Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas. Todo ello serían síntomas de la posterior deriva totalitaria de la sui generis democracia española hacia la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista que beberá de las fuentes del centralismo bonapartista francés y del paternalismo de las dictaduras blandas.
Felipe González, ¿peón de la CIA?
En su libro La CIA en España (Editorial Debate), el periodista de investigación Alfredo Grimaldos asegura que la llegada al poder del socialista Felipe González como presidente del Gobierno español en 1982, fue en realidad la alternativa "diseñada y controlada por la CIA para mantener la tutela sobre España", estrategia diseñada en el Congreso de Suresnes tras el que asistimos al acta de defunción del camarada Isidoro y al nacimiento de un Felipe Gónzalez convertido ya en Secretario General de un PSOE tutelado por la CIA .
La deriva totalitaria del estado Español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como presidente del Gobierno de Felipe González (1982).
El GAL y Mister X
Con González asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado "terrorismo de Estado" o "guerra sucia" contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). Dicho grupo según la CIA en su informe "España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental" sería una criatura de González tras afirmar que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas".
Ya en 1989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI), elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el "terrorismo de Estado" implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: "El GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos de la democracia española y la verdadera credibilidad de sus instituciones y gobernantes".
La trama del GAL se destapó gracias a las pesquisas de periodistas del Deia, Diario16 y de El Mundo. Así, este periódico, fundado por Pedro J. Ramírez, publicó una noticia en la que afirmaba que el comisario Amedo (implicado en dicha trama y posteriormente condenado junto con el entonces Ministro del Interior, José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Michel Domínguez, Julián San Cristóbal y el dirigente socialista vasco García Damborenea), habría entregado varios documentos relacionados con los atentados contra dos bares del País Vasco-Francés (Iparralde), atribuidos al GAL y que implicarían directamente a responsables políticos y policiales.
Posteriormente, en el juicio contra Planchuelo, Amedo afirmó que "los GAL fueron decisión de Felipe Gónzalez", aunque nunca se pudo probar que el misterioso Señor X que desde la sombra movió los hilos del GAL y que al descubrirse la trama los abandonó a su suerte (aunque tan sólo habrían cumplido el 5% del total de su condena), fuera el entonces Presidente del Gobierno Felipe González.
La Ley Antiterrorista, anacronismo franquista
Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto, publicado en el diario El País, como "la aplicación de facto del estado de excepción encubierto".
Dicha Ley Antiterrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González
Ley Mordaza y libertad de expresión
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado "delito de exaltación del terrorismo" y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado Pacto por la Justicia y las Libertades de 2003 que instauraba de facto "la cadena perpetua estratosférica" al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la "crueldad del régimen de Franco" que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima.
En el paroxismo de la involución, asistimos a la modificación del Código Penal para constreñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado "pacto antiyihadista" que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista "convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional", en palabras de Manuel Cancio Meliá. Caso de no enmendarse la deriva regresiva, la sui generis democracia española irá languideciendo a la espera de la irrupción de un líder autócrata que instaurará una democracia no liberal.