Para el gobierno israelí deben pagar los palestinos. El día 1 de julio van a engullirse otra porción de Palestina (el valle del Jordán además de zonas de Cisjordania). No representa un episodio más, sino el RIP definitivo a los acuerdos de Oslo. Frente a ello, un millar de parlamentarios europeos han firmado un escrito exigiendo que no se cumpla el cambio administrativo que enmascara esta anexión. Las tomas de posición se multiplican por doquier, las movilizaciones contra la decisión israelí, también. No ganarán quienes sostienen un plan colonial condenado históricamente al fracaso. El pueblo palestino, cargado de dolor y de exigencia de justicia, acabará venciendo. Ayudar a lograrlo es clave para la libertad de todos y para frenar el sufrimiento y la humillación que hoy padecen. El gobierno progresista de coalición del reino de España debe reconocer, plenamente, al Estado palestino.
Por su parte, para Casado y Álvarez de Toledo los que debemos pagar el coste de la pandemia somos la población no rica. La CEOE les pidió que bajaran el diapasón del discurso y que entraran en el pacto de reconstrucción que se debate en el Congreso. A cambio del sí del PP, el gobierno de Sánchez e Iglesias retiró del documento todo aquello que molestaba a la derecha, como la posibilidad de un impuesto sobre las grandes fortunas y la derogación de la reforma laboral. Para los de Arrimadas y Bal, la cosa no es muy distinta; solo añaden un matiz que no les es exclusivo, pero que funciona como el sello de C’s: nada de mesa de negociación con Catalunya.
Y en la semana más orgullosa del año, para la curia eclesial, como siempre, quién tiene que pagar es, además de la mujer, la libertad de amar a quien se desee.
No se conoce todavía quién y cómo se pagará una deuda pública que continúa disparada y que en las próximas semanas se verá en Bruselas; lo que ya nadie desconoce es que la actividad económica retrocederá un escalofriante 12,6%. La buena noticia de la prórroga de los ERTE hasta septiembre no puede hacernos olvidar que quieren cerrar Alcoa y Nissan. Salvo que el desempate de la situación pase por una solución favorable a la mayoría de la población trabajadora y autoempleada, el golpetazo al empleo que se oculta tras este mantenimiento asistido de puestos de trabajo, es solo cuestión de tiempo.
Los principales sindicatos de clase salieron a la calle para reclamar un gran pacto y los inmigrantes a través de sus asociaciones hicieron lo propio para exigir su legalización y el cierre definitivo de los CIE. Mientras, en Galicia y en el País Vasco comenzaron las campañas electorales que renovarán sus parlamentos.
Está en juego, en la lucha a través del voto y en la movilización en la calle, saber quién paga la factura de la pandemia. Y será la movilización popular la que ofrezca las salidas y marque las condiciones de los posibles pactos y cambios. Nuestra apuesta es clara: ganar en libertad y derechos significa que paguen lo más ricos, que se derogue la reforma laboral, y que se proteja a la población y sus derechos.