La debilidad del Estado en una sociedad subdesarrollada como México se evidencia en su incapacidad para implantar la cultura de la paz y para someter al imperio de la ley a los múltiples poderes fácticos que se atreven a escalar la violencia criminal en el territorio. Postrado para garantizar la integridad física del ciudadano, el Estado se extravía en el mar de la inseguridad pública –que afecta al ciudadano de a pie– y en la militarización que justo evidencia esa incapacidad para implantar la ley y la institucionalidad.
Este escenario capitaliza la "normalización" de la violencia que tiende a arraigarse entre la población. Una especie de resignación, de costumbre y de pérdida de asombro respecto a la muerte, los homicidios dolosos, las masacres, las desapariciones forzadas, el secuestro y otros crímenes, y –por tanto– una pérdida de la esperanza para salir de ese largo túnel de la vorágine criminal. Es un macro-negocio que lo mismo beneficia a empresas productoras de armamento proveniente de los Estados Unidos, a los mercados bancario/financieros que blanquean recursos de procedencia ilícita y que inyecta liquidez al conjunto del proceso económico, y a agentes del Estado coludidos o que dirigen a estas empresas criminales. Esa generalizada violencia criminal, además de ser parte de los procesos de acumulación de capital (https://bit.ly/3yoY8Gl), es también un dispositivo de control sociopolítico que inmoviliza a la población y la mantiene con el miedo a flor de piel. Es, además, un fenómeno mediático a medida que los mass media contribuyen a construir significaciones y narrativas a través de la magnificación de la violencia. Es pues un catalizador de las estructuras de poder, riqueza y dominación que cercena el tejido social y el mismo sentido de comunidad; al tiempo que altera drásticamente las pautas simbólico/culturales.
Ante este escenario, ¿es incapaz la estructura civil del Estado de contener las espirales de violencia que aún hoy día campean en México? En aras de combatir la corrupción, la transferencia de múltiples funciones del sector público a manos de los militares no solo se gesta en términos del combate al crimen o la procuración de la seguridad pública, sino que se extiende a rubros como la construcción y gestión de infraestructura básica como los aeropuertos; los controles migratorios en la frontera sur; las aduanas; la misma política social y el resguardo y distribución de libros de texto; e incluso el mismo enfrentamiento de la pandemia del Covid-19 y la provisión de las vacunas; y el resguardo, transportación, distribución y asignación de bienes y servicios, evidencian que la esfera de lo civil es militarizada y que la vuelta de los militares a los cuarteles se torna lejana.
Bajo la noción de que los militares y marinos no son presas de la corrupción y que su logística es más eficaz que la propia de los civiles, es que ocurre esta traslación de funciones. Si bien la organización civil del Estado fue esclerotizada por la corrupción y la ineficacia a lo largo de décadas, lo que se esperaría sería su reconfiguración y fortalecimiento a través de nuevas pautas logísticas, administrativas y controles de confianza. Sin embargo, es un ejercicio de largo aliento y no materializable en el corto plazo que brilla por su ausencia. La carencia de policía en múltiples municipios mexicanos es un botón de muestra de esta tendencia.
Ante ello, cabe preguntar lo siguiente: ¿Qué ocurrirá cuando no existan más recursos y funciones para transferir a las organizaciones militares? ¿Cómo será desmontado ese desbordado poder militar que logre acumularse con estas múltiples funciones que, por su propia naturaleza, no son de su competencia? ¿Podrá, en el mediano plazo, imponer sus designios y concepciones a la esfera civil este poder militar acrecentado?
En la estrategia de militarización (https://bit.ly/2OU4BXF) de la seguridad pública se pierde de vista que el ejército y la marina pueden ser –lo son en varios territorios– presa de espirales de corrupción tras ejercer el control sobre territorios y en su interacción con las empresas criminales. Diseminados por todo el país estos cuerpos de seguridad, ¿Cómo son controlados desde la esfera civil del Estado?
Además, con alrededor de una decena de empresas criminales y de 400 células armadas en el país, se presenta una fragmentación y dispersión de la criminalidad y la violencia. Esas organizaciones son parte de redes transnacionalizadas de macro-criminalidad dotadas de estructuras bancario/empresariales, estructuras político/judiciales y estructuras propiamente delincuenciales que extienden su influencia más allá de las fronteras nacionales y que escapan al mismo control del Estado al formar parte de procesos globales de acumulación de capital. De ahí que sea precisa la construcción de mecanismos de cooperación internacional dotados de sanciones, especialmente dirigidos a los paraísos fiscales y a los mercados financieros desregulados. Si no se desactiva el andamiaje financiero de esas empresas criminales, ninguna otra acción del Estado –incluida la militarización– será eficaz.
Que el gobierno mexicano, ante la oleada de violencia criminal en la Riviera Maya exacerbada en los últimos meses, comunique la creación del llamado "Batallón de Seguridad Turística" con 1 445 agentes de la Guardia Nacional para atender municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Tulúm, evidencia no solo que incluso aquellos territorios beneficiados por el turismo nacional e internacional de élite no se encuentran exentos de las oleadas de inseguridad pública, sino que existe una pérdida de confianza y credibilidad para que las agrupaciones policiales locales desempeñen sus funciones esenciales.
Ante los vacíos de poder derivados de la continuada postración del Estado y la captura de amplias porciones del mismo desde afuera y desde adentro, se precisan decisiones y acciones dotadas de miradas de largo plazo que comiencen con la regeneración del sentido de comunidad y del mismo tejido social. Una alternativa que evada la resignación lo sería el conducir a los niños y jóvenes por el sendero de la sensibilidad artística, pues a través de nichos de arte, aprendizaje y recreación es posible definir espacios públicos que se le arrebaten a la criminalidad. Lo contrario sería continuar atizando las espirales de violencia que son parte de las disputas entre facciones de las élites políticas y empresariales.