Las protestas masivas en Paraguay que no se han detenido desde el sábado 6 de marzo exigen revitalizar la economía, el colapsado sistema de salud, poner fin a la corrupción imperante y sobre todo, las renuncias del presidente Mario Abdo y del vicepresidente, Hugo Velázquez.
Las continuas concentraciones han tenido lugar en Asunción (la capital), Ciudad del Este, Caaguazú, Misiones y Encarnación, muchas reprimidas por la fuerza policial.
El dirigente del Frente Iguazú (FG), Fernando Lugo denunció "que el presidente gobierna como si no hubiera una pandemia…La prioridad hoy en día es la vida de la gente y él sigue inaugurando rutas o puentes. Hay muchas muertes todos los días y ha colapsado la paciencia de la gente".
Por su parte, Efraín Alegre, que dirige el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que recientemente estuvo encarcelado por manifestarse contra el régimen, señaló que "no somos un país de mendigos, hemos pagado por todo lo que hoy nos falta y por eso la ciudadanía exige que se vayan todos".
Varias agrupaciones políticas, PLRA, FG, el Partido Encuentro Nacional (PEN) y Patria Querida (PQ), han trabajado en el Parlamento la formulación de acusaciones para impulsar el proceso de destitución del gobernante.
La corrupción ha seguido su paso indetenible en esa nación donde los diferentes regímenes y la clase rica se han beneficiado históricamente mediante transacciones oscuras y el robo de las riquezas nacionales.
En tiempos de pandemia en Paraguay, con hospitales colapsados y falta de oxigeno para atender a la población, los manifestantes aseguran que la corrupción política ha causado más ruinas y muertes que el coronavirus.
El último escándalo explotó con un préstamo de 1 600 millones de dólares para enfrentar la emergencia sanitaria, que no se sabe adónde fue a parar, y a la par aumenta la desprotección sanitaria por falta de medicamentos, insumos y equipos.
Al presidente Abdo lo acusan por ineptitud en el manejo de la pandemia con consecuencias desastrosas para la economía, además de permitir la corrupción y el desfalco de la riqueza nacional.
A su vicepresidente Velázquez, le señalan el mal desempeño de funciones y participar en la firma de un acuerdo entreguista con el gobierno de Brasil sobre la venta de energía de Itaipú Binacional, calificada como de "traición a la patria".
En la larga lista de funcionarios corruptos aparece el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien entre otras de sus artimañas, suscribió durante la pandemia un negocio con la compañía Engineering (conocida como la superproveedora del gobierno por todas las "licitaciones" que recibe) para la realización de la pasarela de Ñandutí, en el Parque Ñu Guasu cuyo precio inicial se elevó de 1 683 millones de guaraníes a 14 121 millones (unos 2,1 millones de dólares).
Los agudos problemas sociales de Paraguay se incrementaron con la llegada al poder del dictador Alfredo Stroessner que como candidato del Partido Colorado se convirtió en 1954, apoyado por Estados Unidos, en presidente del país.
El dictador, durante 35 años de régimen represivo, impulsó la concentración de riquezas y de tierra en manos de unos pocos lo que convirtió a la nación en una de las más desiguales del plantea.
Regímenes afines se sucedieron tras su derrocamiento en 1989, lo cual solo fue interrumpido en 2008 por el progresista Fernando Lugo quien en 2012 sufrió un golpe parlamentario.
Seguidamente, el neoliberalismo y la corrupción se ampliaron con los regímenes de Federico Franco (2012-2013), Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo (agosto 2018), estos dos últimos del también Partido Colorado.
Abdo es un rico empresario que admira los tiempos de Stroessner, cuyo padre fue secretario privado del dictador.
Corrupción y neoliberalismo han motivado que el 80 % de los suelos estén sembrados de soja y maíz con semillas transgénicas mientras el 71,3 % de las tierras pertenecen a los terratenientes y empresarios adinerados.
La pandemia de coronavirus ha impulsado la pobreza en todo el país que según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), en 2018 durante el gobierno de Cartes se situaba en 29 %. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) la ubican actualmente en cerca del 32 % de la población.
Esas cifran significan que alrededor de 2 100 000 paraguayos de los 6 800 000 habitantes se encuentren en esa categoría. Para las zonas rurales la cifra alcanza al 42 %.
Otro peyorativo dato ofrecido por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), indica que la pobreza extrema se sitúa en 11 %, lo que equivale a 787 000 personas: 564 000 en el área rural y otras 223 000 en áreas urbanas
El pueblo paraguayo se ha cansado de soportar tantos años de enriquecimiento de las clases privilegiadas y ha salido en masa a las calles para reclamar sus plenos derechos pese a sufrir las represiones policiales que son encubiertas por los grandes medios hegemónicos de comunicación.
América Latina en general ha sufrido los fuertes embates de una crisis mundial provocados por la Covid-19 y en Paraguay, como en otros países de la región, lo fundamental ha sido que no hay disposición política para llevar adelante programas sociales que permitan acceder a servicios de educación, salud, saneamiento, vivienda a una gran mayoría del pueblo que no puede satisfacer sus necesidades básicas.