En solo nueve meses la junta golpista boliviana, encabezada por la presidenta de facto, Jeanine Áñez ha destruido los adelantos económicos y los programas sociales alcanzados durante 14 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el legítimo presidente electo en las urnas, Evo Morales Aima, las fuerzas de derecha junto a los militares desataron una fuerte represión contra los miembros del MAS y de miles de manifestantes que repudiaron la asonada.
El martes 12 de noviembre, luego del Golpe, Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores asumió "ipso facto" la presidencia transitoria, a la par que se inició el retroceso de logros sociales y económicos a favor de la mayoritaria población.
De esa forma, Bolivia enfrenta este 2020 como su peor año económico en décadas, con una ola de despidos de trabajadores y el cierre o la reducción de empresas que se agudizaron con la pandemia de Covid-19 al existir falta de atención de las autoridades, déficit de médicos y medicinas, lo que unido a la corrupción de las autoridades sanitarias han activados las protestas sociales.
Para intentar mantenerse en el poder debido a que todas las encuestas dan al MAS como ganador en las elecciones presidenciales del 6 de septiembre, la derecha volvió a cambiar la fecha de los comicios (por cuarta ocasión) lo cual ha provocado la inestabilidad completa de país con manifestaciones y paros indefinidos de organizaciones obreras y sociales.
En estos momentos, el gobierno de facto no cuenta con un registro de las empresas cerradas o cuántos empleos se han perdido y los analistas afirman que la mayoría de los sectores se han dañados, y piden a las autoridades un diagnóstico real del impacto de la pandemia.
Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, la pobreza se ha agravado, la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 % a 9,4 % y la informalidad ronda al 80 % de la población económicamente activa.
El Banco Mundial pronosticó que la recesión en Bolivia provocará en 2020 una caída del 5,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), la peor cifra desde los años 80 cuando el país sufrió una devaluación y una inflación histórica. La peor tasa de esa época fue de -4%, en 1983.
Desde que en 2005 Evo Morales alcanzó la presidencia con el apoyo popular, esa nación experimentó una serie de transformaciones económicas y sociales que sacaron de la miseria, la ignorancia y la discriminación a su mayoritaria población.
Durante 2018 Bolivia se había consolidado como uno de los países en América Latina con más adelantos en las esferas económico-sociales tras alcanzar un crecimiento de 4,7 % y un PIB de 40 000 millones de dólares.
Cuando en Latinoamérica se imponían agresivas políticas neoliberales y de privatizaciones impulsadas desde Estados Unidos con el aval de varios organismos financieros internacionales, en Bolivia la nacionalización de los recursos naturales fue el pilar fundamental para comprender el éxito del modelo económico del país andino.
De esa forma, el Estado se apropió del excedente económico, cuyos recursos se invirtieron en la construcción de una economía de base productiva y se redistribuyeron a través de bonos a la población, inversión pública, aumentos salariales inversamente proporcionales y subvenciones cruzadas para erradicar la pobreza y reducir las brechas entre ricos y pobres.
Asimismo se impulsó la demanda interna, lo cual en un contexto de crisis económica internacional de alta volatilidad e incertidumbre se transformó en el principal motor de crecimiento económico.
En 2005, cuatro de cada 10 personas vivían en condiciones de extrema pobreza, sin satisfacer sus necesidades básicas alimentarias, y en 2019 ese índice disminuyó a la mitad, es decir, solo dos de cada 10 personas aún vivían en esas condiciones.
Al nacionalizarse en mayo de 2006 la industria de los hidrocarburos, se estableció una política de retención del sector dividido en 50 % de regalías, 7 % en ganancias recuperables, de empresas operadoras, de YPFB y pago de impuestos y patentes. De esa forma se aseguró que el Estado y el pueblo obtuvieran un ingreso en los primeros seis años de 12 424 millones de dólares a un promedio de 2 000 millones de dólares anuales, recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales.
Las profundas transformaciones lograron sacar de la miseria, la ignorancia y la discriminación a la mayoritaria población y una de las primeras tareas acometidas por el Estado plurinacional fue implementar un programa que eliminara la ignorancia extrema de millones de bolivianos, con ayuda de especialistas cubanos y venezolanos. En 2010 la UNESCO declaró al país Libre de Analfabetismo.
Fueron muchos los beneficios alcanzados y uno de los principales resultó que a nivel regional Bolivia dejó de ser uno de los países más pobres, y ese indicador disminuyó de 38,2 % en 2005 a 16,1 % en 2017, lo que significó una rebaja de 21,1 puntos porcentuales, la mayor a nivel de región.
La tasa de desempleo abierto urbano registró una reducción sustancial al pasar de 8,1 % en 2005, a 4,2 % en 2019.
El PIB creció desde el 2006 a un ritmo promedio de 4,3 % mientras los programas sociales resultaron amplios y variados para lo cual se destinó alrededor de 2 000 millones de dólares, el mayor para un aparato estatal que hasta el año 2005 invertía solo 500 millones de dólares.
Al desaparecer tras el golpe de Estado ultraderechista esos grandes beneficios sociales y económicos, el pueblo boliviano se posiciona ahora en calles y caminos para defender su legítimo derecho a la vida, cercenado por las fuerzas reaccionarias apoyadas desde Estados Unidos.