Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. No reconoce otra libertad que la libertad económica, por lo que le resulta fácil sacrificar todas las demás. La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El FMI es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero.
El robo es tan evidente hasta el punto de que el monto de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos. Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015), desde Argentina hasta Brasil y muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales, el país se incendia socialmente, se declara un estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia para mantener los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos -es decir, las grandes mayorías empobrecidas-, se hiere y asesina a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.
Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008, la primera que en su articulado consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Una alternativa que se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pueblos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrase en su versión original, en lengua quechua, el suma kawsay, traducido imperfectamente por "buen vivir". Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora y grandes expectativas, de manera especial para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda.
La presidencia de la república la ocupaba Rafael Correa, un gran comunicador, sin gran arraigo en los movimientos sociales, con un discurso antimperialista, siempre polémico en sus posiciones y poco tolerante con las divergencias en su propio campo político. A pesar de ello, realizó un trabajo notable de renegociación de la deuda externa y de redistribución social, aunque erróneo y tal vez insostenible por dos razones principales. Por un lado, tenía dificultades para reconocer en los pueblos indígenas algo más que gente pobre; sus derechos colectivos, su cultura y su historia apenas contaban; la redistribución social implicaba centralismo de Estado y la liquidación de las autonomías territoriales del autogobierno indígena, garantizadas al menos desde la Constitución de 1998; pronto trabajó duro por demonizar a los líderes indígenas. Por otro lado, en contra de la Constitución e invocando dificultades financieras, adoptó el modelo de desarrollo capitalista neoextractivista (centrado en la extracción de recursos naturales, especialmente petróleo), aunque dando preferencia a los inversores chinos en detrimento de los inversores norteamericanos tradicionalmente presentes. En los últimos años, Correa fue abandonado por una buena parte de la izquierda ecuatoriana, no solo por su desarrollismo, sino por su virulencia contra los líderes indígenas. Yo mismo fui crítico con Correa, pero nunca compartí los excesos de cierta izquierda, ungida por la izquierda ecologista europea, que llegó a considerar a Correa como un líder autoritario de extrema derecha. Hoy deben estar experimentando un baño de realidad sobre lo que verdaderamente es la extrema derecha en Ecuador y en todo el subcontinente.
Rafael Correa estuvo en el poder entre 2007 y 2017 y fue relevado por su vicepresidente durante varios años, Lenín Moreno, ahora presidente. Inicialmente, dio la idea de que lo que cambiaría solo sería el estilo de gobierno, no la sustancia. Sin embargo, quien conocía los antecedentes de Moreno debería haber estado estar más atento. Nadie se dio cuenta de que la persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas estadounidenses, especialmente en el sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción. Fue así contra Lula da Silva y Cristina Kirchner, entre muchos otros. Poco a poco, Moreno fue mostrando su verdadero propósito: realinear Ecuador con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo con el FMI culminó la celebración de esta alianza. El llamado "paquetazo" decretado el 1 de octubre, el paquete de medidas de austeridad, es de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, la gran mayoría de la población ecuatoriana.
La trágica trayectoria de las recetas del FMI es de sobra conocida. Nunca dan nada más que buenos negocios para sus inversores. Siempre resultan en el empobrecimiento de las grandes mayorías. A pesar de ello, o tal vez por ello, siguen aplicándose y, cada vez que se aplican, se anuncian como la única alternativa para salvar el país. Que el FMI sea indiferente a las desastrosas consecuencias sociales de sus recetas no resulta sorprendente, porque no se puede exigir que el capitalismo haga otra filantropía que la que redunda en su propio interés (y por tanto no es verdadera filantropía). Lo sorprendente es que Lenín Moreno parece no recordar que la resistencia de los pueblos indígenas, una resistencia aprendida a lo largo de los siglos, ya ha derribado a tres presidentes desde 1990, y es muy probable que él sea el próximo. Lo más trágico para el pueblo ecuatoriano es que los anteriores derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) fueron mucho menos violentos de lo que se anuncia para el siguiente. La tímida declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya incapacidad para defender con autonomía los derechos humanos es bien conocida, es una señal de los tiempos autoritarios en los que nos encontramos.
Tras doce días de lucha, Moreno cedió. Derogó el decreto 883 que estableció las políticas de austeridad (sobre todo, la práctica duplicación del precio de la gasolina). Es un paso atrás de supervivencia política, pero mal disfrazado. El decreto 894 comienza justificando la derogación del decreto 883 por razones técnicas (que no son otras que la imposibilidad de aplicarlo debido a la resistencia del pueblo), para luego esgrimir razones de paz social y concordia y anunciar el propósito de negociar con las organizaciones sociales las nuevas medidas. El artículo 2 del nuevo decreto estipula que los subsidios se mantendrán y solo se racionalizarán y enfocarán para que no se beneficien de ellos quienes no los necesitan o los usan para el contrabando. Si este fuese el propósito inicial, el país no habría reaccionado como lo hizo.
Los antecedentes de Moreno, ahora más expuestos, hacen que el pueblo ecuatoriano no se desarme en la nueva fase de lucha. Con su lucha, están dando una lección al mundo: el poder injusto, por fuerte que sea, siempre tiene un punto vulnerable, su injusticia y la resistencia pacífica y organizada contra ella.A dos años del fin de su mandato, Moreno sabe que esta cesión es una derrota personal que le saldrá cara en un futuro próximo. Todos recordarán la arrogancia de su propósito inicial de llevar adelante la austeridad a cualquier precio. Este discurso se dirigía al FMI y no al pueblo ecuatoriano. El nuevo discurso, con un toque patético y supuestamente conmovido, es un discurso dirigido al pueblo ecuatoriano y es poco más que un discurso de rendición. De hecho, la principal derrota no es la de Lenín Moreno, sino la del FMI y sus políticas de austeridad. Las últimas maniobras se abortaron, como se dice en la jerga militar. Tal y como se abortaron en Argentina. Y otros países seguirán. Las dificultades del FMI reflejan el declive del neoliberalismo en esta segunda década del siglo.
* Traducción de Antoni Aguiló.