La frontera colombo-venezolana, es un vasto territorio de 2.219 kilómetros de largo, una extensa franja territorial que, por muchos años, ha carecido de resguardo de las fuerzas del orden del lado colombiano, quienes han dejado en manos de fuerzas irregulares su control, valga decir, lo que se conoce en Colombia como la "quinta brigada" de sus fuerzas armadas, léase: bandas de paramilitares, asociadas con organizaciones de delincuencia organizada dedicadas al tráfico del principal producto de exportación de la economía colombiana, léase: cocaína. Algunas estimaciones, consideran que el 36 por ciento del PIB colombiano es producto del narcotráfico; más recientemente, desplazado por el contrabando de alimentos, durante los años posteriores a 2014, como eslabón de la cadena de eventos desestabilizadores de la economía venezolana. El contrabando de alimentos, desde Venezuela hacia ciudades tan alejadas, como pudieran ser Barranquillas (a 873 Kms de Cúcuta) o Buenaventura (996 Kms de Cúcuta), incluso, la propia capital, Bogotá, explican cómo un país capitalista con un poderoso aparato económico, más industrializado que el venezolano, no logra alimentar a su propia población. El 13 por ciento de la población colombiana, menor de 5 años, padece de desnutrición crónica y el 33,2 por ciento presenta anemia, como producto de su deficiente alimentación (Fuente: Pobreza absoluta, indigencia y desigualdad en Colombia: resultados de 2014: http://www.diariodelhuila.com/actualidad/pobreza-absoluta-indigencia-y-desigualdad-en-colombia-resultados-de-2014-cdgint20150316082303189), lo que les lleva a ver en los alimentos venezolanos -contrabandeados a territorio colombiano por senderos irregulares o trochas- una alternativa para poder acceder a alimentos a precios accesibles. Añádale, que aquellos sectores de la población colombiana, que acceden a la posibilidad de tener un salario mínimo, mediante un trabajo formal, el 50 por ciento del mismo, se les va pagando servicios básicos –privatizados- como luz, agua, gas, aseo urbano o comunicaciones. Ello explica, como un estimado mensual de cerca de 177 mil toneladas de alimentos, sustraídos desde los anaqueles de Mercal, Pdval y Bicentenario, iban a parar del otro lado de la frontera para la venta al pueblo vecino. La Cámara Venezolana-Colombiana (CAVECOL), estimaba que 800 mil huevos diarios y 1.500 toneladas de pollo se iban a Colombia, lo que representaba para los productores de alimentos del vecino país, pérdidas por el orden de los 72 mil millones de pesos anuales.
Anaqueles repletos de alimentos del lado colombiano, y anaqueles vacíos del lado venezolano, esa fue la consecuencia de la guerra económica, librada por aquellos años de 2014, 2015 y 2016. Cuyos efectos devastadores, incidieron no solo en la población venezolana, que vio en las colas y el desabastecimiento de alimentos y medicinas, las causas demoledoras de su calidad de vida. La población colombiana, no estuvo exenta también de daños colaterales, que se expresaron en la caída del empleo industrial, pobreza, exclusión y desnutrición, como efectos de una competencia desigual. El propio Presidente Santos, denunció que producto del contrabando de extracción, se habían perdido más de 200 mil empleos. Mientras, que el autor intelectual de aquella guerra, los EEUU, se limitaba a observar desde el norte, los efectos de su política criminal devastadora. Fueron, los años de la única victoria electoral –resaltante- obtenida por los enemigos de la Patria, quienes obtuvieron una mayoría electoral, en votos y en curules, en la Asamblea Nacional, a costa del sacrificio del mismo pueblo que votó por ellos y quienes se abstuvieron en filas revolucionarias. Con ello, se iniciaba un nuevo ciclo de la política nacional en Venezuela, pero también, años después, un nuevo uso mercantil de la frontera y sus trochas. Ya, el contrabando de alimentos y medicinas, dejaba de ser rentable, al verse afectada la producción industrial colombiana y reclamaba un cambio de las políticas de agresión imperialista contra Venezuela. Fue entonces, que la CIA apreció una nueva oportunidad de negocios y, al mismo tiempo, de continuar propiciando el caos en Venezuela. La migración, se convierte en ese nuevo instrumento, sacado del arsenal –histórico- de guerras no convencionales aplicadas por el imperialismo, en contra de los pueblos que no le son dóciles y obedientes a sus directrices y mantienen una postura independiente y soberana. Hasta entonces, la migración se limitaba a un número muy reducido de profesionales, que atraídos por la victoria de Mauricio Macri en Argentina y la campaña desatada a favor de la misma, acudían en búsqueda de mejores oportunidades de ingreso; al igual que Ecuador, por la dolarización de su economía. Colombia, ni sombra tenía de ser apetecible para los profesionales venezolanos y venezolanas.
En 2017, ocurre un evento que anunciaba un punto de inflexión en las políticas imperialistas de promoción de la migración venezolana. Son retenidos, en el Aeropuerto de Maiquetía, un grupo de 120 niños y niñas, a quienes se les pretendía sacar del país con destino a Perú. No contaban, ese grupo de niños y niñas, con el correspondiente permiso de viaje de sus representantes. Una operación, que perfectamente encajaba en la tipificación de un delito que la ONU, exhorta a sus miembros a combatir: el tráfico y trata de menores. La "Declaración de New York para los refugiados y los migrantes", de hecho, es un compromiso de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, quienes se comprometieron a "combatir enérgicamente la trata de personas y el tráfico de migrantes…" Venezuela, como Estado responsable, asumió su papel por intermedio del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, garantizando la no salida del país del grupo de niños y niñas, quienes fueron devueltos a su familia, residente en el país. Documentos falsificados, fueron presentados por los irresponsables que pretendían secuestrar ese grupo de niños y niñas venezolanas, con fines desconocidos. En Perú, aparecía responsabilizándose de tan nefasta acción, un supuesto líder oposicionista conocido por el remoquete de "Cabeza de motor", alias Oscar Pérez, cuyos antecedentes delictivos, justifican tal remoquete. Tal actuación de los factores oposicionistas, intentaba replicar en Venezuela, una Operación Encubierta realizada por la CIA y que tuvo la complicidad de la Iglesia Católica de Miami, en la hermana República de Cuba y que se conoció como Operación "Peter Pan", ejecutada entre los años 1960 y 1962. Mediante la cual, utilizando la falsa acusación al Gobierno Revolucionario, que pretendía eliminar la Patria Potestad de los niños y niñas cubanas. La campaña mediática, impulsada desde territorio estadounidense, causaba mucha alarma y miedo, entre la población: "¡Madre cubana, escucha esto!, la próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos desde los cinco años hasta los 18 años. ¡Madre cubana, no te dejes quitar a tu hijo! Es la nueva ley del gobierno…", repetían sin cesar por las radios y reproducían en papeles, una supuesta Ley aprobada por el régimen, como acostumbran llamar a los gobiernos que acusa el imperialismo de "dictaduras", tan solo por no permitirse el triste papel de ser una colonia de EEUU. La CIA, estaba detrás de esa Operación de falsa bandera. Al respecto, es importante tener presente lo que dijera el Secretario de Estado y agente de la CIA, Mike Pompeo, en una conferencia que dictara el pasado 15 de abril, en la Universidad de Texas: "Yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento". Así son, esos mentirosos empedernidos.
La Operación "Peter Pan", expresa hasta qué nivel de criminalidad es capaz de llegar el imperialismo de EEUU, en función de conseguir sus nefastos fines de sometimiento de los pueblos. A partir del 26 de diciembre de 1960 hasta octubre de 1962, fueron sacados de Cuba, con destino a Miami, un total de 14.048 niños y niñas, muchos de los cuales –hasta la fecha de hoy- no logran reencontrarse con su padre o madre. Tamaña acción de terrorismo psicológico y crueldad criminal, no hubiese sido posible sin la actuación de los medios de comunicación, todos orientados y financiados por la CIA: Diario de la Marina, Prensa Libre y Avance en Cuba; La Voz de EEUU de América, emisora oficial de ese país en el exterior y Radio Swan, ubicada su sede en Honduras.
Las operaciones de guerra psicológica, desde la ocurrencia de aquel triste episodio de Maiquetía, que intentó utilizar lo más sagrado que pudiera tener un pueblo, sus niños y niñas, se incrementaron –masivamente- promoviendo la salida del país. La propaganda, difundida en Colombia, hablaba, incluso, de entrega de bonos por 96 mil dólares, financiados por agencias de Naciones Unidas. También, se anunciaban entregas de bolsas de alimentos en los municipios fronterizos, como parte del Programa de Alimentos de la ONU. En Perú, anunciaban el reconocimiento de los títulos de los profesionales venezolanos. Por otra parte, los gobiernos miembros del defenestrado Cártel de Lima, en especial, Colombia, no se bastaron de obtener millones de euros, como parte de supuestas ayudas a los migrantes venezolanos. Muchos de los cuales, abandonaban sus viviendas en territorio venezolano, atraídos por esa especie de nuevo Dorado. Tal fue, el caso reseñado por la Agencia Efe, de Cindia Cortez, no verificable su existencia, supuesta joven de 20 años, con ocho meses de embarazo, que dejó su vivienda confortable que tenía en Venezuela por el "paraíso" colombiano. Cindia, describe a Efe su nuevo modo de vida en Colombia: "Vivimos en un cuartico sin piso. En una camita de niño dormimos mi esposo, mi hijo y yo; mi papá duerme en una hamaca". Cambiaba, su vida en Venezuela, por un sin empleo formal, que les garantizaba la comida mediante un bono alimenticio con un valor estimado de 38 dólares al mes para el núcleo familiar. ¿Qué podrían comprar con tal bono, en un país en que el costo de la vida, está a precios internacionales y es tan alto o más que en Venezuela?
Con la migración, ya masiva de grupos de venezolanos, se iniciaba la etapa de nuevos negocios no solo para los gobiernos que recibieron millonarios recursos provenientes de Naciones Unidas y otros gobiernos, que les eran aliados en su política de desprestigio de la Revolución Bolivariana, en especial, EEUU y la Unión Europea. La migración, no fue un buen negocio para las bandas criminales que operan en frontera, ya que Venezuela mantuvo y aún mantiene, sus fronteras abiertas para sus connacionales. Las bandas terroristas-oposicionistas, desecharon la migración tempranamente, el asesino de niños y prófugo de la justicia, alias Julio Borges, les calificó de ser una plaga, "un problema social y un problema de la región, que se ve acompañado por otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas, incluso el tema del terrorismo. De tal manera, que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina" (Entrevista para CNN, 6 de abril 2017). Lo que antes era bendecido como un buen negocio, de repente se convertía en "una enfermedad contagiosa". Una primera pandemia, que afectaba la región y como tal, fue enfrentada por los pueblos del sur, con xenofobia y odio contra los venezolanos y venezolanas, gracias a Julio Borges.
Covid-19, terminó de darles el empujoncito a los migrantes venezolanos para que entendieran la realidad que se vive en esos países "oasis", colmados de neoliberalismo y regidos por el Dios mercado. Ahora, estaba en vilo no su calidad de vida, sino su propia vida. La salud, valga decir su derecho humano a la vida, les fue negado por esos mismos gobiernos que les invitaron a migrar. Con mucha razón, se quejan ahora: "Hay que tener un poco de humanidad. Nosotros no le pedimos nada al Gobierno colombiano, al contrario, le hemos dado las gracias por abrir sus fronteras y recibirnos, pero nuestro llamado es a la embajada venezolana aquí, porque el presidente Iván Duque reconoció a Guaidó y Guaidó nombró a representantes diplomáticos en este país, pero ellos se niegan a atendernos. También hacemos un llamado a la ONU, a la Unión Europea, para que se aboquen a esta problemática porque ellos dieron mucho dinero para los venezolanos que migramos a Colombia y ahora ese dinero no aparece, nadie nos atiende", explica para Sputnik, Carlos Álvarez, joven venezolano. Efectivamente, nadie les atiende entre quienes les invitaron a migrar, a abandonar su país con el claro propósito de promover una crisis humanitaria, que justificara la anhelada invasión militar "humanitaria" de Venezuela. Tal cual se hizo en Libia. Propósito fracasado, gracias a la extraordinaria conducción política llevada a cabo por el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, quien garantizó la Paz de la República, en beneficio de todos los venezolanos y venezolanas, indistintamente cual sea su postura política.
Venezuela, es el único país en el planeta que, en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus, vive una migración en reversa. Miles, regresan de aquellos países en que la sobreexplotación laboral, la xenofobia y odio contra los connacionales, el hambre y la desnutrición hicieron mella en el orgullo de la venezolanidad. Malos hijos e hijas de la madre Venezuela, pagaron caro su traición y abandono. Ahora, regresan y su madre Venezuela, les tiende sus brazos en tierno abrazo para que ingresen a su seno en sana paz. Unos por aire, mediante la Misión Vuelta a la Patria, otras y otros por tierra, en sendas caminatas desde lugares tan recónditos como Perú, Ecuador incluso Argentina. Tan solo, se les exige que, en resguardo de sus familiares y compatriotas, se resguarden en Cuarentena, bajo cuidados médicos durante 24 días antes de llegar a sus hogares de residencia. Condición tal, que ha permitido a las bandas de delincuencia organizada y paramilitares, valga decir, la "quinta brigada" del ejército colombiano, abrir una oportunidad de negocios para ingresarlos por las llamadas trochas; para contrabandear ya no alimentos, drogas o gasolina, sino seres humanos, desesperados en llegar a Venezuela, su Patria. Se trata, sin dudas, de delitos de tráfico y trata de personas que todos los Estados miembros de Naciones Unidas, están obligados a combatir. No obstante, dichos acuerdos internacionales, no son garantizados en su plena vigencia, por los gobiernos de Jair Bolsonaro e Iván Duque, y así debe conocerlo el mundo entero.
Los llamados trocheros, son quienes utilizan el tráfico o trata de personas para hacer fortuna mediante ellos, cobrándoles entre 200 y 300 dólares para ingresarlos por las trochas a territorio venezolano. El propio gobierno colombiano, estima en 300, el número de senderos clandestinos o trochas, utilizadas por su "quinta brigada". Además, el gobierno colombiano, se ha permitido utilizar a seres humanos como vectores de difusión del coronavirus hacia territorio venezolano, valga decir, utilizarlos como armas de bioterrorismo contra Venezuela. Interpol, define: "El término ‘bioterrorismo’ hace referencia a la diseminación intencionada de agentes biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de objetivos políticos o sociales". Es un hecho cierto, que debido al bioterrorismo colombiano, han muerto venezolanos y venezolanas, enfermos de Covid-19. Infectados por connacionales que fueron introducidos al país, inoculados de Covid-19, por las bandas de trocheros, la "quinta brigada" que opera en la frontera. De hecho, se argumenta que, gracias al bioterrorismo, el país se ha visto afectado en la contención del virus, cuyas cifras se han disparado exponencialmente, incrementando el número de enfermos y fallecidos. Al día de hoy, 13.167 enfermos y 124 fallecidos. La ONU, en su Consejo de Seguridad, debe ser informada sobre esta nueva modalidad de guerra imperialista contra la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, debe incorporarse al expediente que lleva en curso, la Corte Penal Internacional, estos nuevos crímenes de lesa humanidad. La Cancillería venezolana, está obligada a incorporar al mismo, ésta nueva modalidad de crimen por parte de un Estado contra otro, ambos, miembros de Naciones Unidas, mediante la utilización de armas biológicas.
Caracas, 24-07-2020