«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
Hemos sido testigos de una confabulación de los Poderes Públicos ─controlados abiertamente por la cúpula del Gobierno-PSUV─ para armar un tinglado de complicidades que ─mediante procesos pseudolegales─ impide el acceso público a los resultados impresos en las actas de escrutinio y a las cajas donde está resguardado el voto físico de cada elector.
La Sala Electoral del TSJ no sólo usurpó competencias constitucionales del CNE, sino que además realizó un «proceso de peritaje» con supuestos expertos nacionales e internacionales que no han sido públicamente identificados; cuestión que impide dar fe pública de su profesionalismo y destrezas técnicas, y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado.
La sentencia de la Sala Electoral era previsible. Son conocidas las actuaciones del TSJ que evidencian su absoluta subordinación al Poder Ejecutivo, al hacerse parte de ilegales procesos de criminalización y judicialización de luchas de la clase trabajadora, de activistas sindicales, políticos y sociales; así como de la intervención de las direcciones de los partidos políticos para entregárselas a mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV. No obstante, este nuevo fallo supera otras aberraciones judiciales previas, pues lejos de ofrecer una solución a la grave crisis política que atraviesa el país, agudiza el estado de incertidumbre y aumenta las dudas razonables sobre los resultados del proceso electoral con escrutinios que no pueden ser cotejados con las actas emitidas por las máquinas electorales y que poseen las organizaciones políticas participantes.
A esto le teme la cúpula en el poder: a que una vez publicados por el CNE los resultados, desglosados mesa por mesa, se puedan contrastar con las actas de escrutinio en manos de decenas de miles de venezolanas y venezolanos que participaron como testigos de los partidos políticos; y si hubiera inconsistencias, proceder ─con base a la Constitución y la ley─ a impugnar los resultados y así obligar a un verdadero juicio.
Para evitar ese proceso; incautar las actas de escrutinio en poder de los partidos y sus testigos; impedir su posterior utilización como elemento probatorio y convalidar los resultados no creíbles dados por el presidente del CNE, se organizó la parodia ante la Sala Electoral que, de no ser rectificada por la Sala Constitucional del TSJ, puede abrirle las puertas a una época de mayor inestabilidad social y política en Venezuela.
Con este pronunciamiento de la Sala Electoral queda claro para el país que el CNE no cumplió con sus funciones ─como lo establece el artículo 293 de la Constitución─ al no publicar los resultados desglosados por mesa y al suspender las auditorías posteriores, como la de telecomunicaciones fase II, verificación ciudadana fase II y datos electorales fase II; procesos que eran esenciales para verificar la transparencia del proceso e incluso para determinar si hubo un «hackeo», como se ha alegado. De tal modo que, desde el PCV, demandamos ante el Ministerio Público que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del órgano electoral y las responsabilidades personales de los rectores principales y suplentes del CNE.
Ante este conjunto de irregularidades que reviste el proceso contencioso electoral, el PCV evalúa solicitar un recurso de amparo por violaciones a intereses colectivos y difusos, ante la Sala Constitucional del TSJ; así como acompañar otras acciones jurídicas y políticas, como las propuestas por el Frente Democrático Popular (FDP) ─del cual somos parte─ y por nuestro excandidato presidencial, Enrique Márquez, para garantizar el respeto a la soberanía popular y la restitución del estado de derecho.
Condenamos que la sentencia de la Sala Electoral del TSJ sea utilizada como justificación para ampliar la represión contra nuestro pueblo; la persecución y los despidos en centros de trabajo; la criminalización y judicialización del movimiento popular, así como de las organizaciones políticas, sociales y sus militantes. Además, es repudiable desde todo punto de vista que altos jerarcas de la cúpula del Gobierno-PSUV, como Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello, invoquen esta sentencia para condicionar ─de manera ilegal e inconstitucional─ la participación de los actores políticos en los venideros procesos electorales.
Rechazamos las violaciones a los derechos humanos y exigimos al Gobierno de Nicolás Maduro que libere a los cientos de manifestantes ─provenientes en su mayoría de sectores populares─ que han sido detenidos y sometidos a procedimientos violatorios del debido proceso al ser acusados sin fundamento alguno de «terrorismo».
Desde el PCV exigimos una vez más que se publiquen los resultados desglosados ─y no solo los resultados generales, como sentenció la Sala Electoral del TSJ─; que se permita la realización de la auditoría ciudadana de cada una de las cajas y el conteo de las papeletas de votación. Solo así será posible despejar las dudas de nuestro pueblo y no defraudar la voluntad popular expresada a través del voto.
El PCV reitera su firme rechazo a escenarios al margen de la Constitución. La salida a la presente crisis debe ocurrir sin la intervención de potencia extranjera alguna y con el protagonismo del pueblo venezolano, en particular de su clase trabajadora.
Como destacamento de vanguardia, la militancia comunista seguirá en pie, sumando fuerzas y organizando luchas para defender la plena vigencia de la Constitución y de la soberanía popular.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 26 de agosto de 2024.