El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran, estaban desactivados y desmoralizados.
- La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron "su" gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.
La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: "Presidente Evo ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional".
- Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.
Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.
En junio de 2012 CIDOB denunció "la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia". Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una "comisión ampliada" para elegir nuevas autoridades.
En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para "aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada".
- El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.
Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.
Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Este es el estilo de un gobierno que denuncia "golpe" pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.
- Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta. Pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que se ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia aunque no llegara a 50% de los votos.
En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman tres oficinas regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso "un golpe de estado" por parte de la derecha boliviana.
El lunes 28, se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.
El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a "ponerse del lado de la gente" para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras tres unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y los uniformados fraternizaron con los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita.
- En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades.
El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: "Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios". "Ambos se erigen en representantes únicos del ‘pueblo’. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas, ambos usan el conflicto para sacar ventaja".
No sólo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que "nadie necesite nunca más de un partido político para ser escuchad@ y para hacer ejercicio de representación".
La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entró en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales-García Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo (en particular en La Paz y El Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un "golpe" que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares.
- La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan sus jefes para que no acumulen poder.
No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.
No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer.