El primer ministro británico, Boris Johnson siguiendo las orientaciones de su líder conservador, el estadounidense Donald Trump, ha lanzado una vertiginosa carrera para concluir la aplicación del Brexit aunque esto represente grandes costos económicos para Gran Bretaña.
Durante la visita que realizó Trump a Gran Bretaña, criticó a la entonces primera ministra Teresa May a la que catalogó de débil por no concretar la salida de ese país de la Unión Europea (UE), a la par que apoyó a Johnson como el mejor candidato para sustituirla y le ofreció todo su beneplácito para iniciar una mayor relación económica y política entre los dos países.
Con esa postura, el magnate de la Casa Blanca trata de lograr dos importantes cuestiones: debilitar a la Unión Europea (potencial contrincante económico) y poner bajo su égida a Gran Bretaña, la quinta economía mundial.
Johnson ha declarado en reiteradas ocasiones que el próximo 31 de octubre el Reino Unido abandonará la Unión Europea, con o sin acuerdo lo que significa hacerlo con el denominado Brexit duro.
La decisión perjudica tanto a la UE que pierde a la quinta economía mundial y a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, como también a Gran Bretaña que deberá enfrentar grandes desafíos económicos, de inmigración y hasta territoriales.
Loa analistas aseguran que va a perjudicar gravemente a la productividad británica y contribuirá a devaluar la libra esterlina pues deteriorará el estado de las finanzas públicas que se traducirá en más privatizaciones, dependencia de las finanzas privadas internacionales por parte del Estado, mayores ventas a empresas extranjeras, liquidaciones de activos públicos como la sanidad y educación. Aumentarán los precios para los servicios, alimentos y combustible.
El artículo 50 del Tratado de Lisboa, firmado hace 44 años,
estipula que cualquier miembro de la Unión Europea, tiene derecho a abandonar el bloque si lo estima conveniente, otorga dos años de negociaciones para la salida oficial y una vez que se concluya no existe posibilidad de revertirlo al no ser que los restantes miembros acuerden lo contrario.
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Jurker señaló que al romper su alianza, Londres deberá pagar más de 60 000 millones de dólares hasta 2020, correspondiente a los compromisos financieros legalmente vinculantes, adquiridos durante su etapa en el bloque.
A Gran Bretaña se le exige abonar su contribución al presupuesto hasta 2020, ascendente a 29 000 millones de euros. Esta nación, con un 14 %, es la que más aporta a los presupuestos y programas de la Unión lo cual representa también un duro golpe a los proyectos comunitarios, equivalentes a un déficit de alrededor de 10 200 millones de euros anuales.
Pese a que las partidas señaladas están documentadas, los funcionarios británicos afirman que la cifra real solo ronda los 20 000 millones de euros.
Con el Brexit duro, el primero de noviembre el país estaría fuera del Mercado Común y de la Unión Aduanera, dos de los principales instrumentos de política comercial del bloque, y las partes se relacionarían según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Asimismo, saldría inmediatamente de la órbita de varias instituciones como la Corte Europea de Justicia y la Europol y terminaría la afiliación a docenas de cuerpos gubernamentales que regulan gran parte de los asuntos generales, como las medicinas o las marcas registradas.
El primer ministro ha insistido en que con su medida va a dinamizar la economía de la nación pero muchos se preguntan cómo lo hará si abandona un mercado de 500 millones de consumidores, con un ingreso per cápita superior a los 35 000 euros al cual destina hoy el 40 % de sus exportaciones que entran al mercado común sin arancel, y que a partir de noviembre tendrán que pagarlos más altos.
Británicos y europeos también pagarán las consecuencias pues los segundos no podrán entrar libremente a Londres mientras los primeros perderán los derechos que la UE les otorga como el reconocimiento en terceros Estados o la tarjeta de salud que les permite recibir tratamiento en los hospitales públicos de cualquier país miembro en caso de enfermedad o accidente.
Otro grave problema a resolver y que aun no se ha hallado una solución aceptable es la frontera entre la República de Irlanda (que permanecerá como miembro de la UE) e Irlanda del Norte, parte de Reino Unido.
Recordemos que los puestos fronterizos fueron una de las condiciones de los Acuerdos del Viernes Santo que pusieron fin a décadas de violencia en la Isla. La ley europea señala que serán necesarios para algunos productos como alimentos y enseres químicos mientras Londres apuesta por soluciones de alta tecnología que crearían una frontera invisible.
Mientras enredos y dolores de cabeza crean insomnio a británicos y europeos, en la Casa Blanca están de fiesta al estimar que dentro de poco estará más debilitada la Unión Europea y tendrán bajo su halo a Gran Bretaña.