arrastraría palatinamente la legitimidad externa que también todo gobierno requiere. Puede hacerlo, si así lo decide. Está en sus manos, asumir una iniciativa de este tipo, la cual sería muy bien recibida por toda la nación.
La Razón, pp A-3, 29-9-2024, Caracas;