Muerte Política

La muerte política no es sólo metafórica: tiene efectos tangibles en el desarrollo político social de la Revolución Venezolana. Es un tema complejo, pero crucial para repensar cómo queremos que funcione el Estado y sus órganos de poder, (Ministerios y sus instituciones, Gobernaciones y Alcaldías). Este fenómeno debilita las instituciones, perpetúa la ineficiencia y erosiona la confianza del Pueblo.

1. El problema de la incompetencia institucionalizada:

• Falta de evaluación sociopolítica y técnico productiva: Designar a líderes y diputados/as o funcionarios/as sin evaluar sus capacidades técnicas o de gestión genera ineficiencia sistémica. La imposición de jefes y jefas, directores foráneos sin capacidad organizacional, ni capacidad técnica, incluso sin evaluación de sus gestiones en otras instituciones, no solo afecta la calidad de las políticas públicas, sino que también erosiona la confianza de sus subalternos en las instituciones, trayendo como consecuencias divisiones internas, entre funcionarios aduladores y los que realmente tienen méritos para direccional la institución. Hay que evaluar las actitudes de las nuevas generaciones de líderes y lideresas que están en las bases dispuestos a formarse y ser evaluados para ejercer cargos de dirección en diferentes áreas dentro de las estructuras de gobierno.

• Clientelismo y nepotismo: En muchas instituciones, los cargos se usan para premiar lealtades partidistas, no como herramientas para servir al interés nacional. Esto perpetúa redes de corrupción y mediocridad. La rotación de cargos sin evaluación: un círculo vicioso. Muchos líderes políticos priorizan la lealtad partidista o conexiones personales sobre la competencia. Esto crea una casta de funcionarios/as "reciclados" que fracasan en un cargo y son movidos a otro, perpetuando la mediocridad, la cúal deslegitima la democracia.

Ejemplo: Diputados designados como gerentes de empresas públicas sin experiencia en gestión, lo que lleva a proyectos fallidos o corrupción. El costo de la incompetencia institucionalizada genera despilfarro de recursos públicos: (Proyectos mal diseñados con contratos secretos, comisiones y corrupción). El pueblo percibe que el sistema premia a ineptos, lo que alimenta el cinismo y el clientelismo, no para servir al interés público.

2. Consecuencias.

• Desgaste democrático: Cuando la ciudadanía percibe que los líderes son ineptos o privilegiados, aumenta la desilusión política, lo que puede derivar en extremismos o abstencionismo.

• Coste social y económico: Decisiones técnicas mal tomadas (ej: gestión de presupuestos, diseño de políticas sanitarias o educativas) tienen impactos concretos en la vida de las personas, especialmente en grupos vulnerables.

3. Causas estructurales

• Sistemas electorales disfuncionales: En algunos países, los partidos priorizan la lealtad sobre cualidades técnicas para mantener control interno.

• Instituciones débiles: La ausencia de mecanismos independientes de evaluación (ej: oficinas de mérito o auditorías técnicas) facilita estos abusos.

4. Propuestas para revitalizar la política:

• Evaluación de mérito transparente (Meritocracia): En un contexto Revolucionario, mérito significa básicamente "Inteligencia y Esfuerzo" implementado en la ejecución exitosa de políticas públicas. (ej: pruebas de idoneidad con presentación de un plan operativo a corto, mediano y largo plazo, que contemple la participación de todas y todos sus subalternos en la construcción del presupuesto económico). Los cargos de dirección requieren habilidades específicas (ej: ciencias sociales y economía, ingeniería, políticas públicas). Cuando se nombran personas sin formación relevante se toman decisiones improvisadas, no basadas en datos sistematizados. Esto afecta servicios esenciales como: (salud, educación, servicios públicos e infraestructuras), afectando principalmente a comunidades populares y profundiza desigualdades.

• Rendición de cuentas: Evaluaciones periódicas del desempeño de funcionarios/as y líderes, con consecuencias por malos resultados (ej: revocatorias, destituciones o inhabilidad para cargos futuros). Si no hay evaluaciones técnicas ni consecuencias por malos resultados, no hay incentivos para mejorar. Es por ello que se requieren diputados/as revolucionarias que impulsen la creación de una Ley de profesionalización del servidor público: donde se exijan requisitos mínimos (ej: formación, experiencia, mérito y cualidad revolucionaria para cargos técnicos).

• Implementación a nivel nacional de la Ley de Contraloría Social, para que las comunidades fiscalicen y revoquen a cualquier funcionario público, se audite el desempeños en la ejecución de proyectos, y recomienden remociones o promociones basadas en méritos con la participación protagónica del pueblo en asambleas públicas.

• Transparencia radical: Publicar sueldos, currículos y resultados de funcionarios para escrutinio del pueblo en revolución. (ej: evita la corrupción en cobro de prebendas y comisiones)

• Formación Sociopolítica: Un Pueblo formado políticamente e informado de manera transparente y oportuna exige mejores estándares a sus dirigentes políticos y de sus funcionarios públicos.(Crear círculos de estudio del partido y Asambleas de Militantes, donde se debate la eficacia en la dirección política de funcionarios de gobierno y dirigentes electos de las bases.)

5. Contraargumentos para evitar el verticalismo y fomentar la crítica constructiva. Un equilibrio posible sería:

• Consultas nacionales (ej: para evaluar a las y los líderes en las direcciones nacionales, regionales, municipales y comunales, elegir candidatos o definir políticas y revisión de las mismas).

• Algunos defienden que la "lealtad política" es necesaria para la estabilidad gubernamental. Sin embargo, esto no justifica ignorar la cualidad técnica. Este fenómeno no es solo un error administrativo, sino un síntoma de decadencia democrática.

• Cuando los partidos priorizan el poder sobre el bien común, la política se convierte en un teatro donde los incompetentes sobreviven y el pueblo pierde. La solución no es solo técnica, sino ética: reconstruir un sistema que premie el talento, castigue la ineptitud y priorice el servicio público sobre los intereses de grupo.

6. Casos que debemos revisar para no seguir cometiendo errores:

• Escándalos recientes: 51 funcionarios presos por corrupción, en los que se destacan Pedro Mardonado presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Hugo Cabeza presidente de cartones de venezuela, con secuelas de amigos y compadres que seguro permanecen en cargos de dirección.

• Casos como el de Rafael Ramírez (exministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA), acusado de malversación y lavado de dinero. Actualmente tiene redes de amigos y compadres enquistados en instituciones del estado.

• Caso Tareck El Aissami (exministro de Petróleo y exvicepresidente) Además fue ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional (2018-2021), en abril de (2020-2023) y Vicepresidente para el Área Económica de Venezuela (2020-2023). Renunció a estos dos últimos cargos por acusaciones de desfalco en relación con el Caso PDVSA-Cripto, con la desaparición de más de 3.500 millones de dólares en marzo de 2023, siendo detenido en abril de 2024 – También tiene una red de amigos y conocidos en todas las instituciones de gobierno.

• Alimentación: Hay denuncias de sobreprecios en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Las instituciones manejan la red de alimentos sin ningún control popular, esto amerita una revisión exhaustiva por parte del ministerio de alimentación, debido a que hay desvío en el programa, se usan los alimentos para priorizar las instituciones y no está llegando con la debida regularidad a los sectores más vulnerables. Hay que convertir esta política alimentaria en un bono alimentario, dirigidos a todas las familias beneficiadas, (El Bono Alimentario estaría determinado por un monto en Bs. Equivalente al valor de los productos en el mercado, 120.000 Bs. Puesto por el Gobierno a través del carnet de la patria) Esto evitará la demora en la regularidad del beneficio a las familias mas vulnerables, además rompería con los supuestos canales de corrupción con tráfico de influencias y pagos de comisiones, desde la comercialización, transporte y asignación en las comunidades.

Cuando los partidos priorizan el poder sobre el bien común, la política se convierte en un teatro donde los incompetentes sobreviven y los ciudadanos pierden. La solución no es solo técnica, sino ética: reconstruir un sistema que premie el talento, castigue la ineptitud y priorice el servicio público sobre los intereses de grupos. La "muerte política" no solo es la incompetencia, sino la institucionalización de la corrupción como mecanismo de control. Los líderes no son removidos por sus fracasos, sino recompensados con nuevos cargos, consolidando un sistema extractivo que beneficia a una élite burguesa. Esto refleja una democracia neoliberal, donde las instituciones existen para simular legalidad, no para servir al pueblo humilde que vota en cada elección añorando un futuro promisor.

Bolivar Vive: Decreto de Lima de 12 de enero de 1824, El Libertador teniendo presente que uno de los principales desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos ..."he venido en decretar y decreto: la pena de muerte contra los hechos de corrupción administrativa, sentencia máxima para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí parte de los fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción:"

Artículo 1.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.

Artículo 2.- Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio que en su caso no procediere conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.

Artículo 3.- Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1."

Para la construcción de una nueva sociedad es necesaria reformar la constitución y las leyes con respuestas enérgicas y penas administrativas severas contra la corrupción, por tener consecuencias negativas, como la desestabilización de las instituciones públicas o la limitación del desarrollo económico, y se la considera un agravio a la justicia y los derechos de las personas. Suele estar causada por factores como la falta de transparencia y la ausencia de regulaciones.

Bolívar Vive: "Los empleos públicos pertenecen al Estado, no son patrimonios de particulares, ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimiento es digno de ello"

REVOLUCIÓN ES HACER REVOLUCIÓN, SINO NO ES