No podemos depender exclusivamente de instituciones caritativas como Fundaciones para adquirir medicinas. En lo que respecta a la financiación pública, debemos asegurarnos de que los mecanismos de financiación en vigor no impliquen que los pacientes paguen dos veces, primero a través de los impuestos y luego por medio del alto precio de los medicamentos. Si observamos los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, (NIH), o el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, ambos importantes contribuyentes de la investigación farmacéutica, las condiciones impuestas a las entidades que solicitan financiación para la investigación son muy débiles. Las empresas comerciales adquieren derechos de propiedad intelectual sobre innovaciones pagadas por los gobiernos, que luego, pueden vender a un alto precio. Afortunadamente, hay un debate en curso sobre la necesidad de abordar esta cuestión, incluso en el mundo académico, que está examinando políticas equitativas de concesión de licencias.
Un mecanismo importante para esa colaboración es, por supuesto, el Medicines Patent Pool (MPP), que actualmente se está expandiendo para abarcar enfermedades distintas del VIH, como la hepatitis C. Esta organización también está estudiando la posibilidad de desempeñar un papel en enfermedades no transmisibles, como el cáncer. Es importante reconocer que las empresas están cada vez más dispuestas a colaborar con el MPP. GSK, por ejemplo, se ha comprometido públicamente a conceder al MPP las licencias de su cartera de oncología. No obstante, también se debe lograr que haya más fondos públicos disponibles para financiar la investigación en nuevos tratamientos.
el Grupo de Alto Nivel pide que se celebren negociaciones internacionales para llegar a un acuerdo acerca de un tratado sobre I+D en el ámbito de la medicina que regule la distribución de los costos y los beneficios de la I+D con arreglo a principios de desvinculación. Es preciso disponer de un mecanismo a escala internacional para hacer frente al oportunismo. La Comisión Lancet recomienda que se desvincule progresivamente una serie de productos prioritarios para cubrir la falta de medicamentos esenciales. Por ejemplo, en el caso de la resistencia antimicrobiana, el desarrollo de nuevos antibióticos es una necesidad apremiante. La industria farmacéutica es sincera cuando dice que esos productos no se desarrollarán bajo el modelo actual porque la inversión no tiene sentido desde el punto de vista comercial.
Se debe buscar una vía que fomente una mayor diversidad en los mecanismos de incentivo que se utilizan para financiar la innovación en la elaboración y administración de fármacos, nadie va a trabajar a pérdidas, menos los laboratorios.
Los gobiernos, tienen esa responsabilidad de dar el derecho a la salud y velar que sean accesibles a quienes la necesiten. La idea es otorgarles una cobertura de salud universal y contribuir a desarrollar como alcanzar esa meta. Pero, para ello, es necesario que los gobiernos actúen. Los problemas surgen cuando la legislación deja flexibilidades sin efecto. Por ejemplo, se están introduciendo nuevas formas de derechos de PI, como la exclusividad de datos, que pueden ser draconianas si la legislación no prevé una exención de esa exclusividad que pueda aplicarse, entre otros ámbitos, al de las licencias obligatorias. De lo contrario, ese tipo de legislación paraliza la capacidad de los gobiernos para intervenir cuando una licencia obligatoria es necesaria. Además, si esas disposiciones se exportan a otros países, por ejemplo, por medio de acuerdos comerciales, se convierten en motivo de preocupación.
También debemos apartarnos de la noción (que el Acuerdo sobre los ADPIC tiende a reforzar) de que las patentes son el único modo de estimular y financiar la innovación. Tenemos que fomentar una mayor diversidad en los mecanismos de incentivo que utilizamos para financiar la innovación. Tenemos que encontrar una manera diferente, que no se base principalmente en intereses comerciales, de establecer prioridades para la I+D en el ámbito de la medicina. Ello no implica volver a redactar el Acuerdo sobre los ADPIC, sino que los gobiernos deben examinar distintas modalidades.
Lo que sucede es que las autoridades venezolanas nunca hablan sobre ello, simplemente hay ignorancia o una evasión de esas circunstancias.
La OMPI es el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de la propiedad intelectual y, sin embargo, los debates sobre la PI y algunas de las cuestiones más complejas desde el punto de vista de las políticas públicas suelen tener lugar fuera de la Organización. La OMPI debería ser el foro de un debate más sustantivo y basado en datos empíricos que se aleje de las posturas ideológicas y políticas. Solo así podrá celebrarse un debate a fondo sobre las políticas públicas.
La OMPI, mediante sus representaciones jurídicas, solo están presentes en los países en vías de desarrollo que tienen oro y otros productos de mineralogía en su subsuelo. Sabemos que el desarrollo de medicamentos es costoso, pero ¿cómo podemos tomar decisiones importantes en materia de políticas a partir de afirmaciones no justificadas?
Una mayor transparencia permitiría mantener un debate más fundamentado y adoptar mejores políticas en la Unión Europea para ampliar la patente básica de un medicamento protegido, con el fin de que la empresa pueda recuperar su inversión en I+D. Actualmente, no se pide a la empresa que demuestre que extender la exclusividad comercial sea realmente necesario.
Venezuela, en la actualidad esta acorralada por las actividades de bloqueo departe de las insuaciones de dos dirigentes políticos, me refiero a Juan Guaido y Julio Borges. Más las pericias de los norteamericanos.
La mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen carácter internacional y están presentes en muchos países a través de sus filiales. El sector es tecnológicamente muy adelantado y abarca la biología, bioquímica, ingeniería, microbiología, farmacia y farmacología, medicina, enfermería, física, etc. Esta industria desarrolla actividades de investigación y desarrollo (I+D), producción, control de calidad, marketing, representación médica, relaciones públicas o administración.
La globalización le ha permitido maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas (países en vías de desarrollo), instalan sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados.
La industria farmacéutica, encargada de la producción y comercialización de medicamentos, es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. La Lista Fortune (500 mayores empresas del mundo) mostraba en 2002 que el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas. El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancias, gracias a que, si alguien necesita una medicina y dispone de recursos, la compra.
Estas empresas buscan conseguir fabulosas ganancias, recurriendo a estrategias muchas veces cuestionables que gracias a su poder suelen gozar de una gran impunidad, aplastando a competidores menores y presionando a los gobiernos. Los precios que fijan son muy elevados, lo que los hacen inaccesibles a una gran parte de la población mundial, mientras que algunos de sus productos dañan la salud de los enfermos.
Una estrategia que incremento el poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses fue la ley de extensión de patentes (Ley Hatch-Waxman) aprobada por Reagan en 1984, (hasta esa fecha la política de patentes no afectaba a los medicamentos por considerarlos un bien necesario). Esta medida se extendió posteriormente al resto del mundo gracias a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, que vela por que la globalización no afecte a los intereses del gran capital multinacional. Ahora el 60% de las patentes de medicamentos son de EE.UU., frente al 20% de la Unión Europea. Gracias a esto EE.UU. domina el mercado de los 50 medicamentos más vendidos.
Para alcanzar y mantener estos enormes beneficios (a expensas de los servicios sanitarios públicos), recurren en muchos casos a colocar en puestos políticos y gubernamentales a personas afines a sus intereses o a directivos de sus empresas.
Estados Unidos concede exenciones y reducciones de impuestos e incorpora a los tratados internacionales de libre comercio (como el que actualmente se está negociando con la Unión Europea TTIP) medidas que favorecen a la industria farmacéutica, lo que demuestra que sus beneficios no es fruto del libre mercado sino de una política de protección de esta industria en EE.UU. Esta estrategia es similar a la aplicada ahora por la Unión Europea que protege a sus laboratorios con medidas como no contemplar criterios económicos a la hora de autorizar un nuevo fármaco.
* Escrito por Emiro Vera Suárez, Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño