El más alto tribunal americano, La Corte Internacional de los Derechos Humanos, marca un precedente importantísimo al condenar a la República de Colombia por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, en una incansable lucha que le llevo a esta ciudana, veinte años de espera, es busca de justicia que siempre se le negó en su propio país.
El secuestro de esta periodista se llevó a cabo por comandos paramilitares que se han formado en el vecino país, con el financiamiento y protección de los gobiernos oligárquicos de Colombia, que los han utilizado para realizar trabajos sucios, silenciando a las personas que se atreven a criticarlos, ajusticiamiento a líderes sociales y asesinato selectivos contra militante de izquierda que ingenuamente han firmado acuerdos de paz, creyendo que el Estado Colombiano, representado por una casta oligárquica, tendría honor para respetar tales acuerdo.
El texto condenatorio dice.
"El Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de Bedoya", y advirtió sobre "indicios" graves, precisos, concordantes de la participación estatal en las terribles agresiones que sufrió. Dejando, igualmente, la Corte, la averiguación abierta para juzgar a los responsables de su secuestro, tortura y violación.
Bastaría agregar en este caso, que esta periodista a partir de su denuncia en el territorio colombiano, donde nunca fue protegida y atendida, sino, que los agresores contaron la impunidad y la protección de la oligarquía gobernante, está viva de milagro. Hasta su familia y madre fueron objetos de atentado nunca investigados, algo típico de Colombia, donde los testigos claves de casos de violencia y asesinatos que involucran a los funcionarios del gobierno en sus mas actos niveles, hasta llegar a los presidenciales, son desaparecidos sistemáticamente para borrar las huellas de tan graves delitos.
Pero no es solamente el caso de la periodista Jineth Bedoya, sino, de otros casos, donde la impunidad ha reinado y que ahora se destapan con esta sentencia condenatoria. La verdad verdadera, es que los periodistas de Colombia y el Derecho a la Libertad de Expresión, han sido víctimas predilectas de la violencia que allí se vive. Un verdadero cáncer que contabiliza más de 120 periodistas asesinados, para los cuales la justicia de ese país, pareciera que no existen y que revelan la putrefacción de un sistema oligárquico que se mantiene sobre la base de la violencia y el financiamiento del narcotráfico. Esa es la yunta que sostiene a la oligarquía colombiana, La Violencia y la Droga, más el padrinazgo de los Estados Unidos, que los defiende, protege y le lava la cara internacionalmente, por intereses geopolíticos en la región, donde Colombia es utilizada como cabeza de Playa contra los gobiernos progresistas y permita que la soberanía de su suelo sea violentada por la existencia de siete bases norteamericana, que allí se han establecido con Leyes propias, al margen de la legalidad colombiana y para desde allí, agredir o en palabras de Obama: "Torcer el brazo a los países que no se amolden a sus intereses". Sirva esta sentencia, para que igualmente se continúen las investigaciones por la eliminación sistemática de líderes social, que ya se contabilizan en centenas, sólo este año a la fecha, hay 78 asesinados en todo el territorio, mientras que las investigaciones en Colombia están en Cero y los detenidos por esos hechos tan graves, brillan por su ausencia.
El asesinato contra los líderes sociales abarca a luchadores ambientalistas, líderes campesinos, grupos indígenas, líderes comunales y a todo aquel que signifique crítica contra el sistema de violencia instalado en Colombia. Un verdadero estado de terror, que produce una migración interna de las mayores del mundo y una emigración hacia el exterior de millones de colombianos esparcido por todo el Orbe, hasta el punto que resulta difícil llegar a cualquier país, donde no encontremos centenares de sus nacionales , huyendo de esta espantosa violencia que azota como un tsunami a su país.
Esta violencia, que ya es inocultable, por la diplomacia de Colombia y la alcahuetería de su mentor, los Estados Unidos, ya afecta directamente a sus vecinos fronterizos, por lo que la República de Colombia constituye hoy una amenaza regional que obliga a la toma de medidas para evitar un propósito que tiene desde hace muchos años en miente la oligarquía gobernante, globalizar, extender su violencia a los estados que la circundan, porque ya a lo interno, no han tenido la voluntad o les ha servido como negocio y por ello impiden un clamor que sale de los más hondo del pueblo colombiano y de sus vecinos: LA PAZ.