La mayoría de los uruguayos que se dejaron llevar por los cantos de sirena de los partidos de derecha y de los medios hegemónicos de comunicación que llamaban a un cambio de sistema en las elecciones de 2019, hoy están defraudados y arrepentidos de haber votado por el neoliberal Luís Lacalle Pou, del Partido Nacional, y no por el Frente Amplio.
A su toma de posesión, el primero de marzo de 2020, asistieron solo cuatro presidentes derechistas, Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Mario Abdó (Paraguay); el entonces vicepresidente de Ecuador, Otto Ramón; la canciller del régimen golpista de Jeanine Añez, Karen Longrak, el monarca español Felipe VI y como era lógico, el secretario general de la OEA, Luís Almagro.
Después de 15 años de gobiernos progresistas encabezados por el Frente Amplio que se caracterizaron por grandes logros económicos y sociales en salud, educación, derechos sindicales, y una destacada defensa del principio de soberanía, los uruguayos vuelven a caer en las ataduras de un régimen neoliberal que les recuerdan lo sufrido desde 1976 con las dictaduras militares y gobiernos derechistas que se prolongaron hasta 1995.
Lacalle Pou en julio de 2020, logró aprobar, la Ley de Urgente Consideración (LUC) que con 457 artículos tiene los siguientes propósitos: encaminar la privatización de las empresas públicas; criminalizar la protesta social para eliminar las conquistas alcanzadas durante los gobiernos progresistas; mayores facultades a las fuerzas policiales, y mercantilizar la educación que históricamente ha sido laica y gratuita.
Esta acometida neoliberal causó un efecto desastroso entre la mayoría de la población por lo que se han producido manifestaciones y protestas que han llevado a crear una Comisión Pro Referendo. Ya se han conseguido 763 443 firmas que superan las 673 000 exigidas por la Corte Electoral para realizar una consulta que revoque la nefasta ley.
Ese organismo dispone de 150 días para verificar y autentificar las firmas y después convocar a referéndum cuyo objetivo será la derogación de 135 artículos de los 457 de la LUC.
Mediante la Ley de Urgente Consideración, el precio de los combustibles ha aumenta mes por mes. El gobierno aduce una obligación impuesta desde afuera y la solución que plantea es la privatización de la estatal Administración nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), impulsada por el senador del oficialista Partido Nacional, Sebastián Da Silva, muy allegado a los ricos sectores agropecuarios.
Debido a la pandemia de Covid-19, junto a las deficitarias medidas sociales llevadas a cabo por el gobierno, el número de pobres en Uruguay sumó otras 100 000 personas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que este país ocupa el último lugar de la región en transferencias monetarias a la población vulnerable.
Los datos son desconcertantes: en 2019 la pobreza estaba en 8,8 %, la informalidad laboral por debajo del 25 % de la población ocupada y el país tenía la menor desigualdad económica del continente; para 2020 la pobreza aumentó a 11,6 %, o sea, 100 000 personas más a las 300 000 que ya se encontraban en esa situación.
¿Pero quién hubiera podido pensar que en los últimos dos años, en la otrora denominada "Suiza de América" haya aumentado en un 50 % el número de personas que deambulan por las calles sin tener techo donde dormir ni hacer sus necesidades?
Funcionarios del anterior gobierno del Frente Amplio, así como trabajadores y estudiantes que protestan en las ciudades contra las medidas neoliberales implantadas, sostienen que esa situación se puede evitar si el régimen oye las demandas y las advertencias que le formulan.
El informe oficial lo presentó en la última semana de agosto el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema quien detalló que solo en Montevideo 3 907 personas pernoctan en la calle lo que representa un crecimiento del 16 % en relación con 2020 y un 50 % respecto a 2019.
Martín inmediatamente justificó la situación y se mostró eufórico pues "esperaba un crecimiento mayor".
Lo real es que los problemas sociales y económicos que vive Uruguay por los efectos de la pandemia y de la política neoliberal del régimen se agudizan constantemente.
La especialista y politóloga, Micaela Melgar puntualizó que la política del gobierno es existencialista, eliminó los planes a mediano y largo plazo para buscar alternativas sostenibles, y ahora el Mides se convirtió en un lugar donde las personas necesitadas van a buscar alimentación y un espacio donde puedan pernoctar una o dos noches.
La mayor contradicción ocurre cuando se compara el crecimiento económico nacional. En el primer semestre de 2021, las exportaciones uruguayas aumentaron 43 %. En junio, las ventas al exterior de carne bovina, soja, celulosa y madera, incluyendo las zonas francas, alcanzaron 1 071 millones de dólares. En el primer semestre del año, se registraron ventas por 5 054 millones de dólares, 32% más respecto del primer trimestre de 2020.
Como toda sociedad capitalista neoliberal, el corolario es que pese al incremento de la gestión económica, los beneficios van a las clases más adineradas, mientras la gran parte de la población debe soportar los ajustes económicos, la pobreza y el hambre.
Los uruguayos que votaron por Lacalle Pou están comprendiendo la realidad del viejo refrán que reza: Del dicho al hecho hay un gran trecho.