Enormes escollos tendrá el flamante presidente peruano Pedro Castillo desde los primeros momentos de su mandato para llevar a cabo su programa de gobierno pues el Parlamento está controlado por una mayoría ultraderechista y neoliberal atada por un cordón umbilical a Washington, que hará todo lo posible por bloquear cualquier iniciativa que beneficie al pueblo.
Ya los primeros ataques se han llevado a cabo contra varias personas nombradas para integrar el Gabinete Ministerial como la de Verónica Mendoza, Roger Najar o Guido Bellido. La oposición, junto con toda la prensa controlada por la derecha arremetió contra ellos.
Pese a toda la virulenta y agresiva campaña desatada por la derecha peruana, que domina empresas, comercios, latifundios, bancos y medios de comunicación, Castillo, candidato de la izquierda, logró alcanzar la presidencia de la nación andina después de 42 días de haberse realizado la segunda vuelta electoral.
Fueron largos y tensos días de espera en los que el pueblo montó una vigilia permanente mientras la candidata ultraderechista Keiko Fujimori, derrotada y pendiente a una condena de 30 años por corrupción, interponía constantes trabas para impugnar la limpieza de los comicios.
Tras la toma de posesión de Castillo el pasado 29 de julio, la derecha se ha lanzado a tratar de debilitar y denostar al gobierno y minar su base social para que a mediano o largo plazo promover la vacancia del mandatario y sacarlo del poder.
También los peruanos de a pie están abrumados y cansados de oír promesas de políticos que le han ofrecido villas y castillas y no las han cumplido como sucedió con el gobierno de Ollanta Humala, por lo que la actual gobernación deberá legislar y avanzar en sus proyectos sociales para no crear apatía en la población que lo apoyó.
El maestro Castillo ha prometido, entre otras cuestiones, luchar contra la pandemia de covid-19, impulsar la educación y la salud pública para todos los ciudadanos, hacer una segunda reforma agraria, disminuir los privilegios de las transnacionales que saquean la mayor parte de las riquezas y llevar a referendo una Nueva Constitución que elimine la Carta Magna neoliberal establecida en 1989 durante la dictadura de Alberto Fujimori
Castillo ha expresado en varias ocasiones la frase de "no más pobres en un país tan rico" que antes de la pandemia había crecido como promedio anual un 5 % pero que esa cifra no representó mejoría alguna para la población pues el 1 % de los ricos concentra el 30 % de los ingresos.
Perú esta ubicado como la quinta economía de América Latina con un PIB de unos 240 000 millones. Exporta cobre, oro, plomo, zinc, estaño, molibdeno, plata, petróleo, gas natural, café, frutas, pescado y derivados, productos químicos, entre otros.
Organismos internacionales señalan que el 66 % de la población rural es pobre y más de un tercio vive en la extrema pobreza, a la par que en los últimos años se amplió la brecha entre ricos y pobres.
De los 32 millones de peruanos, el 60 % se encuentra por debajo de los índices de pobreza que se hace más profundo, entre 74 y 88 %, en las regiones sureñas de Ayacucho, Puno, Apurimac o Huancavelica.
Como los males marchan juntos, un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática indicó que el 58 % de la población económicamente activa está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación, mientras el 68 % carece de servicio de saneamiento. Esa precaria situación se ha incrementado por los desastres provocados por la pandemia.
Recordemos que tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, impulsado por el ex presidente Alejandro Toledo y firmado por su sucesor Alan García en diciembre de 2007 se incrementaron las diferencias sociales en la nación andina al ampliarse las políticas neoliberales y de privatizaciones.
La nueva administración peruana con Castillo a la cabeza, lidiará con enmiendas anti soberanas como el capítulo 10 del TLC que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
Entre éstas se destacan la imposibilidad de promulgar normas de protección del medio ambiente o contra productos nocivos que afecten la salud de los ciudadanos si eso dificultara el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas transnacionales.
El TLC le prohíbe al gobierno peruano acudir a los tribunales nacionales ante cualquier problema surgido con compañías extranjeras.
La derecha peruana está bien asentada en puestos claves de la nación con control absoluto de los medios de comunicación e intentará con falsas noticias y artimañas aislar a Castillo para iniciar un golpe (parlamentario y hasta militar) que lo saque del poder.
Fundamental para el presidente será mantener la unidad con el pueblo que en definitiva es el que podrá evitar cualquier acción desestabilizadora en su contra.