La crisis del régimen del 78 es como el elefante en la habitación: nadie lo nombra, pero todo el mundo lo ve. No hay acto del gobierno de coalición progresista, de su representación parlamentaria o de cualquier institución del Estado que no se halle profundamente marcado por ese hecho, que afecta al desarrollo de cualquier batalla entre las clases en el reino.
El acuerdo PSOE-PP que ha permitido la renovación de parte del poder judicial (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos) representa una prueba de ello. El PP ha logrado renovar lo que quería, cómo quería y con quién quería. El problema de fondo, desde la moción de censura que tumbó a Rajoy, continúa, a pesar del acuerdo, sin resolverse. Los de Casado y la jerarquía judicial han mantenido con éxito su veto a que la mayoría expresada por el voto popular y reflejada en la actual composición de las cámaras se imponga en los órganos judiciales. Solo cuando han conseguido garantizar ese principio antidemocrático, se han avenido al pacto. Allí donde está sin asegurar, como el Consejo General del Poder Judicial, no hay renovación.
La retirada del acta al diputado de Podemos Alberto Rodríguez constituye un hecho gravísimo (que ya está bajo demanda judicial) y otra prueba de lo anterior. Las presiones del jefe de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, han pesado más para Maritxell Batet, presidenta de la Cámara, que la opinión de los letrados de las Cortes o la voluntad de los miles de votos que respaldaban el acta de Rodríguez.
La pugna por la derogación de la reforma laboral del PP entre patronal, sindicatos, Unidas Podemos y el PSOE sigue la misma estela. Casado amenaza con buscar aliados en Bruselas para tumbar toda modificación que modere la altísima precariedad, permita subir los bajos salarios y acabe con la preponderancia de los convenios de empresa. Nadia Calviño se apunta, con la bendición de Sánchez, también a rebajar los cambios en la reforma que impuso Rajoy. CCOO y UGT señalan que empezaran a enseñar los dientes en la calle. Unidas Podemos se queja y todo también aquí, chirría.
En las calles vascas una masiva manifestación recordó, 10 años después del fin de ETA, que los presos continúan en las cárceles y bajo medidas de excepción que vulneran sus derechos y la propia ley. En las puertas de Aiete, EH Bildu volvió a hablar de construir un futuro que, para alejarse del dolor, debe estar lleno de democracia.
La España vaciada retornó a Madrid y sus habitantes, por miles, reclamaron que quieren vivir donde nacieron, pero con derechos que incluyen el tren como medio de transporte. Por su parte, el Mar Menor ganó una batalla. La ILP que reclama dar derechos jurídicos a la albufera para defenderse del modelo agrario depredador que la mata alcanzó sobradamente las 500 mil firmas necesarias para entrar en el Congreso.
Sánchez afronta todos estos seísmos aferrado al marco legal e institucional del 78. Un marco que no reduce la pobreza, pero aumenta el poder y el peso de jueces, policías y mil millonarios. Un marco que, para sostenerse, debe ceder cada vez más un PP que solo busca imponer, junto a Vox, su plan de guerra contra los trabajadores y los pueblos.
Lo que permitirá mejorar la situación pasa precisamente por nombrar al elefante y reconocer su existencia como el gran obstáculo.
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