DECLARACIÓN UNITARIA
El gobierno prepara unas elecciones a su medida. Son varias las organizaciones que tienen vulnerados sus derechos políticos por los más diversos procedimientos y maniobras: intervención judicial, negativa a permitirles registro, silencio administrativo ante solicitudes, inhabilitaciones personales.
Las condiciones impuestas por el gobierno impidieron a la Plataforma Unitaria inscribir a María Corina Machado y a su primera sustituta designada, permitiéndole inscribir un segundo sustituto, Edmundo González Urrutia. También impidió la presentación de cualquier candidatura ubicada a su izquierda, para evitar que se expresen electoralmente voces que cuestionen la farsa del gobierno “obrerista” y de falso “socialismo” de Maduro.
Nos oponemos a las proscripciones y defendemos el derecho democrático del pueblo venezolano a decidir por quién votar, sin que los candidatos se los imponga el gobierno de turno, pero denunciamos que a pesar de las restricciones antidemocráticas todas las variantes patronales tendrán candidatos, no así la izquierda que cuestiona la explotación de los trabajadores y las desigualdades bajo el capitalismo. Con esto se busca acallar las voces de los que nos oponemos consecuentemente a las políticas que solo benefician a los patronos, a los ricos de siempre y a los nuevos ricos.
Ni el gobierno y su candidato, ni los postulados por la oposición patronal son opción para los que vivimos de nuestro trabajo
Todos los candidatos representan los intereses de empresarios, transnacionales y funcionarios gubernamentales enriquecidos a la sombra del control de la renta petrolera. El escenario es la disputa entre un gobierno ampliamente repudiado, que apuesta a mantenerse en el poder a como dé lugar, y sus opositores patronales, también antiobreros y proimperialistas, que solo buscan retomar el control estatal y gestionar el capitalismo venezolano.
La deuda externa pesa dramáticamente sobre las condiciones de vida de las mayorías, para pagarla, se le quita dinero a salud, educación, salarios y demás necesidades elementales. Eso es lo que ha hecho Maduro, y los opositores patronales quieren hacer lo mismo pero con la tutela del FMI y Estados Unidos.
El gobierno, los partidos patronales y los empresarios coinciden en la destrucción de los derechos laborales y en la imposición de condiciones de sobreexplotación a los trabajadores, Esa alianza antiobrera no la cuestiona ninguno de los candidatos opositores.
El gobierno profundiza su compromiso con sectores religiosos antiderechos, que se oponen a las demandas de las mujeres y la comunidad sexodiversa, y ningún candidato opositor cuestiona esta alianza regresiva. La violencia policial contra la juventud de los barrios es aplicada por el gobierno, pero avalada por todos los partidos de la oposición patronal.
De volver a gobernar los partidos capitalistas que hoy son oposición, seguirían aplicando las medidas antiobreras y antipopulares, con el argumento de que el gobierno de Maduro dejó el país en el suelo y que tendríamos que seguir ajustándonos el cinturón. Y esas políticas no se aplicarán sin represión.