El acuerdo fue comunicado por el Gobierno de Noruega, que actúa como facilitador del proceso de negociación y diálogo entre las partes. Según el comunicado, se acordó “revisar las inhabilidades de acuerdo a los parámetros establecidos y, de cumplirse con los mismos, proceder al levantamiento de las mismas”.
Procedimiento acordado
El procedimiento acordado consiste en que cada uno de los interesados en presentarse a las presidenciales del próximo año, y que hayan sido inhabilitados por la Contraloría General de Venezuela, tendrán que acudir ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo y una solicitud de amparo cautelar.
Los interesados podrán aplicar a esta revisión entre el 1.° de diciembre y el próximo 15 de diciembre.
El TSJ será el encargado de pronunciarse sobre la demanda de revisión de la inhabilidad y tomará una decisión conforme con los términos de la Constitución venezolana.
El procedimiento es que cada uno de los interesados asume el compromiso de:
Respetar la Constitución y las leyes.
Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
El procedimiento se hizo público por Noruega a tres horas de vencerse el plazo otorgado por Estados Unidos a la administración Maduro para proseguir con el alivio de sanciones a actividades petroleras, gas y minería, a cambio de la liberación de todos los presos políticos –venezolanos y estadounidenses– y una ruta para levantar las inhabilitaciones.