Los dramáticos acontecimientos en Bolivia han seguido un guion imperial que los latinoamericanos empiezan a conocer bien: preparar el cambio de régimen de un gobierno considerado hostil a los intereses de los Estados Unidos (o mejor de las multinacionales norteamericanas). Lo hacen montando un plan doble: anular una victoria electoral “enemiga” y consolidar rápidamente el nuevo régimen que toma medidas que no son propias de un gobierno de transición. Ciertamente nos sorprende lo que pasó, pero también el modo inmediato como fue comentado, de modo mayoritariamente desfavorable al gobierno de Evo Morales y desde cuadrantes ideológicos supuestamente opuestos. Propongo contribuir a este debate pues veo en los recientes acontecimientos en Bolivia las semillas de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Empiezo por enumerar cómo vi la emergencia de Evo en la escena internacional, para abordar luego los principales logros de su Gobierno en contrapunto con sus fracasos, algunos de los cuales critiqué oportunamente. Termino con una evaluación con la mirada puesta en el futuro no solo de los procesos políticos del continente, sino también de los comentarios críticos por parte de sectores de izquierda y feministas.
Situando la emergencia de Evo y la difícil solidaridad crítica
Hace más de una década, el 12 de abril de 2007, en un texto titulado “Aprender con el Sur” escribí: “Cuando, en 1537, el Papa Paulo III decretó en la bula Sublimis Deus que los indios tenían alma, abrió un largo proceso histórico que concluyó con la elección, en 2005, del primer indio presidente de un país: Evo Morales, en Bolivia. Con el 62% de población indígena, Bolivia es uno de los países de América Latina más ricos en recursos naturales y también uno de los más pobres... El proceso boliviano es frágil y con desenlace incierto. En Santa Cruz de la Sierra, centro del capitalismo agrario, vi constituyentes indígenas siendo insultados y agredidos por grupos de extrema derecha. Lo que me impresionó en la actitud de los constituyentes fue que, a diferencia de la izquierda europea hegemónica, son militantes de causas, no funcionarios de cosas”.
Acompañé en los años siguientes el proceso político iniciado con la victoria electoral de Evo Morales. Así, el 3 de febrero de 2009 escribía: “El pasado 25 de enero participé, en calidad de observador internacional, en el referendo constitucional de Bolivia. La consulta consistía en dos preguntas: una sobre si se aprueba o no la nueva Constitución Política aprobada en diciembre de 2007 en la Asamblea Constituyente y modificada por negociación política en el Congreso en octubre de 2008; y otra pregunta, acerca del tamaño máximo de la propiedad de la tierra: 5.000 o 10.000 hectáreas. Tuve la sensación de estar testimoniando un acontecimiento histórico, uno de los más consistentes ejercicios de democracia de alta intensidad de nuestro tiempo. Hace mucho no presenciaba un acto electoral tan participativo (más del 80% de votantes), tan intensamente vivido como fiesta democrática, tan bien preparado desde el punto de vista logístico y de capacitación electoral… Independientemente de su resultado, el referendo fue una lección de democracia dada por un pueblo que mostró una vocación extraordinaria para someter a la voluntad popular las decisiones políticas más transcendentes... Se trata de un proceso histórico muy rico, pero también muy contradictorio y lleno de riesgos. Identifico dos riesgos principales.
El primer riesgo se refiere a la relación siempre tensa entre democracia y justicia social. Aquellos que hace años se alarmaron con una indagación del PNUD que declaraba a los latinoamericanos listos a sacrificar la democracia por una dictadura que les garantice algún tipo de bienestar, tendrán que revisar su posición: si tuviesen una alternativa democrática creíble, los latinoamericanos la apoyarían con entusiasmo en la expectativa de que genere justicia social. ¿Y si ello no ocurriera? Aquí reside el primer riesgo: altas expectativas conducen a grandes frustraciones y los resultados son imprevisibles. Este riesgo es más serio en Bolivia en tanto las dos preguntas del referendo estaban centradas en una idea fuerte y multidimensional de la justicia social, incluyendo dimensiones socioeconómicas, históricas, culturales y étnicas. 61,47% de los bolivianos votaron a favor de la nueva Constitución y 80,66% a favor de las 5.000 hectáreas como extensión máxima para la propiedad de la tierra. Estamos ante un nuevo constitucionalismo, un constitucionalismo transformador que se asienta más en la iniciativa popular que en la iniciativa de las élites, que celebra la diversidad cultural, étnica y racial de los países en lugar de tener de ellos una visión supuestamente homogénea y siempre reductora. Pero toda esta energía ciudadana, siendo suficientemente fuerte para producir textos constitucionales innovadores, ¿será igualmente fuerte para transformarlos en realidad? Si no lo fuese, el riesgo es grande.
El segundo riesgo reside en la capacidad del proceso constituyente de crear una nueva hegemonía democrática que neutralice la pulsión golpista, tan evidente en el primer semestre de 2008. El potencial redistributivo de la nueva Constitución afecta en el plano económico a una clase social dominante que no parece dispuesta a perder sus privilegios. La oposición boliviana está hoy dividida entre un sector que ve en Evo Morales un adversario a derrotar en las urnas y otro sector que lo ve como enemigo, encima indio, al cual abatir por cualquier medio. Al contrario de lo que difunden los grandes medios, el gobierno de Evo Morales ha demostrado una enorme disponibilidad para la negociación. Solo para dar un ejemplo: contrariamente al texto constitucional aprobado en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución Política, salida de las negociaciones del Congreso en octubre de 2008, no se aplica retroactivamente en relación al tamaño máximo de la propiedad de la tierra. La gran propiedad de la tierra, mientras sea utilizada productivamente, no será afectada (tal como ocurre en Brasil). A pesar de ello, el segundo riesgo (el del colapso de la democracia) es real y para neutralizar a Bolivia requiere del apoyo regional”.
Y en agosto de 2012 escribí: “¿Quién podría imaginar hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue por medio de la defensa de estos derechos que conquistaron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que, una vez conquistado, el poder se vuelva tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon para que él fuera poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido a favor de las minorías más ricas? (…) En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (el Parque Nacional TIPNIS) para drenar recursos naturales... El neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan, obstáculos para el desarrollo que es necesario promover lo antes posible. Para el capitalismo extractivista la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Cuando la democracia asuma que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida oponerle resistencia, puede que sea demasiado tarde. Mientras tanto, puede que el capitalismo ya haya concluido que la democracia no es compatible con él”.
Aciertos y logros del gobierno de Evo
En el primer Gobierno de Evo Morales (2006-2010), el más avanzado en términos de transformaciones sustantivas, se destaca el cumplimiento de la llamada “Agenda de Octubre”, con dos medidas esenciales en Bolivia: a) la nacionalización de los hidrocarburos, producida con mucho simbolismo el 1° de mayo de 2006 (algunos críticos sostienen que en realidad fue una renegociación de contratos con las petroleras); y, b) la Asamblea Constituyente, que luego de un difícil camino condujo a la aprobación en referendo (enero de 2009) de una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.
Con la nacionalización de los hidrocarburos y de empresas estratégicas como la de telecomunicaciones (Entel), que coincidió con un período de bonanza por efecto del incremento de los precios internacionales de materias primas, el Estado boliviano salió de su condición de mendigo (el “Estado con huecos”) y con Evo Morales se avanzó hacia un Estado fuerte con presencia territorial. La inversión pública se convirtió en la fuente principal de un modelo de crecimiento, estabilidad económica y redistribución elogiado por todos los organismos internacionales. Pese a dificultades y demoras, se dieron pasos importantes para avanzar en la anhelada industrialización de los hidrocarburos, así como en otros grandes emprendimientos (generación de electricidad, explotación del hierro, explotación de las reservas de litio).
La nueva Constitución trajo consigo avances y logros fundamentales en el marco del nuevo modelo de Estado Plurinacional y con autonomías. Un acierto fundamental fue el reconocimiento constitucional del sujeto “indígena originario campesino” y su inclusión en la estructura estatal y en el ámbito público-político. La plurinacionalidad del Estado es un logro en construcción cuyo mayor impulso es obra del Pacto de Unidad que en su momento unificó a las organizaciones matrices. Se avanzó también en el camino de largo plazo de las autonomías en diferentes niveles territoriales, incluido el autogobierno indígena.
Por supuesto que no puede dejar de señalarse como logro fundamental la reducción importante de las brechas de desigualdad y, en especial, de pobreza. Durante el período de Gobierno de Evo, según datos oficiales, la pobreza se redujo del 59,9 por ciento al 34,6 por ciento, en tanto que la pobreza extrema bajó del 38,2 al 15,2 por ciento. Contribuyeron a ello diferentes bonos destinados a sectores vulnerables (Renta Dignidad para adultos mayores, Bono Juancito Pinto para niños en edad escolar, Bono Juana Azurduy para mujeres embarazadas). Diferentes estudios de organismos internacionales como el PNUD, destacan también como logro del Gobierno de Evo Morales la inclusión social de la nueva clase media (“emergente”), como resultado del hecho de que las personas con ingresos medios pasaron de 3,3 millones (2005) a siete millones (2018). Hay un debate sobre la sostenibilidad de este importante ensanchamiento de la clase media en Bolivia.
Son destacables también en el Gobierno de Morales, como resultado del nuevo marco constitucional y normativo, los importantes avances en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en especial, presencia paritaria de mujeres electas en los órganos legislativos de todos los niveles (Asamblea Legislativa Plurinacional, asambleas departamentales, concejos municipales). Ello ha sido posible por el impulso permanente de organizaciones de mujeres.
Hay otros logros evidentes en materia de reducción de desigualdades, inclusión social, reducción drástica del analfabetismo, indicadores macroeconómicos favorables (Bolivia lideró los últimos años el crecimiento económico en América del Sur), reducción a la mitad de la tasa de desempleo (de 8,1 a 4,2%), incremento sostenido del salario mínimo, aumento de la expectativa de vida, inversión pública notable en infraestructura (en especial carreteras y miles de obras en provincias y área rural), entre otros. En todo caso, un logro sustantivo, que no puede medirse con indicadores, tiene que ver con la reafirmación de la dignidad y la soberanía de Bolivia en el contexto internacional.
Errores y fracasos del Gobierno de Evo
Así como hubo innegables logros en el Gobierno de Evo Morales, también existieron fracasos y errores graves. Sin duda un error sustantivo fue haber burocratizado el proceso de cambio con el alejamiento, cooptación o división de las organizaciones y movimientos sociales. Cuando más se requería de organizaciones fuertes y autónomas que vigilen y preserven las conquistas, desde el Estado se las debilitó con arreglo a cargos y prebendas a favor de sus dirigencias. Un fracaso que he señalado en algunos textos es la temprana desconstitucionalización, esto es, la no aplicación del texto constitucional. En el proceso posconstituyente hubo debilidad desde el Gobierno para implementar algunos grandes principios de la Constitución, en especial en cuanto al ejercicio (no solo reconocimiento) de derechos.
Hay que mencionar también los equívocos de gestión gubernamental como el fallido “gasolinazo” (2010), el quiebre con indígenas de tierras bajas por el mencionado afán de construir una carretera a través del TIPNIS (2011), la persistente apuesta por un modelo desarrollista asentado en megaproyectos y emprendimientos extractivistas, el no respeto a la consulta previa y otras políticas en beneficio de la alianza oficial con el sector agroindustrial cruceño.
Ciertamente, en términos democráticos, un punto de quiebre fue la convocatoria y el posterior desconocimiento del resultado vinculante del referendo sobre la reelección (febrero de 2016), en el cual poco más del 51% de la población rechazó la reforma del artículo 168 de la Constitución que impide la posibilidad de una nueva repostulación del binomio del MAS. Por otro lado, el proceso de cambio tuvo dificultades en renovar los liderazgos y se volvió “Evo-dependiente”.
Fueron impuestos asimismo límites desde el Estado a su propia cualidad plurinacional y autonómica reconocida en la Constitución Política. Pese al impulso inicial, hubo trabas y múltiples requisitos para la conformación de autonomías indígena originario campesinas, en las cuales al parecer el Gobierno no creía. Pasó lo mismo en general con el proceso autonómico, cuyos avances fueron lentos por varias razones.
Por último, no puede dejar de mencionarse como fallo la subordinación de la justicia indígena a la jurisdicción ordinaria, pese al reconocimiento constitucional, en sentido fuerte, del pluralismo jurídico. Y el principio fundamental del Vivir Bien, asumido desde las naciones y pueblos indígenas como alternativa al desarrollo, se fue diluyendo en la ya mencionada apuesta del gobierno de Evo por una agenda nacional-popular expresada en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que requiere una evaluación especial.
La caída de Evo: el golpe imperial y de las élites locales
Si los errores sobrepasasen los logros, lo más “natural” en democracia es que Evo Morales perdiese las elecciones. No fue eso lo que sucedió. La caída de Evo fue resultado de un golpe de Estado. La derecha y alguna izquierda interna y la derecha internacional cuestionaron la idea de golpe. Sostuvieron que no hubo golpe sino “fraude monumental”, concentrando su mirada en la protesta, en esencia urbana y de clase media tradicional, que estuvo 21 días en paro cívico contra el resultado de los comicios, que Evo volvió a ganar (como fue reconocido hasta por la OEA). Al cuestionar la habilitación del binomio del MAS pese al resultado vinculante del referendo constitucional de febrero de 2016, mostraron que no participaron de buena fe en las elecciones. Defraudaron la democracia al prepararse exclusivamente para el escenario de fraude electoral. Así, pretendieron mostrar que la renuncia de Evo se debió exclusivamente a la “movilización pacífica” de la ciudadanía por el respeto al voto y en rechazo de unas elecciones “fraudulentas”.
No fue así. Los hechos muestran que en Bolivia se activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien sincronizados entre las elites locales y el imperialismo norteamericano. De hecho, el discurso del “fraude” fue cimentado semanas antes de las elecciones. Y se consagró en varios cabildos departamentales que anticiparon el desconocimiento de la votación si ganaba Evo. El discurso se fortaleció por errores gruesos del Tribunal Supremo Electoral. Así, la protesta de los opositores pasó de la demanda de nuevas elecciones a la exigencia, con ultimátum de 48 horas, de la renuncia del presidente. Pronto fue seguida por un motín policial, que abdicó de sus funciones de resguardo de la seguridad y el orden público. Operó también, de manera torpe, un “informe preliminar” de la auditoría de la OEA, que habló de “irregularidades”. El golpe imperial y de las elites políticas, en tanto interrupción abrupta de un mandato constitucional, llegó a la cima con la intervención directa de las Fuerzas Armadas, que “sugirieron” la renuncia del presidente. Luego vinieron acciones violentas contra autoridades y dirigentes del MAS, forzando su dimisión. Si bien tras la renuncia de Evo y su asilo en México no devino un gobierno militar, el hecho se consolidó con la autoproclamación como presidenta, alegando sucesión constitucional, de la segunda vicepresidenta del Senado (cuyo partido obtuvo apenas el 4% del voto en las elecciones), que con respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas asumió un mandato cargado de símbolos religiosos conservadores y de revanchismo racista.
Tenemos entonces un primer momento en que los golpistas se aprovecharon de la legítima movilización ciudadana en democracia para fomentar la violencia (como la quema de cinco tribunales electorales departamentales); un momento explícitamente golpista, de interrupción forzada del mandato presidencial, por obra de agentes externos (Estados Unidos a través de la OEA de Almagro) y de actores internos (operadores cívico-políticos, Policía, Fuerzas Armadas, élites locales); y un momento todavía frágil e incierto de cauce democrático con la decisión unánime, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (dominada por el MAS), de convocar nuevas elecciones. Pesan también en la evaluación las dos masacres (Sacaba y Senkata) producidas por represión militar-policial y recién certificadas por la CIDH, hechos de vandalismo, la acción de grupos afines a Evo para “cercar las ciudades” y las persistentes operaciones de persecución política y judicial a título de “sedición” o “terrorismo”. En síntesis, la caída de Evo no resultó de un acto democrático validado en el “voto castigo” de la ciudadanía por el afán reeleccionista del presidente: se operó con la ejecución de un plan golpista. Y hoy busca un difícil, precario y poco creíble cauce de retorno a la “normalidad” democrática en las urnas, mientras sigue la violación de derechos humanos. Un retorno que pasa por la inhabilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y por un gobierno de transición que se propone anular compromisos internacionales (como la retirada del ALBA y de UNASUR), privatizar empresas estratégicas, extender todavía más la frontera agrícola, liberalizar la economía con entrega de recursos naturales según la receta neoliberal, cambiar masivamente el cuerpo diplomático, sustituir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, antes justamente acusado de estar subordinado al oficialismo, por vocales próximos al nuevo oficialismo y, sobre todo, eliminar del horizonte político el sujeto colectivo indígena y nacional-popular, y todas las demandas originadas en las luchas de los pueblos indígenas (el Buen Vivir, la plurinacionalidad, los derechos colectivos, la democracia comunitaria, el respeto a la Madre Tierra).
La intervención imperial aprovechó los errores internos para neutralizar en un país más (después de Brasil y Ecuador) la influencia de China en el continente. La rivalidad entre los dos imperios (un decadente y otro ascendente) no conoce reglas democráticas. Está en juego el comando de la nueva ola de globalización basada en la inteligencia artificial y la tecnología 5G. La China parece por ahora mejor posicionada para comandarla y por eso avanza internacionalmente con medidas de incentivo positivo (la nueva ruta de la seda), mientras los EUA intervienen con medidas punitivas (embargos, sanciones económicas, cambios de régimen, contra-insurgencia). La fachada multilateral es proporcionada por la OEA, que opera en la región como ministerio de asuntos internos de los EUA. En meses recientes, el gobierno de Evo Morales suscribió un contrato con China para la conformación de una empresa que fabrique litio metálico con base en los enormes yacimientos de litio en Bolivia, un mineral estratégico para el nuevo orden tecnológico. Había pues que neutralizar esta rebeldía a la siempre vigente Doctrina Monroe (el subcontinente como patio trasero de Estados Unidos).
Así, el imperialismo norteamericano aplicó un guion conocido de cambio de régimen para garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos de un país en su zona de influencia. Bolivia, tal como ocurrió antes con Brasil, funcionó como laboratorio de lo que está por venir. En el caso de Bolivia, es posible decir que nunca un gobierno antiimperialista ofreció tantas oportunidades a la interferencia imperial y se rindió tan rápidamente (en claro contraste con Venezuela). Pero el imperialismo y las elites saben que hay líderes que, a pesar de todos sus errores, logran tocar el corazón de las clases más empobrecidas, más humilladas, más olvidadas. Y que, a pesar de todos sus errores, hay el peligro de que puedan regresar. Por eso es necesario movilizar el aparato represivo y el sistema judicial para acusarlos de crímenes que los inhabiliten políticamente para siempre. Fue lo que pasó con Rafael Correa, con Lula da Silva y con Cristina Kirchner (en este caso, sin éxito por ahora). Pasará lo mismo con Evo.
Las evaluaciones críticas
A lo largo de la última década, muchas fueron las voces en el continente que criticaron el desarrollismo de los gobiernos que llamaron progresistas para no caracterizarlos de izquierda. Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa y muchos otros criticaron el neoextractivismo y todo su impacto en la vida de las poblaciones, en contradicción con lo que estaba establecido en las constituciones. En este particular puede destacarse a Raúl Prada y Luis Tapia en Bolivia. También a Silvia Rivera Cusicanqui, que fue una crítica persistente, con voz propia en favor de un gobierno desde abajo, desde las estructuras políticas ancestrales de los pueblos indígenas (una posición que desde una perspectiva eurocéntrica podría ser considerada anarquista). Fue certera en las críticas de algunos aspectos del Gobierno de Evo, pero sus evaluaciones globales me parecieron muchas veces exageradas.
Después de la caída de su gobierno, las críticas más contundentes a Evo provinieron no solamente de la derecha, como sería de esperar, sino también de sectores de izquierda y de feministas blancas y mestizas latinoamericanas. Este hecho ha causado alguna perplejidad y también provocó revuelta en otros sectores de izquierda y del feminismo, sobre todo de movimientos de mujeres indígenas. Al calor de los hechos recientes, pensar que después de 32 muertos y 700 heridos; después del proclamado triunfo del supremacismo blanco en versión criollo-mestiza y de la biblia evangélica frente al paganismo satánico de la Pachamama; después de mandar a los indios, incluida la quema de la wiphala, a que vuelvan a sus rincones de invisibilidad (tal como los batustones en la Sud África del apartheid); pensar después de todo esto que hay buenas (o incluso mejores) condiciones para construir la democracia indígena de base, me parece un delirio. Ojalá esté equivocado.
Ciertamente las críticas de algunos sectores de izquierda, en versión explícitamente feminista o no, merecen una reflexión más profunda. He afirmado muchas veces que la verdadera renovación de la lucha por una sociedad más justa y por una política de liberación para el nuevo siglo tiene en las luchas de las mujeres una de las bases más consistentes. Argentina, Venezuela y Chile ofrecen pruebas contundentes de ello. Fuera del continente se pueden encontrar otras pruebas. Por ejemplo, he escrito que la actual solución gubernativa de izquierda en Portugal (el único país de Europa gobernado consistentemente por un gobierno de izquierda o centro izquierda), se debe en buena parte a tres jóvenes líderes del Bloque de Izquierda, tres mujeres con edad entre los 39 y los 42 años, para quienes entrar en alianzas con otros partidos de izquierda a fin de cuidar el bienestar de las familias golpeadas por la oleada neoliberal y austeritaria entre 2011 y 2015, era más importante que mantener los sectarismos y dogmatismos que han dominado las izquierdas en casi todo el mundo.
Pero no quedan dudas de que después de la caída del gobierno de Evo Morales la polémica subió de tono y el feminismo latinoamericano parece hoy profundamente dividido. Debe notarse que a lo largo de la última década muchas activistas indígenas hicieron críticas a sus gobiernos y siempre lo hicieron desde una perspectiva constructiva. Para limitarme a grandes líderes con las que trabajé, recuerdo a Nina Pacari, Blanca Chancoso y María Eugenia Choque. Muchas de ellas mantuvieron alguna distancia en relación a los feminismos, e incluso rehusaron a considerarse feministas por pensar que esa era una designación propia de mujeres blancas y mestizas. Pero lo importante fue que estuvieron juntas en muchas luchas.
He defendido que las tres grandes dominaciones de nuestro tiempo (desde el siglo XVII) son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las tres están presentes hoy con gran virulencia y actúan articuladamente porque el trabajo libre propio del capitalismo no se sostiene sin el trabajo esclavo, altamente devaluado o no pagado. Estas últimas formas de trabajo son abastecidas por poblaciones consideradas subhumanas: poblaciones de matriz africana, pueblos indígenas, mujeres, pueblos Roma, castas inferiores, etc. El drama de nuestro tiempo es que mientras la dominación actúa articuladamente, la resistencia lo hace de forma fragmentada. ¿Cuántos movimientos y organizaciones anticapitalistas no fueron racistas y sexistas? ¿Cuántos movimientos y organizaciones antirracistas no fueron sexistas y procapitalistas? ¿Y cuántos movimientos y organizaciones feministas no fueron racistas y procapitalistas? En la medida en que se mantenga esta asimetría entre dominación y resistencia no será posible salir del infierno capitalista, colonialista y heteropatriarcal en el que nos encontramos. En esta asimetría talvez encontremos pistas para explicar el malestar causado por algunas críticas. La pregunta central será evaluar si las críticas, tal como fueron formuladas, contribuyen o no a profundizar todavía más la fragmentación de las resistencias al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado.
Otros dos factores son igualmente importantes. Por un lado, hay que distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Las luchas anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales son todas igualmente importantes, pero, dependiendo del contexto, unas pueden ser más urgentes que otras. Ante el golpe brutal del imperialismo en Bolivia contra Evo, ¿cuál es la lucha más urgente?, ¿defender las soluciones democráticas (aunque sean desesperadas) propuestas por Evo o demonizarlo como si él fuera el único culpable de su desgracia política? En un contexto de gran agresividad imperial, ¿no sería más urgente mostrar que las alternativas de izquierda deben ser encontradas democráticamente dentro del propio país y de ninguna manera ser funcionales al imperialismo?
Por otro lado, hay que distinguir el kairos, los tiempos y las oportunidades. No se trata de silenciar las críticas, sino de encontrar el tono que no ofrezca a la derecha nacional e internacional razones para aumentar su agresividad. Por ejemplo, ¿las críticas justas al neoextractivismo de Evo podrían ser hechas en un tiempo y en un estilo que no favoreciesen una solución todavía más neoextractivista, con menos soberanía nacional y mucho menos preocupación por la redistribución social? El criterio no es blanquear o no errores graves de los potenciales aliados, sino analizar el momento y el contexto; y tener claro que las críticas fortalecen o, por lo menos, no debilitan las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Los y las de abajo que hoy lloran la muerte de su gente en las masacres de Sacaba y de Senkata (después de que en trece años los militares no habían disparado contra el pueblo, cosa inédita en Bolivia), ¿se quedarán más solas o más acompañadas con las críticas al proceso en el que, quizás exageradamente, confiaron?
Desafíos de largo plazo
Entre muchos otros posibles, selecciono cuatro desafíos que transcienden el contexto boliviano e incluso el contexto continental: sobre el Estado, la larga transición, las articulaciones entre resistencias y la democracia.
Primero, el Estado del que Evo Morales fue presidente no llegó a ser plurinacional. Fue un Estado ciertamente mucho más benévolo con el bienestar de las poblaciones flageladas por las violaciones, la discriminación, el olvido y la humillación, pero operó desde una matriz institucional y cultural colonial, centralista y autoritaria. La inercia de la historia pesa igualmente en los que más sufren con ella, incluso cuando buscan combatirla. Pero la paciencia y la resistencia indígenas vienen de siglos. Un país como Bolivia solo será plenamente democrático cuando sea gobernado por indígenas y según las cosmovisiones indígenas.
Segundo, tomar el poder del Estado solo tiene sentido si está orientado a transformarlo. El poder del Estado debe ser utilizado para iniciar una larga transición hacia un Estado verdaderamente plurinacional, anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. El aprendizaje empezó con Evo y no termina con él. Por el contrario, es solamente un comienzo. Después de 500 años de ausencia política, un comienzo de 13 años tuvo que ser forzosamente confuso y hasta contradictorio.
Tercero, las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales deben ser siempre articuladas de modo que se fortalezcan recíprocamente. A nivel teórico, muchos movimientos, y muy en particular la gran mayoría de los movimientos feministas, saben eso. El problema es encontrar en cada contexto histórico el justo equilibrio y el criterio político para formularlo. Hay que aprender a caminar más juntos y más humildes, y con el peso de nuestras limitaciones y de nuestros errores recíprocos.
Cuarto, la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales. Por este camino, la democracia liberal se confundirá más y más con nuevas formas de dictadura. La verdadera tragedia del último siglo no fue legitimar una democracia que fácilmente se rinde o confunde con dictadura. Fue separar la democracia de la revolución. Hay que revolucionar la democracia y democratizar la revolución.