En una rueda de prensa desde la sede del Sindicato nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, las organizaciones que conforman el FDP alertaron que «son profusas las denuncias públicas de detenciones arbitrarias por parte de policías o militares, sin orden judicial ni estando en flagrancia».
«A las personas detenidas se les impide nombrar abogados privados y se les impone el nombramiento de defensores públicos que no garantizan una defensa legal adecuada. Las audiencias de presentación se han realizado de manera colectiva, sin una individualización clara de las imputaciones», agregaron en un comunicado leído por el periodista Manuel Isidro Molina, vocero del FDP.
El frente exigió «que el Ministerio Público cese las imputaciones con nulos o débiles elementos de convicción, basadas en motivaciones políticas».
El comunicado fue suscrito por La Otra Campaña, el Partido Comunista de Venezuela, Centrados en la Gente, Voces Antiimperialistas, el Movimiento Popular Alternativo, el Bloque Histórico Popular, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, EnComún, PPT/APR y el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs.
A continuación, reproducimos integralmente la declaración presentada a los medios de comunicación:
REPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
Segunda Declaración del Frente Democrático Popular
Queremos comenzar esta declaración recordando tres artículos de nuestra Constitución, muy importantes para la defensa de nuestros derechos y garantías en el actual contexto:
Iniciamos la referencia con la lectura parcial del artículo 3 constitucional, que dice:
«El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz…».
Continuamos con el artículo 5, cuyo contenido encierra el principio político democrático:
«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
Y finalizamos con el artículo 19, es la garantía transversal que deben observar los órganos del Poder Pública en cada una de sus actuaciones:
«El Estado garantizará a toda persona (…) el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público…».
Y siendo que estamos recibiendo denuncias por varios medios respecto a actuaciones desmedidas y sin las debidas garantías de debido proceso, presunción de inocencia, transparencia, y respeto irrestricto a los derechos humanos de los venezolanos el Frente Democrático Popular (FDP); espacio que articula a militantes de organizaciones sociales y políticas, con diferentes mandatos, enfoques e ideologías, con el objeto de contribuir a transformar la grave crisis que atraviesa nuestro país; se pronuncia sobre la política represiva desatada luego del 28 de julio, en los siguientes términos:
1. Las dudas sobre el resultado oficial de las elecciones, anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, el 29.07.24, siguen aumentado desde nuestro último pronunciamiento. El CNE mantiene la omisión de su obligación constitucional de realizar ─en los términos previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales─ las auditorías previstas en el cronograma electoral; mantiene sus oficinas cerradas; no da declaraciones públicas sobre los presuntos ataques informáticos (en su lugar las da el Poder Ejecutivo) y aún no publica los resultados desagregados mesa por mesa (como ha hecho desde hace casi dos décadas), ni entrega esa información a las organizaciones participantes del proceso. Es decir, el proceso electoral no ha culminado. Sin embargo, el CNE se ausenta de sus obligaciones constitucionales y mantiene en vilo a los 12,5 millones de electores que participaron y a todos los venezolanos. Por su parte, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no hace más que contribuir a la opacidad del proceso, asumiendo funciones propias del CNE, sin darle acceso a la información a los candidatos presidenciales y sus organizaciones. La paz de la República sigue amenazada por estas instituciones que realizan una violación continuada de los derechos políticos del pueblo venezolano.
2. La enorme movilización popular por la defensa de los derechos políticos sigue siendo respondida con una política sistemática de violación de derechos humanos, combinando una represión selectiva, a partir de detenciones arbitrarias de dirigentes políticos opositores, periodistas, miembros de organizaciones sociales o sacerdotes, con una represión masiva, fundamentalmente hacia habitantes de los sectores populares que se movilizaron ante el anuncio oficial de resultados. Algunos de los patrones de la represión contra los sectores populares que identificamos son los siguientes:
2.1. Del derecho a la libertad personal. El presidente Maduro informó que están privados de libertad 2.229 manifestantes, a los cuales acusa públicamente de «terroristas» que estaban bajo los efectos de la droga conocida como Captagon. De ellos, al menos, 126 son adolescentes, 185 son mujeres, 14 son indígeneas y 17 son personas con capacidades diferenciadas, según organizaciones de derechos humanos. Son profusas las denuncias públicas de detenciones arbitrarias por parte de policías o militares, sin orden judicial ni estando en flagrancia: personas que estaban manifestando pacíficamente y fueron detenidas e incluso, personas que ni siquiera estaban manifestando, pero estaban cerca de los lugares de concentración o que fueron detenidas posteriormente en sus casas, con allanamientos sin orden judicial, producto de denuncias previas a través de VenApp. También son profusas las denuncias de incomunicación de las personas detenidas, así como las de estar sometidas a condiciones indignas de reclusión en centros policiales o ser trasladadas a prisiones distantes de sus familiares.
2.2. Del derecho a la defensa y el debido proceso. A las personas detenidas se les impide nombrar abogados privados y se les impone el nombramiento de defensores públicos que no garantizan una defensa legal adecuada. Las audiencias de presentación se han realizado de manera colectiva, sin una individualización clara de las imputaciones. Los tipos penales más utilizados por el Ministerio Público para imputar, con nulos o débiles en elementos de convicción, son: terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y obstrucción de vía pública; los dos primeros delitos con penas que van entre los 10 y 30 años de prisión. Al débil sustento del Ministerio Público se le suma la complicidad de los jueces de control que aceptan iniciar el proceso penal, pese a la falta de elementos de convicción. Las graves penas de la imputación impiden que el juicio se realice en libertad; genera terror en los imputados y facilitan la extorsión de los imputados para que acepten hechos que no cometieron (en declaraciones grabadas) a cambio de un mejor trato. Se trata de patrones del aparato penal que se han consolidado en el último lustro.
2.3. De los derechos laborales. Luego de las movilizaciones populares se inició una persecución particular contra funcionarios públicos. Mediante la revisión de redes sociales, han sido despedidos centenas de trabajadores. Hay denuncias de despidos masivos en VTV, SENIAT, Pdvsa y Conviasa. La mayoría de estos trabajadores no han formalizado denuncias debido a posibles retaliaciones y retenciones de sus prestaciones sociales o posibles acusaciones penales.
3. Aunque la inmensa mayoría de las manifestaciones fueron de carácter pacífico, ocurrieron, en efecto, algunas de tipo violento, en el marco de las cuales hubo agresiones contra militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Entre ellas, un grave intento de linchamiento en Carora (Lara); el asesinato de dos mujeres )una en Aragua y otra en Bolívar); amenazas telefónicas a líderes locales o marcas en sus casas. Desde el FDP condenamos estas expresiones de odio político y exigimos al Estado que sean adecuadamente investigadas y sancionadas; y que sea protegida la vida e integridad de los militantes de base de PSUV.
4. Frente a los hechos denunciados el FDP plantea las siguientes exigencias:
4.1. Que el CNE cumpla con su obligación legal de publicar de inmediato los resultados mesa por mesa, bien sea en su sitio web, en un sitio web alterno o entregando la data directamente a las organizaciones políticas participantes y otros actores; así como que facilite un proceso de auditoría sobre actas, máquinas y cajas contentivas de papeletas para el conteo uno a uno de los votos. Sólo el respeto a la soberanía popular permitirá recuperar una administración democrática y pacífica del conflicto político venezolano.
4.2. Que el Ejecutivo Nacional y sus cuerpos de seguridad cesen las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y siembra de evidencias a manifestantes, disidentes, opositores o críticos del Gobierno; que detengan también el empleo de organizaciones parapoliciales para amedrentar y reprimir a los sectores populares.
4.3. Que el Ministerio Público cese las imputaciones con nulos o débiles elementos de convicción, basadas en motivaciones políticas, por gravísimos tipos penales y que los jueces de control se abstengan de iniciar procesos penales cuya principal motivación es criminalizar la defensa de derechos políticos.
4.4. Que la Defensoría del Pueblo acompañe a las personas que están siendo injustamente procesadas; que investigue la situación de sus condiciones de reclusión; que investigue los patrones de violencia institucional que están siendo denunciados y actúe para prevenirlos y promover su sanción.
4.5. Que se realice un proceso de negociación política que permita a la brevedad auditar el resultado anunciado por el CNE y proteger la expresión de las mayorías, garantías políticas para todos los actores del conflicto y poner en libertad a las personas detenidas e imputadas por ejercer su derecho a la manifestación.
4.6 Que se investigue a profundidad, caso a caso, las imputaciones y sentencias aplicadas para distinguir quien realmente cometió algún delito y quiénes simplemente han sido acusados indebidamente. El Estado debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los venezolanos.
5. Finalmente, el FDP subraya que, en este contexto, la única garantía para lograr el respeto a nuestros derechos políticos es la movilización popular, la libre expresión de nuestras opiniones y análisis, el más amplio debate público, la exigencia de nuestros derechos ante las instituciones y la demanda de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos. Por tal razón, invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada y movilizada.
¡Exigimos respeto a la Constitución, la soberanía popular y los derechos humanos!
Adhieren: La Otra Campaña, Partido Comunista de Venezuela, Centrados en la Gente, Voces Antiimperialistas, Movimiento Popular Alternativo, Bloque Histórico Popular, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, EnComún, PPT/APR, Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs.