La esclerosis y debilidad del Estado mexicano es evidenciada –entre otras cosas– por su incapacidad para conducir el crecimiento económico y para estimularlo con los mecanismos de política económica apropiados. Con la instauración de la pandemia, esta tendencia histórica se radicaliza y afloran escenarios económicos inciertos y nada halagüeños para el curso mismo del desarrollo nacional. No solo persiste el modelo económico aperturista, desnacionalizador y desindustrializador (https://bit.ly/2YRXHoB), sino que son perpetuados el estancamiento estabilizador (https://bit.ly/31AJPjY) y la misma incapacidad para pensar el desarrollo con cabeza propia (https://bit.ly/3k0gzsV).
El 30 de julio pasado, el INEGI presentó una estimación respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). En dicha estimación oportuna se aprecia una caída del 17,3% en términos reales durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2020; en tanto que una caída de 18,9% respecto al mismo trimestre del año 2019. Por actividades económicas que componen el PIB, la principal caída la experimentaron las actividades secundarias o industriales con un 23,6%; por su parte, el sector servicios se precipitó en un 14,5% y el sector agropecuario cayó un 2,5% a lo largo de ese segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre transcurrido entre enero y marzo del présense año (https://bit.ly/3kuXDnw).
Si bien estos datos representan un batacazo de enormes magnitudes para el comportamiento de la economía mexicana, cabe contextualizarlos en el escenario que a nivel internacional se presenta al calor de los impactos diferenciados que acompañan a la pandemia y al confinamiento global. El Banco Mundial, por su parte, conservadoramente augura en sus proyecciones una caída de la economía mundial del 5,2% para el 2020; siendo este dato del 7,0% para el caso de las economías avanzadas; en tanto que para América Latina y el Caribe la caída sería del 7,2% para este año (https://bit.ly/3f4luqX).
Se trata de un escenario mundial adverso que se explica por la inducida gran reclusión y por las decisiones y medidas tomadas desde los gobiernos y los grandes corporativos en torno al frenón de las principales actividades económicas, la ruptura de las cadenas globales de valor y suministro, y la retracción de la demanda y el consumo masivo como parte del confinamiento y la crisis de hiper-desempleo profundizada durante los últimos meses.
Aunque existe este contexto dado por el comportamiento y contradicciones de la economía mundial en la era pandémica, lo suscitado en México se relaciona también con múltiples factores que inciden en la desaceleración de la actividad económica y en la caída abrupta del crecimiento económico. En algún momento señalamos las reticencias mostradas por la clase empresarial mexicana para invertir en actividades productivas desde la elección del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (https://bit.ly/31AJPjY), en lo que sería una falsa confrontación entre élites políticas y empresariales que, al menos en el discurso y en ciertas prácticas se muestran como diferentes. Decimos que es falsa esta supuesta confrontación porque el actual gobierno federal no compromete los cimientos del patrón de acumulación rentista y extractivista imperante en México.
A lo anterior se suma la fuga de capitales dada por el aumento de depósitos de empresarios mexicanos en bancos estadounidenses. Entre julio de 2018 y el mes de enero de 2020, se registró una fuga de capitales por un monto de 76 mil 166 millones de dólares (https://bit.ly/32WSah8); lo cual explica, en gran medida, los riesgos de recesión sobre la economía mexicana desde entonces. Declarada la pandemia, este fenómeno se aceleró como parte de las expectativas negativas que genera la economía mexicana, la ausencia de certidumbre (lo cual es una infundada percepción de la clase empresarial), y la misma depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense. De ahí que las élites empresariales y los grandes ahorradores prefieran tener sus depósitos en dólares y no en pesos mexicanos. Tan solo los inversionistas de origen estadounidense, entre enero y abril de 2020, vendieron el 16% de los bonos gubernamentales mexicanos, representando una suma de 15 mil millones de dólares (https://bit.ly/3i4OGzk). La espiral no se detiene con el cénit de la pandemia y se registra que entre abril y junio del presente año, México se expuso a una fuga masiva de capitales por montos de 8 710 millones de dólares (https://bit.ly/3h4wvZw).
El imperativo de la austeridad fiscal privilegiado por el actual gobierno, en el marco de la perpetuación de la política económica ultra-liberal, contribuye a agravar y profundizar el adverso panorama macroeconómico de la nación azteca. No menos importante es el disparo del resorte del desempleo en el país durante los meses de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la pérdida de 1,2 millones de puestos de trabajo formales hacia la primera quincena de agosto del presente año (https://bit.ly/3lXoA3A). Si se incluye a la población que labora en condiciones de informalidad, el número de desempleados ascendía –para la tercera semana de julio– a los 15,7 millones de habitantes (13,6 millones de personas no ocupadas y el resto serían los pertenecientes a la llamada población económicamente activa desocupada) (https://bit.ly/32Zt7tL). Con esta situación de hiper-desempleo masivo, la economía mexicana enfrenta un shock de la demanda al retraerse el consumo de la clase trabajadora.
Estas tendencias se complican con la persistencia de una política monetaria estipulada por el banco central que continúa apostando por la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos. Al respecto, el Banco de México declara, oficialmente en su sitio de Internet, que su "objetivo prioritario es mantener una inflación baja y estable"; de ahí su distancia respecto a la procuración del pleno empleo en lo que sería la entronización de una falsa disyuntiva en materia de política monetaria y que, incluso, marcha a contracorriente de la misma Reserva Federal de los Estados Unidos que, ante la pandemia, reivindica la simbiosis de la estabilidad de precios con el pleno empleo, siendo este último el objetivo principal de ese banco central. Mientras en México se observan ambos objetivos como mutuamente excluyentes –subordinando el crecimiento económico a la estabilidad macroeconómica–, la tendencia en múltiples bancos centrales del mundo se dirige a considerarlos como complementarios.
A la par de las restricciones que impone la loza asfixiante de la disciplina fiscal, en México prevalece un Estado pobre y fiscalmente débil que no se atreve a estipular una reforma fiscal progresiva que grave a los ciudadanos que más ganan y que cuentan con fortunas y grandes herencias. Y no se atreve porque históricamente las élites empresariales fueron parte de las clientelas que sostenían la legitimidad del poder político, y porque las élites políticas temen la furibunda reacción de las oligarquías que controlan los medios masivos de difusión e infinidad de poderes fácticos.
La reforma fiscal no solo es necesaria en el contexto de la pandemia, sino urgente de cara al colapso económico que vive el país. No basta con las obras faraónicas que promueve el actual gobierno federal (el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas), sino que es impostergable financiar un ambicioso programa de infraestructura intensivo en mano de obra que tenga una irradiación multi-regional y amplios impactos territoriales y diferenciados según los niveles de desarrollo económico de cada entidad federativa.
Ante el advenimiento de una crisis económica de grandes magnitudes como no se experimentaba en México desde 1932, la urgencia de una reforma fiscal no solo es un imperativo técnico, sino uno en materia de justicia social, considerando que los náufragos de la pandemia y de dicha crisis lo serán la clase trabajadora y los sectores de la población expuestos a la exclusión social y a la pauperización. El mismo discurso anti-corrupción y la llamada "austeridad republicana" no bastan para procurar un ahorro en el sector público (en el segundo informe de gobierno se señaló un ahorro de 560 mil millones de pesos). Agotado el mismo potencial exportador de la industria petrolera y alicaídos los precios internacionales de los hidrocarburos, es pertinente echar mano de los recursos provenientes del freno impuesto a la evasión fiscal que benefició por décadas a los grandes corporativos empresariales, así como de una reforma fiscal que no solo grave a los consumidores cautivos a través del I.V.A. y a la actividad productiva de las empresas –que, en última instancia, trasferirán dicha carga fiscal al consumidor final–, sino que privilegie el gravamen sobre el ingreso del decil más alto y, especialmente, sobre el 1% que concentra mayor riqueza y grandes fortunas.
Ante una caída del 10% pronosticada para el 2020 (en tanto que para el 2021 se augura un crecimiento del 2,95%), México no cuenta con suficientes márgenes de maniobra mientras la política económica se empecine en el precepto de la austeridad fiscal y no se apueste por un proceso de re-industrialización y de soberanización en torno a las decisiones económicas estratégicas. No solo continuará la mayor exposición respecto a los vaivenes de los mercados de América del Norte, el flujo de divisas enviadas por los migrantes, y la dependencia comercial y tecnológica respecto a los Estados Unidos, sino que estos condicionamientos adversos crearán mayores ataduras.
El círculo vicioso puede presentarse al no crecer la economía nacional y al restringirse con ello la provisión de recursos fiscales hacia las arcas del Estado. Agotado el venero de la economía fosilizada, pocos son los márgenes de maniobra de la hacienda pública para el incremento de sus ingresos, si no se echa mano de una amplia reforma fiscal progresiva.
El actual mandatario aún cuenta con un margen amplio de legitimidad social para emprender una reforma fiscal que grave al que más tiene. Más aún, cuenta a su favor con el respaldo técnico dado por su estrategia orientada a evitar un mayor endeudamiento del sector público; al tiempo que logra controlar favorablemente el gasto público y cumple con las metas fiscales. El resto del esfuerzo se concentraría en la capacidad de los operadores políticos en aras de persuadir a la oligarquía y a las élites empresariales para que no solo paguen sus adecuados fiscales, sino para que se sumen a un gran pacto nacional que priorice salir del atolladero de las últimas décadas y campear el vendaval desatado por la crisis pandémica. Sin la llama de esa mínima posibilidad, México corre el riesgo de perpetuar sus condiciones de subdesarrollo, y el salir de la vorágine de la crisis epidemiológica global será una labor cuesta arriba.