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Nuevos obstáculos migratorios y restricciones a las remesas hacia Cuba
En marzo de 2019 la embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que la validez de las visas B2 otorgadas a los cubanos con familiares en Estados Unidos pasaría de cinco años a tres meses con una sola entrada posible en el territorio. Esta medida dificulta la posibilidad para los habitantes de la isla de visitar a sus cercanos instalados en la Florida u otra parte. Esta decisión se agrega al hecho de que Washington cerró los servicios consulares en Cuba, obligando a los candidatos a una visita en suelo estadounidense a ir a Colombia para solicitar una visa, sin ninguna garantía de conseguir el documento. Los costos sumamente elevados vinculados a este tipo de trámite hacen que este servicio se vuelve inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos, lo que crea un nuevo obstáculo a las visitas familiares y viola los acuerdos migratorios bilaterales.
La dificultad de conseguir una visa degradó considerablemente la cooperación universitaria, científica y médica promovida por la Administración de Obama. Ahora los intercambios han alcanzado su nivel más bajo y muchos acuerdos firmados bajo el mandato demócrata están ahora sin efecto.
Las transferencias de remesas por parte de la comunidad cubana instalada en el exterior constituyen la segunda fuente de ingresos de la isla. La Administración de Trump decidió limitar el importe que un emigrado cubano puede enviar a su familia a 1.000 dólares por trimestre, lo que afecta gravemente las condiciones de vida de la población de la isla. Esta restricción contraviene el principio de igualdad de derechos reconocidos por la Constitución de Estados Unidos y que afecta únicamente a los ciudadanos de origen cubano. En efecto, todas las demás minorías de Estados Unidos disponen de la libertad de transferir sumas sin ningún límite de importe. Por otra parte la comunidad cubana de Estados Unidos no podrá usar más el sistema U-Turn que permite al dinero transitar por un banco estadounidense, aunque el emisor y el receptor de la transferencia financiera sean ciudadanos del país. Según las estimaciones del Departamento de Estado, las transferencias de dinero procedentes de la comunidad cubana representan 3.500 millones de dólares al año.
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Nuevas restricciones contra el sector turístico
Desde junio de 2019 el Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), prohíbe a todo tipo avión o barco privado ir a Cuba. "Los aviones privados y de corporación, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones y embarcaciones similares en general no serán autorizados a viajar a Cuba", indica el documento oficial.
Esta decisión afecta mucho al sector turístico, que constituye la tercera fuente de ingresos de la isla. Las cuatro compañías de cruceros estadounidenses tuvieron que cancelar todas las visitas previstas a La Habana so pena de fuertes sanciones, privando así a los habitantes de la capital de un aporte turístico importante y privando a los ciudadanos de Estados Unidos de la posibilidad de descubrir la isla más grande del Caribe.
El mismo mes de junio de 2019 la OFAC anunció la imposición de sanciones de varios cientos de miles de dólares contra los grupos especializados en el turismo internacional Expedia, Hotelbeds USA y Cubasphere por violar la reglamentación sobre las sanciones económicas contra Cuba.
Por otra parte, desde el 10 de diciembre de 2019, el Departamento de Estado prohibió todos los vuelos comerciales regulares entre Estados Unidos y Cuba, con la excepción de La Habana. Se cancelaron todos los vuelos comerciales que vinculaban Estados Unidos a las ciudades de Santa Clara, Holguín y Camagüey. Un mes después, el 10 de enero de 2020, se extendió esta prohibición a los vuelos chárter. El objetivo es limitar al máximo las posibilidades de viaje a Cuba tanto para la comunidad cubana de Estados Unidos como para los ciudadanos de ese país.
Tras las presiones ejercidas por Washington y las amenazas de juico ante los tribunales estadounidenses, la empresa turística alemana Trivago eliminó a Cuba de su sistema de reservas. Así, uno de los principales sitios turísticos en línea del mundo ya no referencia a la isla del Caribe, lo que tendrá inevitablemente un impacto sobre este sector vital para la economía cubana.
El Departamento de Estado estableció desde 2017 una lista negra en la cual se encuentran 211 empresas cubanas, entre las cuales muchas están ligadas al sector turístico, principalmente hoteles. Así, la Compañía Turística Habaguanex, el Grupo de Turismo Gaviota –principales grupos turísticos cubanos–, las agencias de turismo, las principales marinas, una decena de tiendas de recuerdos, así como los 118 hoteles más importantes del país, están en esta lista. La consecuencia es que los ciudadanos estadounidenses tienen la prohibición formal de usarlos so pena de fuertes multas.
Del mismo modo, en octubre de 2019, varias compañías aéreas extranjeras decidieron cancelar su contrato de arrendamiento de aviones a la empresa Cubana de Aviación después de las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Muchos vuelos internacionales tuvieron que ser anulados, lo que afectó a cerca de 40.000 pasajeros y ocasionó una pérdida económica de alrededor de 10 millones de dólares en el espacio de dos meses para la compañía cubana, pues redujo su capacidad a transportar turistas.
Estas nuevas medidas restrictivas tienen lógicamente un impacto negativo en el sector turístico cubano. Así, de enero a noviembre de 2019, el turismo cayó un 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, o sea cerca de 360.000 visitantes menos. El número de ciudadanos procedentes de Estados Unidos cayó en un 20% con más de 100.000 visitantes menos. En 2018, el número total de turistas era de 4,7 millones y sólo alcanzó la cifra de 4,3 millones en 2019. Las previsiones oficiales contemplaban un total de 5,1 millones de viajeros e ingresos a la altura de 3.000 millones de dólares.
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Aplicación del Título III de la ley Helms Burton
La Administración de Trump decidió activar el Título III de la ley Helms-Burton de 1996 que permite denunciar ante los tribunales estadounidenses a las empresas que realicen inversiones en Cuba en propiedades nacionalizas en los años 1960 y que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses o a personas que consiguieron la ciudadanía después. El objetivo es disuadir las empresas extranjeras de involucrarse en negocios con Cuba. Desde la adopción de esta ley con carácter retroactivo –se aplica para hechos ocurridos hace más de sesenta años– y extraterritorial –concierne a todos los países del mundo– es decir, ilegal según el derecho internacional público, los distintos gobiernos desde la Administración de Clinton suspendieron sistemáticamente la aplicación del Título III. Desde el 2 de mayo de 2019 la ley Helms-Burton se aplica en su integridad.
La Unión Europea expresó su oposición a la nueva política de Estados Unidos y recordó que violaba los acuerdos firmados en 1997 y 1998 entre Bruselas y Washington:
"Esta decisión provocará fricciones inútiles y mina la confianza hacia el socio transatlántico, así como la previsibilidad de éste.
La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es contraria al derecho internacional y se apoyará en todas las medidas apropiadas para reaccionar a los efectos de la ley Helms-Burton, incluso en lo que se refiere a sus derechos en el marco de la OMC y recurriendo a la ley de bloqueo de la UE. La UE seguirá trabajando con sus socios internacionales que también han expresado sus preocupaciones al respecto".
Canadá, por medio de su ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland, condenó la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton y expresó su intención de defender los intereses de sus inversionistas presentes en Cuba:
"Canadá está profundamente decepcionado por la declaración de hoy. Analizaremos todas las opciones para responder a esta decisión estadounidense.
Contacté con las empresas canadienses para reafirmar que defenderemos plenamente los intereses de los canadienses que comercian y llevan actividades de inversión legítimas con Cuba.
La ley Helms-Burton […] tiene como objetivo prohibir a todos los países extranjeros implicarse en el comercio internacional con Cuba; somete también a los ciudadanos extranjeros a restricciones de viaje y los expone a sanciones financieras en Estados Unidos".
En una declaración oficial, el Reino Unido también rechazó la aplicación extraterritorial de las sanciones económicas:
"El Reino Unido comparte las preocupaciones expresadas por la Unión Europea respecto a la declaración de Estados Unidos de aplicar el Título III de la ley Helms-Burton.
La aplicación extraterritorial de las sanciones del Título III, que consideramos ilegales según el derecho internacional, amenaza las empresas británicas y europeas que hacen negocios legítimos con Cuba pues las expone a sanciones ante los tribunales estadounidenses. Trabajaremos junto con la Unión Europea para proteger los intereses de nuestras empresas.
El Reino Unido, así como la Unión Europea, está convencido de que la mejor manera de alentar a Cuba a respetar las libertades democráticas y los derechos humanos, a aplicar una reforma política o a jugar un papel menos contraproducente en Venezuela pasa por el diálogo y la cooperación y no por el aislamiento".
El resto de la comunidad internacional, China, Rusia, India, Sudáfrica, México, Indonesia, el Grupo de los 77, la Asociación de las Naciones de Asia del Sureste o la Organización de la Cooperación Islámica, condenaron unánimemente este recrudecimiento de las sanciones económicas contra Cuba. En noviembre de 2019, por vigesimoctavo año consecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el estado de sitio económico unilateral de Estados Unidos contra Cuba con una aplastante mayoría de 187 votos contra 3 (Estados Unidos, Israel y Brasil).
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Sanciones contra las empresas petroleras extranjeras vinculadas a Cuba
Con el objetivo de crear una penuria energética, Estados Unidos decidió imponer sanciones a las empresas petroleras que prospectan en Cuba o transportan combustible a la isla. Así, el Departamento del Tesoro condenó a la compañía británica Acteon a pagar una multa de varios cientos de miles de dólares en abril de 2019. En septiembre de 2019 la OFAC impuso sanciones a varias entidades petroleras de Chipre y Panamá encargadas de suministrar combustible a la isla. En diciembre de 2019 otros seis barcos petroleros extranjeros fueron colocados en la lista negra de Estados Unidos por transportar petróleo a Cuba.
Al bloquear los suministros de petróleo Estados Unidos generó una penuria de energía en Cuba, que tuvo que elaborar un plan de racionamiento de la gasolina. El impacto sobre la economía, la agricultura y la producción de alimentos, los transportes públicos y los desplazamientos de los cubanos, fue importante. La población cubana, ya víctima de las sanciones económicas impuestas por las precedentes administraciones, tuvo que hacer frente a dificultades que recordaban, para algunos, el Periodo Especial.
Conclusión
Mientras Barack Obama había iniciado un proceso de normalización con Cuba con aplausos de la comunidad internacional, ilustrando su voluntad de poner fin a una política que había aislado a Washington en la escena internacional, Donald Trump, al contrario, decidió regresar a una política hostil basada en las sanciones económicas. Esta política está condenada al fracaso pues, como ha demostrado la historia de las relaciones bilaterales desde 1959, las autoridades de La Habana nunca han aceptado negociar bajo la amenaza o la coacción. En cambio en el espacio de dos años, de 2014 a 2016, basando su política en el diálogo y el respeto mutuo, Washington realizó progresos inauditos en las últimas seis décadas.
Cuba siempre ha afirmado su disposición a resolver pacíficamente el diferendo que lo opone a Washington, a pesar del carácter asimétrico del conflicto donde la primera potencia económica mundial impone un estado de sitio a una pequeña nación del Tercer Mundo. El diálogo tendrá sin embargo que basarse en una serie de principios no discutibles: la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia en los asuntos internos. La Habana ha reafirmada en reiteradas ocasiones que su sistema político y su modelo socioeconómico no son negociables pues pertenecen a la competencia exclusiva del pueblo soberano de Cuba.