El levantamiento chileno está alimentado por innumerables movimientos sociales que se han intensificado en los últimos años en Chile, pero también en otros lugares. Más allá de su especificidad, la rebelión en Chile resuena con muchos otros levantamientos pasados contra medidas neoliberales, como fueron las revueltas contra el aumento de los precios del transporte en Venezuela o Brasil, o el fin de los subsidios al combustible en Haití o Ecuador. Mientras que en Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, que se desencadenó por las mismas razones, está celebrando su primer aniversario, Irán es el último ejemplo de una revuelta contra un aumento del 50% en el precio de la gasolina.
En Venezuela, el trauma de la revuelta del Caracazo, reprimido con sangre, sigue presente. En 1989, una serie de medidas dictadas por el FMI llamadas "El Gran Viraje", que incluían un aumento del 30% en los precios del transporte y del 83% en los precios de la gasolina, provocaron la ira popular. Estas contrarreformas fueron presentadas por el presidente Carlos Andrés Pérez para obtener un préstamo de alrededor de 4.500 millones de dólares del FMI en tres años.
En un contexto de violencia incomparable, el Gobierno venezolano envió a más de 9.000 soldados a las calles para sofocar la rebelión de un pueblo hambriento. La Guardia Nacional, la Policía Militar y el Ejército ejercieron una represión sin límites. La historia terminó en un baño de sangre que todavía mancha los anales de esta institución financiera internacional. El número de muertos baila en función de las fuentes: la cifra de 276 muertes presentada por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez está lejos de la realidad y muchas fuentes hablan de entre 2.000 y más de 3.000 muertes entre el 27 de febrero y principios de marzo de 1989.
Más recientemente, la insurrección chilena se hace eco de la Revolta da Catraca (Revuelta del torniquete) contra el aumento de las tarifas de autobús en Florianópolis, en Brasil, en 2004 y 2005. Un movimiento que precederá a la creación del Movimiento por el Transporte Público Libre, el Movimento Passe Livre, en el Foro Social Mundial 2005 en Porto Alegre. En esta misma ciudad, en marzo de 2013, estallaron las manifestaciones, tras el anuncio del aumento de las tarifas de autobús de 2,85 reales (unos 0,99 euros) a 3,05 reales (unos 1,06 euros), lo que representa un aumento de alrededor del 7%. La revuelta se extenderá por todo Brasil y dará lugar a demandas más amplias, criticando la política del gobierno y, en particular, la elección del gasto relacionado con la organización del Mundial de Fútbol de 2014 en lugar de gastarlo en salud o educación.
La actual revolución chilena de octubre de 2019 llega pocos días después de la revuelta contra el FMI en Ecuador. Iniciado el 3 de octubre, el levantamiento insurreccional contra el fin de los subsidios al combustible fue de rara intensidad y logró derribar el tan desacreditado Decreto 883. Una victoria importante pero parcial, ya que las demás medidas contenidas en el "Paquetazo", término utilizado tanto durante el Caracazo como aquí en Ecuador para designar el paquete de contrarreformas del FMI, permanecen en la agenda política del presidente Lenin Moreno, con una regresión brutal del código laboral en particular.
En Haití, donde cerca del 60% de la población vive con menos de dos dólares diarios, la abolición de los subsidios a los productos petroleros es una de las cláusulas del acuerdo firmado en febrero de 2018 con el FMI. El 6 de julio de 2018, el Gobierno del presidente Jovenel Moïse anunció un aumento del 38% en el precio de la gasolina, del 47% para el diésel y del 51% para el queroseno. Poco después del anuncio, se levantaron barricadas en las calles de Puerto Príncipe, y el portavoz del FMI, Gerry Rice, se apresuró a anunciar que el programa político del FMI podría incluir "un enfoque mucho más progresista" para reducir los subsidios al combustible con el fin de calmar la insurgencia popular. Pero el aumento de combustible, que desde entonces ha sido retirado, fue solo el detonante. Desde el 16 de septiembre, una nueva ola de movilizaciones se ha desatado en la isla para exigir la disolución del Parlamento y la dimisión del Presidente Jovenel Moïse. Este último, apoyado por los Estados Unidos de Donald Trump y el Brasil de Jair Bolsonaro, está inmerso en un vasto escándalo de corrupción a escala industrial.
El presidente Moïse, una docena de ministros, parlamentarios y otros empresarios han malversado enormes sumas de dinero del programa PetroCaribe. Este acuerdo, de entrega de petróleo a bajo precio establecido por la Venezuela de Hugo Chávez habría permitido a las finanzas públicas de Haití ingresar más de 2.500 millones de dólares entre 2008 y 2016, a partir de la venta de productos petroleros enviados desde Venezuela para financiar proyectos humanitarios y la reconstrucción del país. En dos informes del Tribunal de Cuentas (31 de enero de 2019 y 31 de mayo de 2019) se destaca la malversación de fondos que ha privado a Haití de una infraestructura de calidad y ha aumentado la carga de la deuda de la República de Haití con la República Bolivariana de Venezuela. El actual presidente Moïse, quien también es productor y exportador de banano, está involucrado como uno de los principales beneficiarios del Fondo PetroCaribe a través de su empresa agrícola Agritrans. Se habría embolsado casi 30 millones de dólares para contratos de rehabilitación de carreteras que nunca se han completado.
El alza de tarifas del transporte eleva el precio de los alimentos al llevarlos desde las zonas de producción y, en un contexto de neoliberalismo desenfrenado en el que las deslocalizaciones son comunes, debilita a los empleados que se desplazan cada vez más para trabajar. Esta es una cuestión estratégica para grandes segmentos de la población empobrecida y el anuncio de nuevos aumentos a menudo sirve de detonante para la insurrección, antes de ampliar las demandas. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, que celebra su primer año de existencia, es un ejemplo de ello. Además, la escritora y cineasta franco-chilena Carmen Castillo señala la aparición de una similitud en la praxis, a varios miles de kilómetros de distancia: "Como en Francia, los manifestantes han invadido estos barrios chic, es algo completamente nuevo".
A partir del 6 de octubre de 2019, el aumento de las tarifas del transporte público puso a los jóvenes chilenos en la calle. Fueron los estudiantes los primeros en lanzar las acciones de desobediencia para colarse en el metro y manifestarse contra la represión de las autoridades. La organización del movimiento hunde sus raíces en la movilización estudiantil de 2001, llamada Mochilazo, en la revolución de los pingüinos de abril de 2006, llamada así por los uniformes azules y blancos de los estudiantes, en la movilización estudiantil de 2011... unas manifestaciones para defender el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, que rompiera con el sistema neoliberal heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La particularidad de la revolución chilena no es que sorprenda a todo el mundo porque fue también el caso de Venezuela, Brasil, Ecuador o Francia, sino porque tiene lugar en la cuna del neoliberalismo. "En medio de esta región latinoamericana llena de convulsiones, Chile es un verdadero oasis", se felicitó el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre de 2019. Diez días después, declaró el estado de emergencia y sacó el ejército a la calle.