Las fuerzas conservadoras de siempre siguen fuertes en Chile y los partidarios de Boric están impacientes por el cambio. ¿Podrá cumplir su promesa?
Cuando Gabriel Boric, con apenas treinta y seis años a cuestas, juró el viernes 11 de marzo como el presidente más joven de la historia de Chile, se vio de inmediato frente al desafío de remediar en los próximos cuatro años el problema más vetusto y antiguo que arrastra esta nación andina desde antes de su independencia en 1810.
En efecto, ya en 1796, José Cos de Iriberri, comerciante chileno, elogió «la opulencia y riqueza» de la tierra, pasando a lamentarse: «Quién pensaría que en medio de tal abundancia habría una población escasa gimiendo bajo el pesado yugo de la pobreza, la miseria y el vicio». Por supuesto, el fantasma de Iriberri (que habitaba una provincia española de menos de un millón de almas), no reconocería el Chile contemporáneo, una nación de 20 millones de personas, gimiendo bajo el yugo de problemas típicos, más bien, del siglo 21. Y, sin embargo, Iriberri advertiría también que la desigualdad, la injusticia y la corrupción continúan perturbando persistentemente a su tierra natal, aunque, de resucitar, quizás abrigara de pronto la esperanza de que esta situación desastrosa pudiera estar llegando a su fin.
Boric fue elegido porque encarnaba un vasto movimiento de ciudadanos que colmaron las calles en octubre del 2019 exigiendo un nuevo sistema político, un conjunto diferente de prioridades económicas y, sobre todo, dignidad para los desfavorecidos, una serie de medidas drásticas que, de ser llevadas a cabo, podrían dentro de poco invalidar un juicio tan melancólico como el de Iriberri.
El éxito de la tajante agenda de Boric dependerá de varios factores. Ante todo, en un país atormentado por la pandemia y el malestar social, tendrá que aumentar los impuestos a los súper ricos y a las grandes corporaciones, especialmente en el sector minero, para financiar reformas indispensables en salud, educación, planes de pensiones, un salario mínimo más alto, políticas ecológicas agresivas, así como el empoderamiento de las mujeres y la gobernanza regional.
Para obtener estos ingresos la administración de Boric tiene que negociar con un Congreso donde su coalición está en franca minoría. Moderar algunos de los objetivos más ambiciosos podría conducir a algunos acomodos, pero también es probable que decepcione y movilice a muchos de sus agitados seguidores que votaron por un líder que prometió enterrar el neoliberalismo y sus descontentos. De todas maneras, cualquier acuerdo que se alcance obligará a muchos meses de legislación, compromisos y presión desde la calle.
Una segunda serie de circunstancias precisa atención inmediata. Una crisis migratoria en el extremo norte del país, invadido por trabajadores indocumentados de toda América Latina, ha sembrado un tóxico sentimiento anti migrante que incitó a camioneros a que bloquearan rutas vitales, una acción que, de repetirse, podría paralizar áreas significativas de la economía. La propia postura de Boric de dar la bienvenida a sus hermanos y hermanas latinoamericanos se verá, entonces, puesto pronto a prueba.
En el sur del país, las justas exigencias reivindicativas de pueblos originarios largamente despreciados y expoliados han abierto un terreno fértil para una creciente violencia. El nuevo Presidente está decidido a rechazar la militarización que instaló su predecesor, el inepto derechista Sebastián Piňera, y estrenar un diálogo sereno con todas las partes, pero los acontecimientos sobre el terreno pueden constreñir su margen de maniobra.
¿Y cómo reformar a fondo una fuerza policial recalcitrante que ha brutalizado sistemáticamente a jóvenes y pobres y rebeldes, justo en una coyuntura en que se acrecienta la delincuencia y el narcotráfico?