El pueblo peruano quedó a la espera del pronunciamiento enérgico del Cartel de Lima y del Secretario General de la OEA, el macilento Luis Almagro, condenando las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos por los excesos policiales y la sobrevenida ruptura institucional por el nuevo golpe contra el Poder Ejecutivo impulsado inexplicablemente desde el Congreso de ese país, a tan solo cinco meses de las elecciones presidenciales de abril del año 2.021.
No hay nada que esperar. Repiten un guion imperturbable donde todos los presidentes lacayos hacen mutis frente a las terribles atrocidades ejecutadas por sus socios del Cartel de Lima. Reiterando así la doble moral y el vergonzoso descaro de la derecha continental a la hora de defender a sus pares y ocultar bajo la alfombra los trapitos sucios, no importa que sean viles asesinatos a mansalva de jóvenes estudiantes o líderes sociales. A mirar para otro lado es la consigna, con el pañuelo en la nariz, tratando de disimular los putrefactos hedores de la impudicia.
Pero nadie puede ocultar las imágenes dando vueltas por todo el planeta de la represión y la violencia policial contra las protestas ciudadanas realizadas en Lima y otras importantes ciudades como Cusco, Arequipa y Tacna.
Los medios y movimientos sociales reportaron el terrible parte de 2 estudiantes universitarios muertos, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos en una brutal espiral de represión dirigida por la Policía Nacional del Perú. El desmadre es de tal magnitud que el Tribunal Constitucional exigió a la policía "la inmediata ubicación, identificación y puesta a buen recaudo de los más de 40 desaparecidos" y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, señaló que la represión policial desatada representa "la noche más negra que ha tenido la democracia de los últimos 20 años".
Toda la crisis se ha desatado por el perverso empeño de grupos políticos del Congreso de pasar factura al presidente Martín Vizcarra, al concretar su destitución mediante la aplicación de una dudosa "moción de vacancia" justificada bajo el precario argumento de la "incapacidad moral" del destituido presidente. Ni siquiera se pudieron agotar los recursos legales de interpretación ante la instancia superior representada en el Tribunal Constitucional.
Al frente del golpe parlamentario se erigió triunfante el presidente del Congreso, Manuel Merino, que no contaba entre sus maquiavélicos planes con el profundo rechazo y el inmenso descontento popular que se desataría en el país ante su absoluta y repudiable falta de legitimidad (un Déjá Vu de Carmona Estanga, que intenta replicar torpemente el fracasado usurpador Juan Guaidó).
La indignación popular ante la sangrienta represión desatada durante su recién estrenado gobierno, lo obligó a renunciar luego de apenas 6 días usurpando el Poder Ejecutivo. Merino "El Breve", se recordará para la historia. Y ahora enfrentará a la justicia por su responsabilidad directa en las violaciones de Derechos Humanos por las sangrientas operaciones de represión cometidas por la policía durante su efímero gobierno.
Pero no hay que perder el foco que estamos frente a la presencia de una enorme crisis estructural que ha carcomido a todo el espectro político del Perú. La verdadera causa de la inestabilidad política del país radica en la perversa corrupción que ha salpicado por igual a tirios y troyanos, generando componendas, complicidades y malabarismos legales entre los que intentan evadir la justicia. Desde el año 2.000, los presidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynzski y Martín Vizcarra han enfrentado bochornosas destituciones, procesos judiciales y hasta cárcel por sonados casos de sobornos y corrupción cometidos durante el ejercicio de sus cargos públicos. No hay nada de ética y moral entre estos nefastos personajes.