Este proceso en el que se ilegalizó al PCV se produce en un contexto de agudización de la lucha de clases en nuestro país, marcado por un nuevo pacto de élites, entre diversas fracciones burguesas expresadas, por un lado, en el Gobierno del presidente Maduro y sus nuevos ricos que se autodenominan como “burguesía revolucionaria” y, por el otro, la burguesía tradicional agrupada en Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria, cuya expresión política son los sectores reaccionarios que a través de los llamados a intervención extranjera y el robo de activos de la nación, han contribuido directamente a la tragedia que sufre el pueblo venezolano.
En ese escenario, el gobierno del presidente Maduro aplica con mucha fuerza políticas antiobreras y antipopulares que favorecen al gran capital nacional y transnacional, teniendo cada vez mayor rechazo, en especial en el pueblo trabajador de la ciudad y el campo y en el pueblo en general, cuyos derechos políticos, económicos y sociales son cada vez más restringidos.
En este contexto, el gobierno del presidente Maduro, a través del uso abusivo de las instituciones del Estado, trata de anular o disminuir la capacidad operativa del movimiento popular y de las organizaciones revolucionarias que rechazamos las políticas de la entrega y el saqueo de nuestros recursos.
En lo que respecta al proceso judicial que despojó al Partido Comunista de Venezuela de su personalidad jurídica, el objetivo no era otro que anular o reducir su capacidad de acción política que se desarrolla en dos planos simultáneos: la unidad de acción obrero-sindical, campesina, comunera y, de masas en general, acompañando las luchas de las y los trabajadores de la ciudad y el campo por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas, por salarios dignos, por la recuperación de las prestaciones sociales, pensiones y jubilaciones, por el cumplimiento de las contrataciones colectivas que se violan tanto por patronos públicos como privados, contra la criminalización y judicialización de las luchas; y, en otro plano, por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, populares, sociales y culturales que permitan construir una correlación de fuerzas alternativa capaz de convertirse en un referente para derrotar a los dos polos hegemónicos responsables de la catástrofe nacional.
La judicialización del PCV buscaba impedir que amplios sectores populares auténticamente patrióticos, democráticos y revolucionarios tuvieran una opción de participar en las elecciones del 28 con una propuesta a favor de las y los trabajadores y la gran mayoría de nuestro pueblo.
Debemos señalar con toda responsabilidad que el proceso judicial contra la legítima militancia del PCV, desde su comienzo estuvo, impregnado de vicios y errores inexcusables de derecho que configuraban una violación al debido proceso, pese a las reiteradas advertencias hechas por el equipo jurídico de nuestra organización.
Nuestros abogados, oportunamente alertaron a los magistrados que los siete ciudadanos que solicitaban la intervención judicial del PCV, al no ser militantes de nuestra organización, carecían de la cualidad jurídica requerida para incoar una acción contra el Partido Comunista de Venezuela. Igualmente, se advirtió sobre la causal de inadmisibilidad según el artículo 6, ordinal 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues si estos ciudadanos fueran militantes del PCV ─y demostramos que no es así─ la acción intentada ante el TSJ era extemporánea, por lo tanto, no procedía la admisión. De tal modo que su efecto era la muerte súbita. Pero además, los accionantes incurrieron en fraude procesal al mencionar en su escrito de amparo, normas de los estatutos del PCV que no están vigentes.
Cabe destacar que la írrita sentencia 1.160 da por cierto hechos que no se corresponden con la verdad, como por ejemplo, la supuesta falta de realización de Congresos Nacionales. Para nadie es un secreto que fue precisamente la celebración del XVI Congreso nacional del PCV, en noviembre de 2022, el punto de inflexión en la ofensiva anticomunista del Gobierno-PSUV, pues fue precisamente en esa máxima instancia de dirección que las y los comunistas venezolanos ratificamos la línea de confrontación y ruptura con la política antiobrera y antipopular de la cúpula corrupta que lidera Nicolás Maduro. La sentencia, además, cuestiona la reelección continua al vincularla con el «fenómeno del sultanismo» cuando esta figura está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A un año de esta maniobra antidemocrática, inédita en la historia jurídica y política del país, al Partido Comunista de Venezuela se le ha negado obtener copia certificada de la sentencia, pese a ser un mandato expresado en el propio documento. Además, las siete diligencias realizadas por nuestro equipo solicitándola no han recibido respuesta alguna.
Ante esta situación, el Partido comunista de Venezuela, el día 14 de diciembre de 2023, solicitó la revocatoria de la sentencia No. 1.160, por la violación de normas procesales de orden público constitucional, por parte de la Sala Constitucional, teniendo en cuenta una jurisprudencia, que constituye fuente de derecho, en la Sentencia de fecha 18 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado Dr. Antonio García García, en expediente No. 02-1702. En este caso, la propia Sala Constitucional admitió que puede revocar una decisión no solo porque sea írrita desde el punto de vista legal sino también constitucional, tal y como es el caso de la sentencia contra el PCV.
La respuesta de la Sala Constitucional a esta solicitud fue la Sentencia No. 0061, de fecha 06 de febrero de 2024, que declaró la solicitud «improponible en derecho» , desconociendo su propia jurisprudencia e incurriendo nuevamente los magistrados en un error grave inexcusable de derecho pues un dictamen de la misma Sala Constitucional establece «otra excepción a la cosa juzgada»,que permite revisar y REVOCAR las decisiones por el propio tribunal que las dictó.
El Partido Comunista de Venezuela, en su afán de seguir luchando por la recuperación de la personalidad jurídica, en fecha 5 de abril de 2024, introdujo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de Antejuicio de Mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional, por estar presuntamente incursos en el delito de denegación de Justicia al emitir la sentencia No. 0061 que declaró «improponible en derecho» la solicitud de revocatoria de la sentencia No. 1.160. Hasta el día de hoy, 10 de agosto de 2024, no hemos tenido ninguna respuesta a nuestra solicitud.
Es evidente que las sentencias No. 1.160 y No. 0061, en contra del Partido Comunista de Venezuela, no se circunscriben al ámbito del derecho, sino que tienen un objetivo político dirigido a favorecer los intereses del Gobierno-PSUV, como lo es impedir o neutralizar al legítimo PCV y tratar de fragmentar el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias.
Ha sido un año de largas luchas, de enfrentar los ataques que desde la cúpula del Gobierno y del PSUV y su grupo de mercenarios han propiciado contra la legítima estructura del Partido Comunista de Venezuela.
A nivel nacional, hemos enfrentado amenazas a cuadros dirigentes y a nuestra militancia, que van desde el acoso a la diputación de la dignidad en la Asamblea Nacional, representada en el secretario general del Comité Central central del PCV, el camarada Oscar Figuera; pasando por intentos de usurpación de los frentes de masa donde participan cuadros comunistas; hasta los intentos de deslegitimar al partido comunista en espacios internacionales, montando falsas matrices de opinión para arrojar dudas sobre nuestra histórica tradicional antiimperialista.
A pesar de estos intentos de liquidar al PCV, la militancia se encuentra cuestionada, firme y activa en la defensa del partido de la clase obrera y el rescate de nuestra de legalidad y la tarjeta del Gallo Rojo.
En la profunda crisis política, económica, social, ética y moral que hoy vivimos, las y los comunistas venezolanos reiteramos nuestro compromiso en defensa de nuestra Constitución, por el restablecimiento de los derechos políticos, económicos y sociales del pueblo, así como, el cese de la violencia y represión contra el movimiento popular, que se ha agudizado después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El legítimo Partido Comunista de Venezuela, ratificado por su XVI Congreso Nacional, se mantiene firme en su decisión y voluntad política de continuar impulsando la más amplia unidad de acción de masas obrero-sindical, para las luchas obreras y populares, igualmente el reagrupamiento de fuerzas populares, auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas, revolucionarias, capaz de hacer frente y derrotar la multifacética agresión del imperialismo y sus aliados, así como a los dos polos responsables de la catástrofe nacional que hoy sufrimos las y los venezolanos.
¡AL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA NO LO DESTRUYE NADIE!
Buró Político del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 10 de agosto de 2024