Tras 98 días acabó el estado de alarma. Pero el virus continúa aquí, afectado a personas y sembrando dolor, mientras la norma que se suponía era la única posible para frenarlo, decae. Es verdad que ha descendido la curva de contagios gracias al enorme esfuerzo de la ciudadanía, al confinamiento y al conjunto de personas, sobre todo mujeres, que velaron en todo momento por la salud, la limpieza, los suministros y los cuidados de todos.
Ahora llega la prisa de los hosteleros y de toda la patronal por volver a acumular capital, que no se debe confundir con empleo. No es de extrañar que entre las ayudas que podrán llegar de la UE y las que está poniendo en marcha el Gobierno de Coalición Progresista la banca se vaya a "zampar" unos 400 mil millones de euros. Pero luego no hay dinero para Alcoa o Nissan. Cabe señalar que en estos tres últimos meses las 23 personas más opulentas del reino han aumentado su riqueza un 16%. Mientras, entre la población no rica se han perdido 3 millones 800 mil empleos y otros 3 millones 400 mil continúan colgados del frágil hilo de los ERTE. Por otra parte, al decaer el estado de alarma, las medidas excepcionales que impedían desahucios y congelaban plazos han terminado.
La CEOE celebró su asamblea y mostró claramente los ejes de su programa: más dinero público para la empresa y menos controles para fiscalizar en qué lo usa. Nada de elevar impuestos y menos aún de modificar la reforma laboral del PP.
Se apela constantemente a nuestra responsabilidad, a que usemos mascarilla y a que nos lavemos las manos frecuentemente; pero a la vez, un tema como la distancia de seguridad representa una pelea en cada empresa. Una disputa que mezcla los achuchones en el metro con el esfuerzo por mantener todos los empleos, así como por regular el teletrabajo frente a los abusos patronales.
Las solicitudes de responsabilidad se evaporan cuando hablamos del "triaje" forzado de pacientes en residencias y domicilios debido a la medicina de "guerra" que ha tenido que practicarse por la falta de medios en una sanidad recortada por el PP, tras abrirle la senda Zapatero con su pactado cambio constitucional del artículo 135. Nadie se quiere hacer cargo de los desmanes provocados por la política neoliberal profunda que domina el quehacer público e impregna radicalmente la manera en que nos estamos enfrentado a la pandemia. Esa política, basada en la jibarización de lo público, representa los beneficios del gran capital y el marco institucional que los avala, y constituye las razones de fondo de nuestros problemas.
Lo han dicho este sábado miles de personas llamadas a la acción por 500 colectivos de por todo el territorio. Sus reclamos parecen simples, pero están cargados de contenido: derogación de la Reforma Laboral, renta básica incondicional, recuperación de todos los servicios públicos privatizados, prohibición de los desahucios, suspensión de los alquileres y pagos de hipoteca para las familias vulnerables, regularización inmediata para todas las personas migrantes y devolución del rescate bancario.
La pandemia no ha acabado. Ni la corrupción, como nos ha descubierto The Telegraph al sacar a la luz los 500 mil dólares de la luna de miel de los monarcas y sus pagadores (papá Juan Carlos y Cusí); tampoco las cloacas del Estado, como afirma la CIA al hablar de los GAL y señalar a Felipe González como su organizador político.
Con el fin del estado de alarma solo se cierra una fase de la dura lucha que va a seguir por ver qué clase social obtiene ventaja de esta primera oleada de la pandemia. La calle, de nuevo, tendrá la última palabra.