Hace unos días la policía mexicana de Tulum en el Estado de Quintana Roo en México asesinó brutalmente a la señora Victoria Salazar de origen salvadoreño. Al respecto se pronunció el presidente mexicano Manuel López Obrador, el Gobernador de Quintana Roo y las autoridades judiciales.
Para un crimen cometido contra la señora Salazar no hay "pena, dolor y vergüenza" que valgan. Tampoco decir que "se va a castigar a los responsables" o que los cuatro elementos de la policía que cometieron el asesinato "están en proceso de ser enjuiciados". Nada más preciso: "en proceso". Y ahí quedará.
Los integrantes de las fuerzas armadas, policiales y paramilitares de las narco-colonias de América latina u del Caribe (ALC) están por encima de cualquier legislación. Son inimputables. "Excepcionales".
Al gobernador de Quintana Roo hay que recordarle que la retórica de "separarlos de sus cargos" es demagógica. Él sabe que si los toca es el fin de su carrera política. Y esto vale por igual para las autoridades judiciales, fiscales y demás. No sólo ponen en riesgo sus carreras sino su propia vida y la de sus familiares. De modo que aquí no pasa nada.
El Mossad, la CIA, la DEA, el FBI encargados del entrenamiento de estos "elementos" no se rigen por las leyes del país que les paga. La "ayuda" de esos servicios responde al orden militar sionista de la alianza euro-estadounidense-israelí que, en el caso de América latina y del Caribe, lo controla el "Comando Sur" estadounidense. Sus mercenarios obedecen las leyes de su país de origen (Israel, EEUU, Reyno Unido, los Estados de la UE).
En estos países las fuerzas represivas están para matar. Se entrenan y entrenan a otros, para matar. Esa es la impronta con la que vienen a entrenar a los sudacas más ignorantes y torpes. El patrón a seguir para matar no sólo se repite. Se inserta en las patologías propias de los sujetos instintivos.
Para los energúmenos de las fuerzas armadas policiales y paramilitares lo ocurrido con la señora Salazar no es sino la primera temporada de un reality show que acaba de empezar. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, le agrega escarnio al decir que "el hecho lastima a las instituciones y a la sociedad". Nada más falso. El hecho lastima y deja en la orfandad a las dos hijas de la señora Salazar y a su familia.
Todas las supuestas autoridades vinculadas con el asesinato actúan en contubernio. Por su parte, quieren dirigen las ONGs "feministas" ven la oportunidad de nuevos financiamientos para seguir lucrando con la "ingenuidad" de sus integrantes y con nuevos asesinatos. "Ni una más" es una impostura.