Mural de las asambleas populares chilenas
Han pasado más de cincuenta días desde que estalló el levantamiento chileno. Para quienes lo viven en su tierra, se siente como mucho más tiempo. El movimiento ya ha pasado por varios trastornos, evolucionando y desintegrándose alternativamente en respuesta al terreno cambiante de la lucha. La administración Piñera y sus simpatizantes han pedido, sin éxito, un retorno a la normalidad. En respuesta, la gente ha declarado inequívocamente que el problema era la «normalidad». En toda la ciudad capital de Santiago, un graffiti dice: «Prefiero el caos«.
En una época en la que incluso las marchas más pacíficas se rompen con gases lacrimógenos y cañones de agua, los manifestantes han aprendido a cuidarse unos a otros, formando una nueva comunidad dura frente a la represión. Esta práctica de solidaridad recientemente descubierta ha tomado muchas formas, desde brigadas médicas voluntarias hasta cocinas populares y actos de destrucción de propiedades mejor coordinados.
Un joven manifestante que había sido procesado a través del Sistema de Protección Infantil de Chile declaró que nunca quiso que terminaran las marchas, porque «uno se siente acompañado, uno siente que por primera vez, [otras personas] comparten esta rabia que siento todos los días». Pero este es solo un ejemplo de cómo la rebelión y la violencia de la respuesta del gobierno han unido a los chilenos. Los trabajadores no sindicalizados han respondido con frustración e incluso acciones colectivas a las demandas de sus jefes de regresar a las horas normales. Los grupos de chat previamente empleados para compartir noticias laborales y chismes han dado paso a debates políticos y, en algunos casos, a hablar de sindicalización. Incluso algunas de las universidades privadas de Santiago, conocidas desde hace mucho tiempo por abstenerse de las numerosas movilizaciones estudiantiles de Chile, han comenzado a autoorganizarse y proponerse la huelga.
En la intimidad de muchos barrios residenciales de la capital, las personas que primero abandonaron sus hogares para unirse a los cacerolazos (manifestaciones de ruido público) han encontrado otras razones para reunirse: generar sus propias asambleas populares y ayuntamientos como un primer paso para imaginar un nuevo Chile, uno construido alrededor del bienestar de su gente en lugar de las ganancias de unos pocos.
La sublevación chilena, todavía orgullosamente sin líderes, ha proporcionado un camino al activismo social para aquellos que anteriormente se habían mantenido al margen.
Las marchas «más grandes de la historia»
Para muchos santiaguinos, el 18 de octubre marcó el comienzo de una nueva realidad, que requería adaptarse a la cultura emergente de la rebelión. Al principio, la ciudad quedó paralizada por el daño sustancial causado al sistema del subterráneo y las movilizaciones casi constantes que a menudo incluían encender fuegos y construir barricadas. Por las noches, el toque de queda promulgado bajo el estado de emergencia aseguraba que solo los manifestantes, la policía y el ejército deambularan por las calles.
Varias escuelas pidieron a los padres que mantuvieran a sus hijos en casa, mientras que otras fueron cerradas por los propios estudiantes, quienes comenzaron una campaña masiva de ocupaciones. A muchos adultos se les permitía salir temprano o trabajar desde casa para cuidar a sus hijos o evitar desplazamientos peligrosos. Una creciente ola de huelgas generales mantuvo a otros trabajadores en las calles, contribuyendo a las interrupciones del tráfico, así como a las económicas.
Para bien o para mal, la población de esta metrópolis ocupada se vio obligada a un ritmo nuevo y más lento.
Si bien esta desaceleración representó un mayor descenso al peligro financiero para muchos trabajadores, también los liberó de la rutina sofocante de meterse en el metro por la mañana solo para pasar todo el día en el trabajo. La falta de tránsito confiable significaba que muchos se veían obligados a caminar, lo que aumentaba la probabilidad de encontrarse con amigos y vecinos en el camino. La popularidad y la frecuencia de las movilizaciones también crearon un espacio para estos encuentros casuales.
El primero de una serie de lo que se ha considerado cariñosamente como las «marchas más grandes de la historia» tuvo lugar el viernes 25 de octubre y atrajo no solo a los activistas habituales, sino también a grupos de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. De esta manera, el tiempo fuera del trabajo y la escuela se convirtió en tiempo para construir y reforzar los lazos sociales.
Mientras el gobierno de Piñera seguía hablando de paz y reconciliación, la violencia policial aumentó exponencialmente. Los militares abandonaron las calles con el fin del estado de emergencia el domingo 27 de octubre, pero la policía antidisturbios permaneció y se desplegó con vigor. Hasta la fecha, el resultado son miles de arrestos y más de 3.000 personas hospitalizadas. La última estadística incluye más de 350 casos de daño ocular causado por la policía que disparó a los manifestantes en la cara. Además de estas cifras impactantes, se han presentado cientos de denuncias de tortura, ataques sexuales y otras violaciones de derechos humanos.
En lugar de mantener a las personas en sus hogares, este nivel de represión, además del efecto negativo que tuvo sobre la libertad de movimiento de las personas, enfureció a la población y la hizo simpatizar mucho más con los involucrados en las luchas callejeras y los daños a la propiedad.
Un claro ejemplo de esto es la valorización de Primera Línea, una agrupación compuesta de estudiantes, anarquistas, hooligans de fútbol y jóvenes abandonados por la sociedad, que protegen al cuerpo principal de manifestantes con escudos improvisados. Debido a que se cubren la cara y se involucran agresivamente con la policía, son el chivo expiatorio perfecto para los políticos que desean criminalizar todas las formas de protesta disruptiva.
Al inicio de la rebelión, Piñera propuso la Ley de Seguridad, que impondría fuertes condenas a los manifestantes que construyan barricadas, golpeen sin permiso o incluso cubran sus rostros. Esta ley se aprobó recientemente la primera cámara del Congreso con el apoyo de numerosos diputados de izquierda y extrema izquierda, un poderoso recordatorio para las personas que aún se movilizan en las calles de que la clase dominante se protegerá primero, sin importar su partido o etiqueta política.
Asambleas populares, antiguas y nuevas
Chile tiene una larga historia de resistencia territorial y de vecindad. Además de las luchas de los pueblos indígenas del país por el territorio, la autonomía y la administración de los recursos naturales, una poderosa tradición de toma de tierras ha persistido desde mediados de la década de 1950.
Antes de las primeras reformas agrarias llevadas a cabo bajo las administraciones de Alessandri y Frei (1958-70) y ampliadas bajo el gobierno de Unidad Popular de Allende (1970-73), los pobres urbanos ya se habían movido para tomar el asunto en sus propias manos. A fines de 1957, un grupo de personas de una zona afectada por la pobreza en el centro de Santiago empacó sus escasas posesiones y llevó a cabo una toma masiva de tierras de propiedad estatal en la parte sur de la ciudad. Lejos de ser un acto espontáneo, este tipo de incautación requirió planificación avanzada y un alto grado de autoorganización por parte de los participantes que agruparon los recursos y utilizaron la toma de decisiones colectiva para establecer su nueva comunidad. Este acuerdo llegó a ser conocido como La Victoria y fue la primera, pero ciertamente no la última, la toma de tierras urbanas que resultó en una comunidad única y politizada.
A lo largo de la dictadura y hasta hoy, los vecindarios que se vinculan a partir de la toma de tierras han mantenido sus tradiciones de autonomía y resistencia, a menudo marcando los límites de su territorio con barricadas encendidas en tiempos de conflicto para advertir a las fuerzas gubernamentales. Aunque generalmente son caracterizados por los medios de comunicación como delincuentes y sin ley, estas comunidades albergan numerosos proyectos autogestionados relacionados con la cultura, la salud, la educación y la distribución de recursos locales que fortalecen las relaciones entre los residentes y promueven una cultura de activismo de la clase trabajadora.
Todo lo anterior está coordinado por «asambleas territoriales«, una forma de organización social igualitaria donde cada vecino tiene algo que decir. Muchas asambleas han heredado una orientación específica de los grupos que ayudaron en su fundación, como el Partido Comunista o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero los participantes no están obligados a adherirse a ninguna línea política más allá de lo que se decide colectivamente y el énfasis está más en la democracia directa que en el liderazgo verticalista.
Dado que el objetivo es construir una voz popular para la comunidad, las asambleas territoriales no se limitan a un solo problema o demanda. Por el contrario, se adaptan a las necesidades y prioridades de su base y son capaces de responder a los problemas locales más pequeños, así como llevar a cabo campañas nacionales relacionadas con la vivienda, el desarrollo urbano y los problemas de calidad de vida.
Al igual que muchas otras organizaciones laborales y sociales del país, las asambleas territoriales preexistentes pudieron comenzar a funcionar cuando estalló la rebelión. De hecho, proporcionaron el espacio ideal para que los vecinos buscaran apoyo y organizaran resistencia. Ningún Santaguino se sorprendió al ver surgir los barrios más politizados de la capital en tiempos de conflicto; ya lo habían hecho bajo la dictadura en condiciones mucho más peligrosas. La sorpresa llegó cuando comenzaron a surgir nuevas asambleas en vecindarios con poca o ninguna historia de ellas, o en vecindarios donde tales esfuerzos habían sido probados y fracasados previamente. A finales de octubre, surgieron docenas de nuevas formaciones, multiplicándose y expandiéndose con cada día que pasaba.
Un factor en la popularización de las asambleas fue que muchas personas estaban asustadas tanto por la intensidad de las protestas como por la violencia de la represión gubernamental. La cobertura constante de noticias sobre incendios provocados, saqueos y brutalidad policial solo sirvió para exacerbar este estrés, al igual que la presencia de los militares en las calles, un espectáculo que fue traumático para quienes habían presenciado lo mismo bajo la dictadura.
Los cacerolazos proporcionaron el primer antídoto contra la ansiedad y el aislamiento de las personas, atrayendo a los vecinos de sus hogares a las calles para desafiar el toque de queda y desahogar sus frustraciones haciendo el mayor ruido posible. Bajo el estado de emergencia, todas las tardes brindaban una nueva oportunidad para cacerolear y no les tomó mucho tiempo a los participantes comenzar a incorporar otras actividades como comidas compartidas y discusiones grupales.
Eventualmente, personas completamente extrañas comenzaron a reconocerse como pertenecientes a la misma comunidad y con esperanzas y temores similares para el país.
Mientras tanto, los temores sobre posibles saqueos o incendios provocados significaron que casi todas las principales cadenas de supermercados estuvieran cerradas u operando con horarios extremadamente limitados. Sin embargo, muchas tiendas locales y ferías (los mercados callejeros) permanecieron abiertos a pesar de los brotes ocasionales de saqueo, convirtiéndolos en héroes para los chilenos que necesitan alimentos y otros suministros básicos. Los habitantes de las ciudades alienadas volvieron a recordar el valor de estas instituciones locales y las relaciones personales formadas con quienes trabajan allí. A medida que ciertos suministros se volvieron más difíciles de adquirir, los vecinos tomaron la iniciativa de coordinar las iniciativas locales de intercambio de recursos para asegurar que nadie careciera de alimentos o medicinas. Incluso hubo informes de saqueadores redistribuyendo sus bienes robados a familias necesitadas. De mil maneras diferentes, las comunidades fragmentadas por el individualismo neoliberal se unían nuevamente.
Las asambleas territoriales se convirtieron así en la expresión natural de la necesidad de las personas de apoyo material, así como su deseo de un espacio para procesar colectivamente su nueva realidad y formular sus demandas. En todo el país, había una prioridad innegable: la constitución debe ser reescrita.
¿Hacia una nueva constitución?
Redactada en 1980 por una comisión cuidadosamente seleccionada por los partidarios de Pinochet, la constitución chilena concentró el poder en un ejecutivo fuerte y proporcionó el marco legal para la implementación de políticas neoliberales extremas.
Las administraciones posteriores han trabajado para enmendar el documento, incluidos los cambios significativos en 1989 y nuevamente en 2005. Sin embargo, estos cambios nunca se acercaron a las políticas económicas centrales que permitieron la privatización de casi todos los aspectos de la vida en el país en beneficio de la clase dominante. Como resultado, la demanda de una constitución completamente nueva ha surgido una y otra vez, con el movimiento actual lanzándola a una posición de prominencia. Sigue siendo una propuesta tremendamente popular, que atrae a adherentes de todos los sectores excepto el margen de la derecha, pero la controversia radica en seleccionar qué proceso traerá consigo esta nueva constitución.
A principios de noviembre, Piñera indicó que estaba dispuesto a apoyar un proceso en el que los miembros del congreso redactarían una nueva constitución con el aporte de los ciudadanos. En la prensa extranjera, esto se informó como una gran concesión, pero la mayoría de los chilenos se mantuvo profundamente escéptico sobre las intenciones del gobierno.
El proceso propuesto se describe en la propia constitución y permite modificaciones tanto a los artículos individuales como a las leyes derivadas del documento. Sin embargo, el umbral para adoptar realmente estos cambios es tan alto (una mayoría del Congreso de dos tercios para los artículos y tres quintos para las leyes) que hace que sea casi imposible. Además, los manifestantes tenían hambre de democracia y no estaban de humor para someterse a un proceso en el que fueron relegados al papel de «consultores».
En un intento por poner fin a los disturbios, los representantes del Congreso de casi todos los partidos políticos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, publicaron un documento el 15 de noviembre, describiendo su plan para redactar una nueva constitución. El llamado Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución ofrecieron opciones ampliadas para la participación ciudadana y el compromiso de todos los firmantes de que votarían a favor de cualquier propuesta concreta resultante del proceso, evitando así el desafío planteado por los dos tercios y requisitos de mayoría de tres quintos.
Además, se estableció abril de 2020 para un plebiscito en el que se preguntará a los ciudadanos si están a favor o en contra de una nueva constitución y si prefieren una constituyente, compuesta por representantes elegidos por el pueblo, o una asamblea constituyente mixta, compuesta por un 50 por ciento representantes elegidos y 50 por ciento de los miembros del congreso. Este voto se utilizaría para determinar el carácter del organismo responsable de redactar el documento final, que a su vez se votará en un segundo referéndum en octubre.
En casi cualquier otro momento, dicho acuerdo habría sido bien recibido como un gran paso adelante, pero el 18 de octubre ha cambiado irrevocablemente el panorama político. La gente había puesto la demanda de una nueva constitución sobre la mesa y, sin embargo, su voz estaba completamente ausente del proceso propuesto. En cambio, las élites políticas fueron «a espaldas de la gente», como se percibía en general , para encontrar una solución rápida y favorable al gobierno.
El acto de sentarse a negociar sin absolutamente ninguna representación del movimiento social mientras se seguían cometiendo violaciones de derechos humanos se interpretó como una gran traición. La coalición del Frente Amplio (Frente Amplio) de partidos de izquierda pagó el precio político más alto, sufriendo la renuncia de varios de sus partidos constituyentes y hemorragias en los miembros de todos los lados. El viernes siguiente, los manifestantes volvieron a las calles en otra movilización masiva, esta vez específicamente en reacción al reciente Acuerdo.
Lecciones aprendidas
A pesar de que la apuesta por «restaurar la paz social» había logrado esencialmente el efecto contrario, el proceso de reescribir la constitución se había puesto en marcha y no había vuelta atrás. El referéndum inicial estaba a menos de seis meses y se dejó a las crecientes redes de asambleas del país desarrollar e implementar su propia visión lo más rápido posible.
Afortunadamente, ese trabajo había estado en marcha desde los primeros días de la sublevación y ya se habían llegado a algunas conclusiones: se acordó que una asamblea constituyente era necesaria e incluso deseable, pero que las propuestas debían ser generadas por las propias personas en todos sus aspectos y diversidad. Con ese fin, grupos como estudiantes de secundaria, feministas, migrantes y pueblos indígenas convocaron a asambleas adicionales donde podrían determinar colectivamente sus prioridades políticas y expectativas de representación.
En áreas urbanas con una tradición mayor de actividad política, fue posible atraer a cientos de personas tanto a reuniones como a eventos públicos. Estas asambleas pudieron formar comisiones e iniciar una reflexión política más profunda antes de que los incendios se hubieran enfriado. Sin embargo, dado que muchas asambleas territoriales surgieron de la relativa oscuridad, otras redes se formaron a un ritmo más lento y a menudo se construyeron a pie, ya que los representantes se tomaron el tiempo para visitar las asambleas vecinas, a menudo tan pequeñas como 10-15 personas. Estos procesos a menudo fueron acelerados por izquierdistas motivados que deseaban promover una línea política particular mientras construían la influencia de su propio partido.
Quizás la red más influyente fue el proyecto de Unidad Social, una coalición recientemente formada de los sindicatos y organizaciones de movimientos sociales más poderosos del país. Utilizaron su amplia base de miembros para presentar y distribuir un marco para la participación ciudadana en la asamblea constituyente que muchas asambleas vecinales decidieron seguir. Aunque lejos de recibir la aprobación universal, Unidad Social había ganado fuerza como una posible fuerza de coordinación para la rebelión a través de la diversidad de sus organizaciones miembros y su poder para golpear al gobierno con huelgas generales. Tuvo una influencia significativa entre las asambleas territoriales preexistentes e incluso fue capaz de crear algunas propias como afiliadas. En este contexto, Unidad Social solicitó una serie de ayuntamientos abiertos utilizando su metodología de discusión para generar una lista de inquietudes y propuestas para informar la redacción de una futura constitución.
Las organizaciones vecinales fueron los organismos más adecuados para organizar y promover estos eventos. Si bien algunas asambleas autónomas siguieron criticando a Unidad Social y su antiguo liderazgo reaccionario de izquierda, la mayor confederación laboral de Chile, la mayoría reconoció la utilidad de las preguntas de discusión propuestas y las incorporó a sus propias metodologías. Las preguntas iban desde «¿Cuál es el origen del conflicto actual?» a «¿Es necesaria una asamblea constituyente para cambiar a Chile?»
El momento político actual en Chile se caracteriza por estos caminos paralelos y ocasionalmente cruzados hacia una asamblea constituyente, todo en el contexto de las movilizaciones en curso y la represión gubernamental.
A medida que finaliza el período de los ayuntamientos, la Unidad Social ha manifestado su voluntad de negociar su desmovilización con el gobierno a cambio de ciertas garantías. Aunque lejos de ser un asunto resuelto, la posibilidad por sí sola ha ampliado las grietas internas y ha generado temor a otra traición. En algunos sectores, las personas sienten que el peso de estas tensiones se suma al agotamiento de permanecer movilizadas durante un período de tiempo tan largo.
En momentos como estos, es fácil imaginar que la rebelión de octubre, una vez vibrante, colapsó bajo el peso de sus propias expectativas y que sus sueños se encadenaron a un proceso antidemocrático llevado a cabo por un gobierno con la sangre de su propia gente en sus manos.
Sin embargo, lejos de los vecindarios de élite donde la clase dominante vive una vida aparte, los vecinos continúan reuniéndose un par de veces a la semana para tomar té, compartir algunos paquetes de galletas y discutir el futuro del país. Pase lo que pase, la gente se ha descubierto en esta rebelión y las lecciones aprendidas en este período, tanto buenas como malas, no serán olvidadas fácilmente. Después de todo, los chilenos saben que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.
11 de diciembre de 2019
Bree Busk, (anarquista estadounidense que vive y trabaja en Santiago, Chile. Miembro de Black Rose Anarchist Federation)
Texto publicado en inglés por Roarmag, traducido al castellano y editado por Comunizar.
