Llegó abril, y con el inicio del mes aparecieron las dificultades para hacer frente a un inevitable empobrecimiento forzado por la actual crisis, la caída de los ingresos y el aumento de la deuda personal.
Al dolor compartido por los que ya no están, a la angustia por quienes se infectan y también a la alegría por los muchos que sanan, hay que sumar lo que nos recuerda que el confinamiento no es igual para todos: los ERTE, los despidos, las no renovaciones, las reducciones de jornada o el ahogo de esos muchos autónomos y "emprendedores" a la fuerza tras el batacazo de 2008. Sobre esa realidad de precariedad, recortes en servicios, desaceleración económica y machaque del tejido productivo, surgió esta emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Los pésimos datos de actividad y empleo de marzo confirman que debemos añadir a la crisis sanitaria las otras dos que sabíamos que la acompañaban: la social y la económica.
La afiliación a la Seguridad Social registró en marzo un descenso de 833.979 personas (243.469 afiliados menos de media). Solo entre el 12 y el 31 de marzo se perdieron 918.996 cotizantes. Se desplomaron los contratos por cuenta ajena entre los indefinidos (-1,9%), pero mucho más entre los temporales (-17,3%). Los ERTE presentados rozan los 250 mil y el número de personas con contrato suspendido alcanza las 620 mil y subiendo.
El gobierno, junto a las agrias cifras del apagón económico, volvió a recordar la lista de medidas que se van coleccionando en los distintos decretos para evitar que el hundimiento convierta en aún más desigual el confinamiento. Pero el rosario de ayudas se combina con el de sus requisitos, y estos con el calvario que representa su demostración. Pensemos que, simplemente, para conseguir una prórroga hipotecaria, suponiendo que se cumplan las condiciones de ingresos por unidad familiar y otras exigencias, hay que presentar ante el banco un certificado del SEPE con los ingresos, el libro de familia o certificado de empadronamiento, y además una declaración responsable. Si hablamos de un Préstamos ICO para un autónomo, la cosa no resulta más sencilla. En un reino en el que más del 50% de sus habitantes declaran dificultades para llegar a fin de mes, el 20% se halla en riesgo de exclusión social, la cobertura por desempleo solo alcanza al 65% del total y el 20% vive de la economía sumergida, mucha parte de la sociedad queda fuera de toda medida que no sea universal e incondicional.
El frenazo que sufrimos no tiene precedentes y el Gobierno anuncia que pondrá en marcha una renta mínima general. Cada día de demora de la medida empeora el presente y futuro de millones de personas. Es urgente decretar ya una renta básica universal e incondicional para encarar este confinamiento y el batacazo económico que ha acelerado. Solo garantizando un ingreso para todo el mundo no se deja a nadie fuera. Lo demás son parches que intentan tapar vías de agua pero que no serán capaces de salvar el barco del naufragio.